Foto: Gobierno de Guatemala
El abogado querellante de la Fundación Sobrevivientes, Carlos Quiej, señaló que el caso es paradigmático y representa un proceso de justicia largamente esperado por las víctimas y sus familiares. “Durante ocho años, las sobrevivientes y las organizaciones que las acompañan han enfrentado retrasos provocados por recursos legales interpuestos por las defensas”, denunció.
En su presentación, Quiej afirmó que las adolescentes no estaban en conflicto con la ley penal, pero fueron tratadas como delincuentes. “Vivían bajo un régimen cuasi carcelario, con comida en mal estado, castigos físicos y psicológicos, sin acceso a higiene ni educación”, relató. Aseguró que existió un patrón sistemático de violencia institucional que violó sus derechos desde su ingreso al sistema de protección.
El abogado explicó que los testimonios de las sobrevivientes y las pruebas presentadas demostraron que la salida no autorizada del hogar el 7 de marzo de 2017, fue motivada por las condiciones inhumanas en que vivían. Afirmó que la decisión de encerrarlas fue tomada por funcionarios estatales, incluyendo personal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y que el encierro fue arbitrario e ilegal.
Durante su exposición, solicitó que se certifique lo conducente para investigar penalmente al expresidente Jimmy Morales por su presunta participación en la cadena de decisiones que culminaron en la tragedia.
Indicó que Morales fue contactado directamente por su asesor presidencial Carlos Beltetón, quien estuvo presente en el hogar y facilitó comunicaciones con altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC). También pidió que se investigue a este funcionario, al señalar que “no tenía atribuciones en el caso, pero intervino directamente en la toma de decisiones”.
Remarcó que durante el juicio, los abogados defensores intentaron retratar a las niñas como agresoras. “Lo único que hacen esos calificativos es reforzar lo demostrado en el debate: así eran consideradas dentro del sistema que debía protegerlas”, dijo.
Quiej solicitó una sentencia condenatoria contra todos los acusados, la imposición del máximo de penas establecidas por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas.
Argumentó que los funcionarios, empleados y agentes del Estado eran garantes de los derechos de las adolescentes, pero no actuaron para protegerlas y consintieron su encierro bajo custodia policial, lo que derivó en el incendio y la muerte masiva.
En la segunda parte de la audiencia, la defensora de Gloria Patricia Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia PDH, argumentó que su patrocinada no tenía autoridad para ordenar que cesaran las violaciones a los derechos de las niñas, ya que esa facultad corresponde exclusivamente a un juez de paz, según el marco legal vigente. Indicó que Castro cumplió únicamente una función de observación y recomendación, conforme lo establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
La defensa sostuvo que el Ministerio Público no demostró que Castro cometió alguna acción dentro del ámbito de sus atribuciones, y que su presencia en el hogar el día del incendio fue parte del acompañamiento institucional propio de la PDH.
Enfatizó que no tenía poder coercitivo ni jurisdiccional para intervenir en decisiones judiciales y que actuó siguiendo instrucciones superiores. Además, citó una resolución administrativa interna que la eximió de responsabilidad tras una investigación realizada en 2017.
Al cierre de su intervención, la abogada solicitó que se certifique lo conducente para investigar penalmente a una de las adolescentes sobrevivientes, a quien señaló como presunta responsable de haber iniciado el incendio. Esta petición se suma a los intentos de la defensa por desviar la atención hacia las niñas, quienes, según los querellantes, fueron criminalizadas sistemáticamente durante el juicio, pese a no tener antecedentes ni denuncias en su contra.
Por último, debido a la inasistencia de los abogados defensores de Lucinda Marroquín, subinspectora de la PNC, la jueza suspendió la audiencia y la reprogramó para el próximo miércoles 25 de junio a las 8:30 horas. Ese día también se espera la presentación de conclusiones de la defensa del subcomisario Luis Armando Pérez Borja y de Brenda Chamán, exfuncionaria de la SBS.
