Satterthwaite destacó la importancia de que las Postuladoras actúen con responsabilidad y en interés del país, con el fin de asegurar que las decisiones reflejen los intereses amplios de la sociedad.
Es por eso que Satterthwaite solicitó a los comisionados hacer públicos los indicadores utilizados para evaluar la idoneidad de los candidatos. Estos indicadores deben incluir criterios de capacidad, honradez y honorabilidad, con un esquema de evaluación claro que detalle cómo se asigna la puntuación a cada criterio desde el inicio del proceso.
Además, pidió que este esquema especifique los métodos de evaluación, los criterios para la exclusión de candidatos y la gestión de objeciones a las candidaturas.
Satterthwaite también hizo hincapié en que, en el caso de funcionarios que ya ocupan cargos judiciales y que buscarán postularse a las magistraturas, se debe realizar una evaluación independiente de su desempeño en el puesto.
En relación con la honradez y honorabilidad, la experta subrayó que la falta de una sentencia penal no es suficiente; es necesario exigir a los candidatos la presentación de declaraciones juradas públicas de bienes, contratos de trabajo y conflictos de interés.
Enfatizó también en la necesidad de una participación significativa de la sociedad civil en la evaluación de los candidatos y en la supervisión del proceso, alentando a las Comisiones a considerar y responder a las objeciones presentadas.
“La sociedad civil debe poder participar plena y significativamente en la consideración de las y los candidatos y en la supervisión del proceso y en ese sentido, animo a las Comisiones a considerar y responder sustantivamente a las objeciones o ‘tachas’ presentadas por sociedad civil», afirmó.
También advirtió sobre la importancia de evitar demoras en el nombramiento de jueces, recordando la necesidad de conformar tribunales con jueces del más alto calibre dentro de los plazos legales.
Satterthwaite indicó que han mantenido contacto con el Gobierno de Guatemala para discutir estas recomendaciones.
Los actuales magistrados de la CSJ y de las Salas Apelaciones concluirán su mandato en octubre de 2024. Pese a intentos de prolongar este periodo a través de la presentación de amparos por parte de abogados particulares, el proceso continúa su desarrollo.
