La denuncia incluye pruebas y referencias legales que exponen nueve hechos concretos. Según Zamora, estos hechos concretos que, según Zamora, configuran una campaña de intimidación, presión indebida y desnaturalización del proceso judicial en su contra.

1. Recusación contra el juez basada en una columna escrita por el mismo abogado

El 16 de octubre de 2024, el abogado Raúl Falla Ovalle publicó una columna en el periódico digital El Siglo donde calificó al juez Erick Daniel García Alvarado como “un juez de la impunidad”. Al día siguiente, presentó una recusación utilizando esa misma columna como evidencia de enemistad. Fue la tercera vez que la FCT intentó apartar al juez del caso, en un patrón que Zamora considera como uso malicioso de los recursos procesales.

2. Ausencia a la revisión de medidas

El 18 de octubre de 2024, se realizó una audiencia clave para revisar las medidas de coerción contra Zamora. Aunque la FCT fue notificada legalmente, ni Falla ni su representado llegaron. La diligencia fue suspendida temporalmente. Se reanudó en la tarde, pero se declaró desierta la recusación por falta de interés de los querellantes. A pesar de no asistir, la FCT continuó opinando públicamente sobre el proceso, lo que el periodista interpreta como una táctica de presión.

3. Publicaciones amenazantes en redes sociales

Ese mismo 18 de octubre, desde la cuenta @RaulFalla31, el abogado publicó que si José Rubén Zamora se fugaba, sería responsabilidad del juez Erick García. La publicación cuestionaba si “valía la pena sacrificar tanto por un delincuente” y cerraba con la frase: “¿Preso o prófugo?” Zamora sostiene que este tipo de mensajes busca condicionar la actuación del juez.

4. Segunda amenaza en una siguiente audiencia

El 15 de noviembre de 2024, mientras se realizaba una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares, la FCT nuevamente no asistió, pero desde la cuenta de X del abogado Falla se publicó otro mensaje que advertía que si Zamora se fugaba, los jueces que le concedieran la libertad serían encarcelados. Incluso se aseguraba que la Fundación “se haría cargo” de ellos.

5. Advertencia directa previa a una audiencia 

Previo a una diligencia judicial del 6 de marzo de 2025, donde se debía revocar la libertad condicional de Zamora conforme ordenó la Sala de Apelaciones, Falla publicó otro mensaje señalando que el juez García “próximamente sería un recluso más”. Aseguró que “ya no existe un Departamento de Estado o un pasado negro que lo exilie”. Esta amenaza, según la querella, busca intimidar al juzgador.

6. Amenazas tras resolución judicial

El 17 de marzo de 2025, luego de que el juez García revocara las medidas sustitutivas de Zamora y ordenara su retorno a prisión preventiva, continuaron las amenazas públicas. En un nuevo mensaje en redes sociales, Falla lo llamó “cobarde” y anunció que la FCT promovió cuatro denuncias en su contra. Afirmó que sería despojado de su inmunidad. La frase “¿Preso o prófugo?” se repitió, como una constante forma de presión.

7. Méndez Ruiz asegura que no acatarán las órdenes del juez

En paralelo, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, publicó en su cuenta “@RMendezRuiz” que su organización no acataría ninguna audiencia convocada por el juez García, argumentando que actuaba ilegalmente. También anunció que solicitarían su remoción del derecho de antejuicio. Para Zamora, esta actitud no solo desacata el orden jurídico, sino que alienta una narrativa de desobediencia institucional.

8. Desnaturalización del rol del querellante adhesivo

La querella también denuncia que la FCT, en calidad de querellante adhesivo en el proceso penal contra Zamora, ha sobrepasado su papel legal. Lejos de colaborar con el Ministerio Público, la Fundación ha tomado un rol de confrontación directa con el juez, con aparente subordinación del propio MP, lo cual distorsiona las garantías del debido proceso.

9. Inserción en un patrón más amplio de criminalización

Finalmente, Zamora contextualiza estos hechos en un patrón más amplio de criminalización contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, cita informes recientes donde se documenta el uso del sistema penal como mecanismo de persecución, incluyendo prisión preventiva “abusiva”, múltiples denuncias infundadas y presión mediática.

Tanto Méndez Ruiz como Falla Ovalle figuran en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE.UU., señalados por obstrucción de procesos judiciales y hostigamiento contra operadores de justicia. El 26 de junio de 2025, Suiza también impuso sanciones contra ambos, prohibiéndoles el ingreso a su territorio y congelando activos bajo el argumento de que han socavado el Estado de derecho en Guatemala.

Zamora solicita que se admita la denuncia, se inicie investigación penal contra los dos denunciados por el delito de obstrucción a la justicia y que se practiquen diligencias que incluyen peritajes de publicaciones, análisis de contexto y revisión de audiencias judiciales. Pide también que, si se acredita su participación, se ordene la captura de los denunciados y su enjuiciamiento conforme a derecho.