La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió dar trámite al antejuicio presentado por el Ministerio Público (MP) contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a raíz de una denuncia presentada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La acción legal planteada es contra los magistrados Blanca Alfaro, Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas.

A los magistrados del TSE se les señala por supuestas irregularidades ocurridas durante la segunda vuelta electoral de las elecciones de 2023. El caso lo tiene la Fiscalía de Delitos Electorales.

El antejuicio se deriva de una denuncia presentada por Víctor Guerra, como secretario general en funciones de la UNE.

La denuncia fue presentada el pasado 25 de agosto de 2023 ante el MP y el caso fue elevado a la CSJ el 5 de septiembre. A los magistrados se les señala por los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Ahora el antejuicio deberá ser conocido por el Congreso de la República, que deberá conformar una comisión pesquisidora que recomendará al pleno si se le retira la inmunidad a la magistrada Blanca Alfaro, quien es la única de los cinco magistrados que aún cuenta con ese fuero especial.

La UNE ha mencionado que en la segunda vuelta electoral, que dio como ganador a Bernardo Arévalo, hubo “fraude”.

Segundo antejuicio

Este es el segundo antejuicio que avanza contra los magistrados del TSE, luego del presentado por los abogados Karen Fischer y Giovanni Fratti, por supuestas irregularidades en la compra del sistema de transmisión preliminar de resultados para las elecciones de 2023.

Luego de esa denuncia, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de antejuicio contra los magistrados y en diciembre el Congreso de la República, con 108 votos, les retiró la inmunidad.

En ese caso están señalados los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Custodio y Gabriel Aguilera, quienes ya fueron despojados de su inmunidad.

Actualmente los magistrados cuentan con medidas sustitutivas en el caso, aunque un Juzgado les prohibió ejercer el cargo debido a este caso y les aumentó la caución económica a pagar. Además, el MP accionó contra la jueza que otorgó las medidas sustitutivas.