Foto: Laura García / Plaza Pública
Esta resolución se da luego de apelaciones presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Universidad de San Carlos (Usac) en contra de la resolución del juez Víctor Cruz, que en marzo de 2024 ordenó el levantamiento del embargo a las cuentas bancarias de Velásquez, argumentando que el procesado había cumplido con el pago de una caución económica como medida sustitutiva.
Para el MP, la resolución del juez Cruz “careció de una fundamentación adecuada” y este se limitó a señalar que el procesado había cumplido con la caución económica impuesta como medida sustitutiva. Según el MP, este razonamiento no analizó ni garantizó el derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala a “una reparación digna”.
Además, argumentó que el juez no evaluó las constancias procesales ni aplicó debidamente el principio de tutela judicial efectiva, lo que resultó en un fallo carente de sustento legal y constitucional.
Por su parte, la Usac argumentó que el levantamiento del embargo “vulneró su derecho a asegurar desde el proceso penal la reparación digna por los daños ocasionados a su patrimonio”. Señaló que, aunque en el recurso de reposición planteado había expuesto los agravios sufridos y los errores en la decisión inicial, estos no fueron considerados en el fallo del juez Cruz.
La CC determinó que el levantamiento del embargo no estaba debidamente fundamentado y carecía de un análisis jurídico que tomara en cuenta las particularidades del caso y los derechos de las partes agraviadas; por eso ordenó a Cruz revisar nuevamente el expediente y emitir una nueva resolución.
Si Cruz decide mantener el levantamiento del embargo, deberá ofrecer una justificación que cumpla con los requisitos legales y constitucionales para garantizar tanto el debido proceso como los derechos de reparación de la Usac.
Eduardo Velásquez es un economista y académico guatemalteco, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac y exdirector del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR).
En noviembre de 2023, fue detenido junto a otros profesionales y estudiantes, acusado de delitos como usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita, en relación con la toma del campus central de la universidad, en protesta por la elección de Walter Mazariegos. En marzo de 2024, fue juramentado como presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).