Según consta en el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2025 realizado por la Contraloría, la Municipalidad de Antigua Guatemala suscribió el contrato administrativo número 05-2025, el pasado 29 de enero de 2025, con la Empresa Consultora en Proyectos de Ingeniería Civiles y de Sistemas, Sociedad Anónima (Gisystems) para el levantamiento del padrón predial, pero se detectaron irregularidades.
Entre las irregularidades detectadas están que 31 de diciembre de 2025 se logró constatar que la comuna había pagado la cantidad de Q20 millones 943 mil 935.84 a la la empresa contratista y que, a pesar del pago, esta no había realizado la entrega técnica ni había puesto en funcionamiento la plataforma DAT-ANTIGUA PPMM, que se utilizaría para el levantamiento del padrón predial.
El contrato suscrito entre la Municipalidad de Antigua Guatemala y la empresa Gisystems asciende a un total de Q36 millones 660 mil 518.90. Es decir, la comuna pagó el 57.13 por ciento del contrato, sin que se realizara una entrega técnica.
“La Municipalidad de Antigua ha procedido con el pago de las facturas mensuales bajo el renglón de ‘administración de reportes’ sin embargo, esta postura contraviene el espíritu de los pagos mensuales, los cuales se fundamentan en la administración y uso activo de una herramienta que, a la fecha, la Municipalidad no posee ni controla”, señala la Contraloría en su informe.
La Contraloría ha señalado que la Municipalidad de la Antigua realizó esos pagos mensuales a pesar de que algunos de estos estaban condicionados a la entrega de informes sobre avances que no fueron reflejados y concretados dentro de la infraestructura tecnológica de la comuna antigüeña.
Asimismo, se mencionó que el contrato obligaba a la empresa Gisystems a realizar capacitaciones al personal de la Municipalidad durante la ejecución del proyecto, pero que fue técnicamente imposible realizar estas acciones debido a que las capacidades no podían ser transferidas en una herramienta que no había sido entregada.
A criterio de la Contraloría, el Concejo Municipal de la Antigua Guatemala aprobó el contrato administrativo con la empresa sin verificar que existieran mecanismos de supervisión, control, administración técnica del mismo, previos a cada pago realizado.
Además, señalaron que al aprobar este contrato se pone en riesgo la inversión realizada en la plataforma para el levantamiento del padrón predial y que esta se convierta en un gasto perjudicial para el patrimonio municipal.
También mencionaron que entre los riesgos están la confidencialidad de los datos sensibles a los que tiene acceso el proveedor, así como la imposibilidad de realizar la fiscalización en la Municipalidad, al no poder certificar avances mensuales de una plataforma a la que no se tiene acceso.
La Contraloría indicó que durante el desarrollo de esta auditoría se recomendó a la comuna realizar un enfoque preventivo sobre los hallazgos para fortalecer el sistema de control interno de la entidad así como prevenir que ocurran eventos que afecten los objetivos institucionales.
Se recomendaron siete acciones preventivas, de las cuales únicamente dos fueron atendidas por la comuna. Entre las no atendidas están implementar el control interno de fondos en avance, el incumplimiento con relación a la actualización de datos personales, falta de liquidación de remanentes de recursos financieros en la ejecución proyectos, deficiencia en el manejo de cuentas bancarias sin movimientos y proyecto de arrastre sin seguimiento oportuno.
Las únicas acciones preventivas atendidas por la comuna fueron la actualización de registros en el libro de inventarios y el completar documentación de proyectos de inversión social.
La denuncia
Según la Contraloría, debido a estos hallazgos se presentaron denuncias ante el Ministerio Público en contra del alcalde Juan Manuel Asturias, debido a que en sus pruebas de descargo no lograron desvanecer los hallazgos detectados en este contrato.
Además, se denunció a la jefa del Departamento de Catastro y Administración del IUSI, Flor de María Macario Gómez; así como a los integrantes de la Comisión Receptora Parcial, Juan Francisco Rabinal Hernández, Luis Felipe Figueroa Molina y Luis Francisco Ruiz Escobar.
También se denunció al gerente de Planificación y Estructura, Carlos Alberto Farfán Martínez; y al director de Administración Financiera Integrada, Juan Carlos del Cid Ligorría. Las personas denunciadas no lograron desvanecer los hallazgos detectados por la CGC en su informe.
