A través de una marcha que salió desde la Plaza de los Derechos Humanos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacia el Centro Histórico de la zona 1, organizaciones y familiares honraron la memoria de las personas que murieron o que desaparecieron durante los 36 años del Conflicto Armado Interno. 

Durante el recorrido de la marcha, hicieron un llamado al presidente Bernardo Arévalo para que se apruebe un plan de dignificación y reparación para las víctimas, asegurando que ya pasó más de un año desde que se anunció dicho plan, señalando también que han pasado más de cinco años sin que se entregue medidas de reparación para víctimas de la guerra en el país. 

Además, cuestionaron la ampliación presupuestaria, recientemente aprobada por el Congreso, en la que se aprobaron fondos para ser entregados a veteranos militares. 

“Tampoco se han creado planes de búsqueda de personas desaparecidas, de preservación de los archivos históricos y de difusión de la memoria histórica. Mientras tanto, se aprobó una ampliación presupuestaria para continuar pagando a los militares que participaron en los crímenes del pasado. Esta es una ofensa a la memoria de las miles de víctimas desaparecidas y masacradas”, afirmaron.

Pidieron al Ejecutivo aprobar, mediante un acuerdo gubernativo, dicho plan de dignificación y que se apliquen planes de búsqueda para personas desaparecidas. 

eP Investiga solicitó una postura al Ejecutivo por las demandas de las víctimas y sobrevivientes, pero al cierre de esta nota no habían dado una respuesta.

Anulación de casos

Cuestionaron también que el salas de apelaciones de mayor riesgos hayan anulado los avances en los casos Creompaz y Genocidio Ixil, por hechos ocurridos durnte el gobierno de Romeo Lucas García. 

“Estas decisiones contradicen las obligaciones del Estado en el acceso a la justicia para las víctimas, y solo perpetúan la impunidad para violadores de derechos humanos y genocidas”, dijeron.

En ese sentido, pidieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) y al Organismo Judicial (OJ) dejar sin efecto dichas resoluciones. 

También criticaron a la fiscal general, María Consuelo Porras, a quien señalaron de criminalizar a jueces y fiscales que han participado en los casos de violaciones a derechos humanos en el Conflicto Armado Interno. Pidieron la renuncia de Porras como jefa del Ministerio Público (MP).