El anuncio ocurre tras casi cuatro años de retrasos en la ejecución de los compromisos adquiridos en 2020 mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El préstamo, aprobado por el Congreso bajo el Decreto 14-2020, ascendía a US$60 millones (Q462.7 millones) y tiene como objetivos principales la reorganización interna del MP, la adopción de un modelo integrado de trabajo y la mejora de la atención ciudadana. Uno de los proyectos centrales contemplados desde el inicio fue precisamente la construcción de la Torre III.

Sin embargo, según una investigación de eP Investiga, a cinco años de su aprobación, el MP ha ejecutado solo el 21.99 por ciento del monto total. Mientras tanto, el Estado ya ha pagado más de Q15.7 millones en intereses, sin que se hubieran alcanzado hasta ahora los objetivos estructurales del préstamo. 

Parte de los recursos fueron utilizados en la compra de software, equipo audiovisual, teleprompters y sistemas de sonido inalámbrico, pero sin avances sustantivos en infraestructura ni eficiencia operativa.

Durante su discurso, la fiscal general aseguró que la nueva torre fue diseñada “de manera detallada y consciente” para responder a las necesidades institucionales. “Incluye oficinas especiales para atención a la víctima, mobiliario óptimo y condiciones que permitirán dotar a la institución de herramientas de última tecnología”. Destacó además que el edificio será sostenible, con ahorros estimados del 24 por ciento en energía, 57 por cierto en agua y 26 por ciento en materiales.

La obra fue adjudicada en abril de este año a la empresa Constructora R y P Limitada/Apca Rezgua por Q303.6 millones. Según reveló Prensa Comunitaria, esta empresa forma parte del consorcio EMPO Constructores, S.A. de C.V. México, señalado en ese país por posibles actos de corrupción, incluyendo sobrecostos en la remodelación del Congreso de Puebla y la adjudicación de obras fantasma en Quintana Roo. 

En Guatemala, R y P Limitada también fue contratada en 2023 para construir el hospital de Sololá, proyecto financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Porras no se refirió a esos antecedentes durante el evento. En cambio, destacó el simbolismo del proyecto y su impacto organizacional. “Esta obra representa un legado institucional. No solo responde a una necesidad estructural, sino que simboliza la fortaleza y la firmeza con la que trabajamos día a día para una justicia accesible, eficiente y digna”, dijo.

También aprovechó su intervención para lanzar mensajes contra las críticas a su administración. “Sé que hay personas que quisieran que ese trabajo no continuara. Que no se investigara, que no se conozca la verdad. Por eso han inventado rumores sobre todos los aspectos, inclusive sobre mi salud”, dijo. Y añadió: “Estoy viva y con una extraordinaria salud, con fuerza, energía y determinación… con la convicción de luchar por Guatemala y por la justicia”.

El evento contó con la participación de varias autoridades nacionales e internacionales. Entre ellas destacó el contralor general de Cuentas, Frank Helmut Bode Fuentes. “Como Contraloría General de Cuentas no salimos a primeras piedras. ¿Por qué? Porque no es nuestra función. Sin embargo, sabemos que la señora fiscal es una persona muy correcta”, dijo Bode Fuentes, justificando su presencia en la actividad. 

Bode también afirmó que el proceso cuenta con supervisión externa. “La adjudicación y cada uno de los pagos tiene la debida aprobación del BID por medio de la no objeción. Eso significa que desde el inicio hay un organismo internacional viendo esta participación”. En su intervención, recalcó que el proyecto debía verse como una oportunidad y añadió: “Lo único que sí le suplicamos al contratista es que ponga materiales de calidad, que haga su trabajo en el tiempo que él propuso… porque si hace esta obra bien, significa que es un buen referente para el país”.

También participó el representante del BID, César Rivera, así como Eduardo Mejía Calito, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP, quien aseguró que Torre III constituye otro de los “sitios históricos que forman parte del legado de la doctora Porras Argueta”. 

Por parte de la empresa constructora participó Alejandro Borgoño Porca, director del proyecto por parte de Rezgua. “Desde hoy, todas las etapas del proyecto, desde la ingeniería y la construcción hasta la operación futura, contarán con un enfoque de seguridad, responsabilidad social, gestión ambiental y cumplimiento estricto de los estándares técnicos”, dijo. 

También estuvieron presentes otros funcionarios del MP, entre ellos: Eric Eduardo Schaefer Carrera, secretario general en funciones; Jonás Rodolfo Hernández Pérez, jefe administrativo; fiscales regionales, jefes y jefas de sección; así como representantes de firmas técnicas y de la empresa constructora. El evento cerró con un video institucional y el mensaje de que esta torre será parte del legado de “una justicia más ágil, humana y eficiente”.

Al evento no fueron convocados los medios de comunicación y tampoco autoridades del gabinete de Bernardo Arévalo.