En un comunicado, la institución señaló su desacuerdo con la calificación jurídica que el juez otorgó a los hechos atribuidos al médico Kevin Malouf, a quien se le vincula con la muerte de Roque. Laynez resolvió que el caso debía tratarse como homicidio culposo, lo que abre la posibilidad de que el procesado acceda a un procedimiento de aceptación de cargos, una figura que podría traducirse en una reducción significativa de pena.

El Instituto recordó que esta resolución contraviene lo ordenado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, la cual previamente había otorgado un amparo a favor de los querellantes adhesivos, representados por el Instituto y el Ministerio Público. En esta instruyó al juez a emitir una nueva resolución fundamentada en la ley y en las pruebas del expediente.

“La resolución no solo desatiende lo dispuesto por la Sala, sino que también muestra una incoherencia con los elementos probatorios recabados durante la investigación”, indicó la entidad, que también denunció una serie de decisiones judiciales que considera inconsistentes, así como privilegios procesales otorgados al acusado.

El Instituto calificó como preocupante el debilitamiento de la confianza pública en el sistema de justicia, especialmente al tratarse de un caso que ha estado marcado por intentos fallidos de aceptación de cargos y beneficios procesales previos a favor del acusado.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de seguir impulsando las acciones legales correspondientes: “Nuestro deber es exigir justicia y proteger los derechos de las víctimas del delito”, concluye el comunicado.

El pasado viernes, el juez Laynez se excusó de seguir conociendo el caso por la muerte de Floridalma Roque, esto debido a que los sujetos procesales han manifestado dudas sobre su imparcialidad. Ahora, una Sala deberá definir quién será el encargado de seguir conociendo el proceso.