La acción se basa en que con el Decreto 36-2024, mediante el cual el Congreso de la República aprobó el Presupuesto 2025 que había sido propuesto por el Ejecutivo, se están haciendo asignaciones presupuestarias que están fuera lo que se estipula en las normas constitucionales. 

Uno de los principales puntos que aborda dicha acción se refiere a las asignaciones privativas, como es el caso de los aportes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al deporte no federado, a la misma CC y también al Organismo Judicial (OJ).

Los abogados argumentan que a través del Presupuesto 2025 se están vulnerando disposiciones constitucionales, como la seguridad jurídica, el principio de jerarquía constitucional y los derechos inherentes a las personas.

Bajo esos argumentos, los abogados aseguran que existe “una confrontación” entre el Decreto 36-2024 y las disposiciones constitucionales sobre el principio de legalidad. 

Además, señalan que este Presupuesto 2025 está generando un déficit fiscal de Q30 mil millones y que con esto se está haciendo que las finanzas públicas del país no tengan un manejo adecuado para las necesidades de la población.

Con esta acción, los abogados están buscando que la CC dejé sin efecto el Decreto 36-2024, al considerarlo como lesivo y que causaría “daños irreparables” si no se suspende.

Entrada en vigencia 

Estos mismos abogados interpusieron una acción de inconstitucionalidad el 22 de diciembre, buscando que dicho Decreto no entrara en vigencia.

Sin embargo, la CC no conoció dicha acción antes del 1 de enero, lo que permitió que el Presupuesto 2025 cobrara vigencia, por lo que esa inconstitucionalidad quedó sin materia.

Además, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó este jueves sobre la publicación del Acuerdo Gubernativo 271-2024, que contiene la distribución analítica del Presupuesto 2025 en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

A finales de noviembre, el Congreso aprobó de urgencia nacional el Presupuesto 2025 por Q148 mil 526.47 millones.