El informe indica que el 1 por ciento más rico de la población concentra el 28.7 por ciento de la riqueza total, mientras que el 50 por ciento más pobre accede solo al 4.1 por ciento. En 2020, las 17 personas más ricas de la región acumulaban US$21 mil millones, una cifra similar a la inversión combinada de todos los gobiernos en educación, salud pública y protección social. 

Según Oxfam, una persona con salario mínimo necesitaría trabajar 25 años para igualar lo que estos activos generan en una hora.

La evasión fiscal corporativa representa una pérdida de US$8 mil 700 millones anuales, equivalentes a nueve años de salarios para 50 mil maestros en escuelas públicas. Oxfam sostiene que los sistemas tributarios actuales profundizan las brechas de desigualdad en lugar de corregirlas. 

Élites e impuestos 

Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, señala que «una élite declara solo el 12 por ciento de sus ingresos reales, mientras una familia pobre destina el 25 por ciento de sus recursos a impuestos indirectos sobre alimentos y medicinas».

La organización advierte que esta pérdida de recursos impacta en tres áreas clave, como son el acceso a servicios de salud, la carga económica en los hogares y el trabajo no remunerado de cuidados.

Además, mencionan que cuatro de cada diez mujeres en zonas rurales carecen de acceso a servicios de salud, los hogares cubren el 43 por ciento de sus gastos médicos con recursos propios y las mujeres triplican las horas de trabajo dedicadas a cuidados en comparación con los hombres. 

El informe plantea varias medidas para reducir la desigualdad fiscal y fortalecer la inversión social, como un impuesto progresivo sobre fortunas mayores, la eliminación de incentivos fiscales regresivos, reducción de la evasión fiscal, universalización de la educación y salud, junto con programas de protección social, creación de sistemas de cuidados con enfoque feminista, medidas de mitigación del cambio climático, entre otros.

Ricardo Sáenz de Tejada, director de Oxfam en Guatemala, concluye que «los recursos están ahí, lo que falta es la voluntad política para redistribuirlos con equidad».