¿Cómo vio la finalización de la fase de análisis de expedientes de las comisiones de postulación?

Bastante complicado, siento que todo empeoró. Hubo pérdida de tiempo que generó mucha duda, tomando en consideración que por eso se acortaron los tiempos por la discusión de sede, entonces, no se escuchó a los candidatos, se limitó  a la sociedad civil y a los guatemaltecos y guatemaltecas por las tachas que les pudieron presentar. 

¿Cómo ve los listados de los candidatos que resultaron elegidos?

Tomando en consideración que si bien no van muchas personas con señalamientos de la sociedad civil, tampoco van personas que hayan hecho méritos profesionales. Especialmente hay mucha gente de la Universidad de San Carlos que es la que dominó el tema de las comisiones de Salas de Apelaciones, e incluso van algunos catedráticos como magistrados de la Corte (Suprema de Justicia).

Según su percepción, ¿hubo algún tipo de componenda?

Me llama la atención el tema de las Salas, cuando se mencionaban los nombres de los postulados, los postuladores decían que no votarían porque tenían uno mejor. Eso daba a entender que podían tener una lista de las personas que iban a llegar. En todo caso, si no estaban de acuerdo con la persona, debieron explicar de una forma bastante resumida por qué razón no iban votar por ella, pero no porque ‘había otro mejor’.  Da la impresión de que estaban manejando listas, y eso fue muy delicado.

¿Cómo analiza en general el proceso de postulación?

Lamentablemente tenemos muy mala experiencia con el tema de las comisiones de postulación. No creo que este proceso haya sido la excepción, tomando en cuenta los intereses que se están manejando.

En anteriores procesos, los grupos oscuros actuaban con cierto sigilo, pero ahora se ve el descaro con que actúan para tratar de manipular este proceso. ¿Cómo lo percibe?

Sí, definitivamente cada vez, conforme va transcurriendo el tiempo, estos grupos se vuelven más perversos, pero aparte de perversos, ahora es inconcebible que ya no tienen ningún miramiento, sino que es un descaro evidente de los propósitos que ellos tienen.

¿Fue suficiente la veeduría de la OEA y otras entidades en el proceso?

Yo siento que no. Considero que hicieron lo que está al alcance, pero también uno entiende que ellos no pueden interferir más allá de sus atribuciones. Ahora lo que nos corresponde a  los guatemaltecos es incidir en cuestiones como la que precisamente están haciendo ustedes, tratar de sensibilizar el tema de comisiones para generar de esa forma que la mayoría de personas se involucren y se interesen en el tema elección de magistrados.

¿Cree que es idóneo que las facultades de derecho se involucren en este proceso?

Veo que uno de los grandes problemas es que los que escogen a los candidatos son los decanos de las facultades. Hay universidades que fueron creadas específicamente por esa cuota de poder. Hablamos, por ejemplo, de 12 decanos, de 12 representantes del Colegio de Abogados, y de 12 salas de apelaciones, prácticamente son 36 personas. Adicionalmente, los decanos eligen a los que presiden las comisiones, entonces serían 37.

¿Ve complejo el tema de los comisionados?

Cada vez que aumenta el tema de los comisionados, se hace más complejo, porque eso les permite a los grupos de poder, específicamente al sector económico, a las estructuras militares y al crimen organizado meterse en ese tema. Se trata de grupos que tienen las condiciones económicas y la logística necesarias para generar esa influencia en los cuerpos electorales para que lleguen sus candidatos.

Se agrega la influencia que ejerce la Corte de Constitucionalidad…

Fíjese que en el procedimiento anterior para Fiscal General, la Corte de Constitucionalidad, por medio de un amparo provisional, nos limitó el derecho a los jueces a presentar papelería para aspirar a ese cargo. A algunos que ya habíamos presentado documentación, nos la regresaron porque la Corte nos limitó ese famoso derecho a los jueces de poder postularnos para Fiscal General. Entonces desde ahí son evidentes los intereses que se manejaron en ese momento para que cierta persona llegara al cargo de fiscal, ya que se me limitó el derecho como juez a presentar papelería, mientras que en el anterior procedimiento fui una de las personas que llegó a finalista para fiscal general. Entonces eso le da la pauta a usted de entender hasta dónde se maneja el tema de las Comisiones de Postulación.

No es nueva la manipulación que se realiza para nombrar a los candidatos en materia de justicia…

Le reitero, cada vez se está haciendo más evidente el descaro de todo este procedimiento por los intereses que se manejan detrás de las comisiones de postulación. Recordemos que en algunos procesos, incluso una persona que ocupó un alto cargo en el Ejecutivo confesó en una oportunidad que alrededor de una cama de un hotel se había discutido quiénes iban a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Recuérdese que en 2014, en un proceso que no tiene nada que ver con comisiones de postulación, llamaron a la vicepresidenta en horas de la mañana para preguntarle quiénes iban a ser los magistrados de la Corte. Ella les dio los siete nombres de las personas que serían los magistrados.

Muchas de estas personas que manejaron los hilos de las comisiones de postulación son los mismos que salían precisamente en los procesos sobreseídos y en las escuchas con relación al tema de las comisiones de postulación.

 ¿Usted podría dar nombre y apellido de los principales responsables de mover los hilos en este proceso?

Lo único que sí le digo es que es evidente, se trata de varias personas que son conocidas en forma pública. El caso, por ejemplo, de Villatoro, a quien se le denomina el Rey del Tenis. El problema es que lamentablemente los guatemaltecos como que nos olvidamos muy rápido, pero con anterioridad han salido los nombres de forma documentada. Los medios han publicado la forma de cómo operan las comisiones de postulación. Se hacía referencia al Gato Herrera, al señor Villatoro, a Estuardo Gálvez y ahora Nester (Vásquez). Se trata del mismo grupo, pero ellos tienen más arriba personas que los están controlando.

Impartición de justicia

¿Qué es lo peor que está pasando con la impartición de justicia en el país?

Se está reflejando una realidad que estamos viviendo en Guatemala, no sólo el atraso, sino que lo peor, lo más delicado, es precisamente la instrumentalización del derecho penal, cómo están manejando lo que es la administración de justicia, para criminalizar a un montón de gente, especialmente a operadores de justicia, personas de derechos humanos, abogados de derechos humanos y periodistas.

En la mayoría de casos se ha decretado la reserva de los procesos. ¿Cree que esto es legal?

Muchos casos han llegado hasta la Corte de Constitucionalidad para que revisen las decisiones de los jueces de primera instancia que les limitan el derecho de conocer su proceso. Imagínense, prácticamente se está rompiendo uno de los principios fundamentales, que prácticamente es el propósito del derecho penal y del derecho de defensa. Si se viola o se limita el derecho de defensa, es como que cayeran todos los demás principios.

¿Por qué cree que el MP ha instaurado la práctica de iniciar varios procesos contra personas determinadas?

Les inician un proceso, después les inician otro, y de repente hay muchos casos por los mismos hechos, tales como los procesos de Virginia Laparra, Jose Rubén Zamora o Estuardo Campo. Es más, en el caso de Estuardo Campo, en un proceso anterior que se dictó resolución, el mismo juez estableció que el Ministerio Público estaba implantando prueba y dejó abierto el procedimiento en contra de los propios fiscales. Aun así, le inician otro proceso y lo tienen detenido actualmente. Lo perverso que para ellos ha sido manejar el tema de la administración de justicia.

Desde que sale la CICIG, los hechos demuestran que existe un poder que trata de que no se vuelva a articular un sistema de justicia…

Todo tiene sentido. En Guatemala no hay nada aislado, todo tiene un contexto. Lo que hay que hacer es entender ese famoso contexto, que si lo logramos entender, va a ser la única forma como podamos entender que es lo que está pasando actualmente en Guatemala.

Varios jueces resolvimos procesos de justicia transicional, crimen organizado y redes ilícitas. Cuando hago referencia a redes ilícitas, me refiero a lo que es la corrupción, corrupción relacionada con el funcionario público, con el poder económico y con las estructuras militares. Entonces ese es precisamente uno de los temas por los que en 2019 sacaron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyo objeto de creación fue erradicar las estructuras paralelas.

¿Eliminaron la CICIG a conveniencia?

Cuando las investigaciones empezaron a llegar un poco más arriba, expulsaron a la CICIG, incumpliendo los compromisos internacionales, porque unilateralmente revocaron el acuerdo de la CICIG, sin respetar el convenio. Si queremos llegar un poco más allá, desmantelaron por completo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que era la que investigaba los procesos que conocía la CICIG. El representante era Juan Francisco Sandoval, quien había obtenido un excelente resultado en la ciudad capital, mientras que la labor se replicó en Quetzaltenango, donde se luchaba precisamente contra estructuras criminales.

Después se fueron en contra de jueces como Erika Aifán, Carlos Ruano y su servidor. Nuestro castigo fue por haber tocado a la gente intocable. Y fíjese que es un castigo más allá, porque le están queriendo enseñar a las nuevas generaciones y a ese montón de jueces impresentables que han metido, que eso, lo que hicimos nosotros, nunca lo pueden repetir las futuras generaciones.

¿Castigo?

Anulan la resolución de Salán Sánchez y ahorita está paralizada. ¿Cómo se interpreta eso? El problema es que Salán prácticamente es una pieza de un montón de piezas que están manejando el proceso de justicia. Recuérdese que Salán Sánchez, por ejemplo, es parte del Diario Militar. Y en el diario Militar no solo está Salán Sánchez, hay mucha gente, 12, 14 personas relacionadas al proceso. Existe un proceso de genocidio, donde una de las principales piezas es Benedicto Lucas, hermano de Fernando Romero Lucas, a quien le dio golpe de Estado Efraín Ríos Montt. Ahí está el sentido. Por eso le digo, si entendemos todo esto, entenderemos todo lo que está pasando en Guatemala.

Y eso es parte del tema de Comisiones de Postulación. El costo de impartir justicia en el país ha salido caro para algunas personas, como a usted, que ya son muchos años de haberse separado de su familia y perdió su trabajo, entre otros.

¿Qué pasó después de que dejó la judicatura? 

Siempre he sido muy temeroso de Dios y pienso que las cosas tampoco pasan sin un propósito. Considero que con casi 25 años de trabajar en el Organismo Judicial, ya era tiempo de salir.  Eso me ha permitido descansar, me ha permitido no solo respirar, sino que entender un poco más el contexto de Guatemala. Estudiar, conocer no solo personas, sino que otros países, y hay todavía muchas ideas que tenemos que llevar a la práctica. Espero regresar a Guatemala en condiciones completamente diferentes.

¿Algún mensaje para los guatemaltecos que siguen luchando en el país para que esta realidad cambie?

Sí, específicamente en el proceso de postulación. Que la misma población guatemalteca, que los mismos grupos de sociedad civil se compenetren en el tema y traten de sensibilizar, acomodar el lugar para buscar la forma de elegir a la gente, no solo transparente. sino gente proba, cuya función elemental sea consolidar un Estado de Derecho. Porque ese sería el interés, al menos indistintamente que ya no puede ser para uno. Pero recordemos que hay juventudes que vienen adelante, quienes esperamos que crezcan en un ambiente donde haya democracia.