Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo; los diputados Sandra Jovel, Héctor Aldana Reyes y Víctor Valenzuela; el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, y Giovanni Fratti, fueron los que presentaron el amparo ante la CC contra la ampliación del presupuesto que presentó el Ejecutivo. 

El Decreto 16-2024 fue aprobado el 13 de agosto, durante la sesión del Congreso en la cual, según los amparistas, se interrumpió la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para dar paso a la discusión de la ampliación presupuestaria. Los solicitantes del amparo argumentaron que dicha interrupción y el proceso legislativo posterior violaron disposiciones constitucionales.

La CC, tras analizar los informes circunstanciados del Congreso, determinó que existen suficientes indicios de posibles “vulneraciones al orden constitucional” que ameritan la suspensión provisional de la ampliación aprobada. 

En su resolución, la Corte señaló que la interrupción del derecho de interpelación no puede realizarse salvo en casos donde exista una obligación constitucional de plazo o fecha determinada. En este caso, la CC argumenta que la interrupción se realizó para discutir una moción privilegiada que, según los solicitantes, no cumplía con estos requisitos.

La CC también argumentó que la aprobación de la moción privilegiada, que permitió la discusión y posterior aprobación de la ampliación presupuestaria, podría haber violado el artículo 166 de la Constitución, que garantiza el derecho de interpelación sin limitaciones. 

La Corte destacó la importancia de este derecho y subrayó que cualquier interrupción de este proceso debe estar debidamente justificada bajo parámetros constitucionales claros.

Por estas razones, la CC resolvió otorgar el amparo provisional, suspendiendo temporalmente la aprobación del Decreto 16-2024 hasta que se resuelva de manera definitiva. Además, se concedió audiencia a los solicitantes y a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público por un término de 48 horas, para que presenten argumentos adicionales.

La Corte de Constitucionalidad se contradice

El amparo provisional fue aprobado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Dina Josefina Ochoa Escribá, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Abraham Saúl Ortíz Méndez. El magistrado Roberto Molina Barreto votó a favor, pero emitió un voto concurrente razonado.

El abogado constitucionalista Javier Urizar dijo que la resolución de la CC es una aberración jurídica, pero también refleja algo más peligroso, que la Corte no va a permitir al gobierno de Arévalo tener ni una sola victoria política que pueda poner en riesgo el “status quo”. 

“Ni el Ejecutivo podrá gobernar ni el Congreso legislar sin el consentimiento antojadizo de la CC. Ese consentimiento, evidentemente, no responde a la ley, sino a los intereses políticos de los magistrados” remarcó.

Urizar explica que hay resoluciones emitidas en el pasado que contradicen lo que hoy resuelve. En el expediente 3016-2013 la CC declara como legítimo que el Congreso «interrumpa» una interpelación para conocer temas de interés nacional, como el presupuesto. Esto se da luego de que con el precedente legislativo 2-2013 se decidió interrumpir la interpelación del ministro de Cultura y Deportes, Carlos Enrique Batzín Chojoj, en febrero de 2013.

La CC validó este precedente legislativo en junio de 2013 cuando el diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro presentó una inconstitucionalidad en contra. 

Estos antecedentes, según Urizar, contravienen la reciente decisión de la CC, pues le dan validez a la interrupción de la interpelación del ministro de Gobernación en la sesión del 13 de agosto. 

El Congreso aún no ha enviado el decreto de ampliación al Ejecutivo para su sanción, esto porque está pendiente la revisión de las objeciones que los diputados Álvaro Arzú y Nadia de León presentaron.

La noche de la aprobación de la ampliación

Los 110 votos a favor de la ampliación presupuestaria en el Congreso, representaron una victoria para el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. 

El proceso de aprobación comenzó en una sesión ordinaria del Congreso del 13 de agosto, que originalmente estaba dedicada a la interpelación del ministro de Gobernación. Sin embargo, después de más de una hora de escucharlo, el diputado Luis Contreras de la bancada Creo presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día y priorizar la discusión de la ampliación presupuestaria. 

A pesar de la oposición de algunos diputados, como Álvaro Arzú del Partido Unionista, quienes argumentaron que la interrupción de la interpelación era ilegal, la moción fue aprobada.

La sesión se caracterizó por la tensión y confrontaciones entre los legisladores, incluida la llegada tardía del diputado Allan Rodríguez, señalado por otros congresistas de intimidación. A pesar de estas controversias, fue finalmente aprobada pasada la medianoche del 14 de agosto.

El presupuesto ampliado contempla asignaciones como los más de Q2 mil 111 millones para el servicio de la deuda pública, Q1 mil 676 millones para las municipalidades y más de Q1 mil 355 millones para el Ministerio de Educación. 

Durante la votación, se añadieron dos nuevos artículos de urgencia nacional: uno que asigna Q100 millones para la rehabilitación del tramo Palín-Escuintla, y otro que destina Q500 millones para impulsar la producción agrícola y reducir los precios de la canasta básica alimentaria.

La aprobación de esta ampliación fue vista como el primer triunfo del oficialismo en el Congreso, aunque sus opositores advirtieron sobre posibles irregularidades y el riesgo de corrupción en la distribución de los fondos.