_{Foto: Carlos Alonzo}

La CIDH ha identificado varios patrones de criminalización y abuso del sistema de justicia, destacando el uso de tipos penales ambiguos y la imposición de prisión preventiva como mecanismos de represión. En particular, la Comisión insta al Ministerio Público (MP) y al Organismo Judicial (OJ) a cesar la criminalización y persecución.

Según indicó la comisionada Andrea Pochak, la CIDH ha realizado observaciones al país desde hace más de dos décadas y con los resultados de las visitas se evidencia que la corrupción en el país es estructural y endémica, la cual se manifiesta en todos los niveles y todos los territorios.

La Comisión observó que el sistema penal en Guatemala se ha utilizado de manera indebida para perseguir a defensores de derechos humanos, operadores de justicia, y otros actores sociales. Esto incluye acusaciones infundadas, repetitivas y el uso excesivo de la prisión preventiva. En el informe preliminar destacan estos ejemplos: 

• acusaciones contra jueces y abogados por el contenido de sus decisiones y el ejercicio de su labor profesional.
• acusaciones de usurpación y otros delitos graves contra miembros de comunidades indígenas por habitar tierras ancestrales.
• denuncias anónimas y mal fundamentadas con el propósito de intimidar y hostigar a los acusados.

“En la reunión sostenida con el Ministerio Público, éste negó la existencia de una práctica de criminalización con el argumento de que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión. Sin embargo, alarma a la CIDH la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas por parte del MP, en una práctica que se intensificó a partir de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el 2019”, dijo la comisionada Andrea Pochak.

En el hallazgo del uso “abusivo” del sistema penal en el país, destacaron que esto ha alcanzado hasta al presidente y vicepresidenta de la República. 

Pochak dijo que en las entrevistas realizadas con personas de distintos sectores advirtieron de la existencia de una “visión de cambio impuesta por poderes fácticos de carácter político, económico y militar”, los cuales buscan mantener la impunidad estructural en crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y en casos de corrupción.

Recomiendan evaluación independiente sobre el funciomamiento del MP

Tras la visita y observación realizada, la CIDH recomendó que el ente investigador sea examinado de forma independiente sobre su funcionamiento y su impacto en los derechos humanos. También instó a detener la criminalización de defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, estudiantes y otros actores sociales. 

La Comisión ofreció el apoyo para realizar esta evaluación.

Otras recomendaciones 

Liberar a los criminalizados por defensa de derechos y que han sido criminalizados por su labor.

Insta a garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen con transparencia. “Basados en méritos y capacidades profesionales, libres de injerencias indebidas”. Esto en el marco del actual proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Recomienda adoptar e implementar políticas públicas para erradicar la pobreza y la discriminación estructural que afectan a diversos grupos vulnerables.

Otro aspecto que evidencia el informe preliminar es la necesidad de implementar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en todas sus formas.

Al gobierno actual piden crear condiciones para el retorno “seguro y digno” de las personas exiliadas, incluyendo un plan de reparación integral.

Situación de los pueblos indígenas y desalojos forzados

La Comisión informó que ha recibido denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza en desalojos de comunidades indígenas. Estas prácticas incluyen la quema de viviendas y cultivos, así como el asesinato o robo de animales, afectando gravemente a las comunidades desplazadas.

“Los pueblos indígenas experimentan altos niveles de pobreza, precariedad, incertidumbre en la tenencia de tierras y discriminación. Y el pueblo garífuna está en riesgo de extinción cultural debido a la confluencia de factores como la educación y atención sanitaria inadecuadas, y servicios públicos esenciales intermitentes que limitan las oportunidades para el desarrollo sostenible”, dijo Roberta Clarke, presidenta de la CIDH en la presentación del informe. 

Visita a Zamora y la situación de la prensa en el país

«Muchas personas no han tenido otra opción más que el exilio o la clandestinidad y quienes se quedan en el país enfrentan la amenaza de prisión o han sido detenidos. Los casos de Jose Rubén Zamora y Stuardo Campo, a quienes la Comisión visitó el día de ayer, son un ejemplo de ello”, dijo la comisionada Pochak.

La CIDH destaca que estos casos son representativos de un patrón más amplio de criminalización y persecución en Guatemala.

El caso específico de Zamora constituye, según la misión, una grave amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información. Hacen un llamado urgente para que se respeten los derechos humanos de estos profesionales y se asegure un debido proceso en sus casos judiciales.

Además, la CIDH ha recibido numerosos testimonios que indican un ambiente de intimidación y miedo generalizado entre los periodistas guatemaltecos. Los medios de comunicación enfrentan constantes amenazas, allanamientos y presiones que llevan a la autocensura. En especial, las mujeres periodistas, incluyendo las de origen indígena, son objeto de agresiones específicas y diferenciadas.

“No me encontré con un solo periodista que me dijera que está tranquila, que siente confianza, y que está libre de miedo para ejercer la libertad de expresión. Todo lo contrario, creo que hay un temor generalizado en la sociedad guatemalteca para deliberar sobre asuntos de interés público, y en muchas oportunidades este miedo se traslada a los medios de comunicación”, dijo el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.

La CIDH subraya que estas recomendaciones son esenciales para avanzar en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Guatemala. La Comisión publicará un informe detallado con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de un año.