Foto: Carlos Alonzo

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el caso se deriva del mecanismo que autorizó el presidente para pagar a constructoras, el cual consideran que es ilegal, por lo que el mandatario pudo incurrir en varios delitos. 

Además, se tomó como indicio el audio filtrado en redes sociales sobre una conversación entre el presidente y la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, donde se habla del mecanismo para realizar los pagos a constructoras. La FECI reconoció que la testigo en este caso es la exministra.

En este caso, la FECI aseguró que realizó un pago por más de Q67 millones a una empresa relacionada al embajador de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gabriel Orellana.

Además, aseguraron que dentro de los pagos que se hicieron figuran constructoras que tienen relación con la estructura de defraudación tributaria B410, denunciada hace aproximadamente una semana por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En tanto, el Gobierno de Guatemala aseguró que “los señalamientos de la fiscalía de Rafael Curruchiche no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo”. 

Se ampliará.