Este miércoles, se creó una comisión técnica especial de trabajo con representantes de diferentes sectores de tanques de pensamiento y del Ejecutivo para que avance la iniciativa 6531, la cual fue entregada al Organismo Legislativo el pasado 9 de abril. El grupo de trabajo tendrá un cronograma de septiembre a octubre de este año para que en noviembre ya exista una versión dictaminada. 

El presidente de la comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, explicó que actualmente los tiempos en los procesos de licitación no se cumplen. Resaltó que con esta propuesta no se pretende hacer un “parche” para salir de la subejecución, sino buscan implementar una solución que tomará dos o tres años para implementarla. 

La ley establece la creación de un Consejo de Adquisiciones del Estado y una Superintendencia de Adquisiciones del Estado (SAE). Esta entidad sustituiría a la Dirección General de Adquisiciones (DGAE), que es la encargada de administrar la plataforma de Guatecompras. La SAE tendría como competencia ejercer la rectoría del sistema nacional de compras y administrar el registro de los proveedores. 

El artículo 13, literal e, de la iniciativa indica que la nueva superintendencia tendrá que desarrollar un observatorio de adquisiciones públicas “para el monitoreo de los procesos de adquisición, conocimiento y resolución de denuncias en los mismos”. En el documento resalta que esto permitirá velar “por la transparencia, eficacia, eficiencia y calidad en los procesos de adquisición”.

De ser aprobada la ley, el nuevo superintendente tiene varios filtros que debe cumplir previo a ocupar el cargo. Algunos de los requisitos son no haber desempeñado cargos de elección popular por más de seis meses durante los tres años previos a la designación. Tampoco tener un parentesco con el presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, diputados, contralor general de cuentas o fiscal general. No puede ser integrante de un órgano o dirección de cualquier partido político, sindicato u organización gremial o empresarial o haberlo sido durante los tres años previos a su designación. 

Otro de los cambios que se proponen con esta iniciativa es la creación de convenios marco con catálogo electrónico, en el cual, las unidades ejecutoras, como, por ejemplo, ministerios, direcciones o municipalidades, realizarán sus adquisiciones mediante órdenes de compras directas dentro de los rubros establecidos en un archivo electrónico.

Asimismo, el artículo 86 establece la adquisición de productos a través de internet o en línea, cuyo proceso de adquisición y pago se daría de forma directa. Este tipo de servicios está limitado a un monto máximo de 60 salarios mínimos del sector no agrícola.

En el caso de las compras por emergencia, se establece que, una vez declarado el Estado de excepción, las unidades ejecutoras podrán realizar adquisiciones inmediatas necesarias. 

Así mismo, deberán elaborar un plan de contingencia conforme a los principios de pertenencia y responsabilidad, justificando las necesidades de las situaciones derivadas del Estado de excepción.