Foto: eP Investiga
Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y quien representa a las víctimas del caso, dijo que la resolución de la Sala los ha dejado en una “situación total de indefensión”, al retrotraer todas las actuaciones del proceso –entre ellas las órdenes de captura– cuando este se encontraba en la fase de ofrecimiento de prueba.
“Todo ese tipo de resoluciones quedaron sin efecto y se ordenó la inmediata libertad de todos los imputados en el proceso, definitivamente es ilógico, hay errores jurídicos en esa sentencia las cuales estamos haciendo valer porque no se puede sacrificar la justicia por meros formalismos”, indicó Reyes.
Además, mencionó que existe un desconocimiento por parte de los magistrados sobre las obligaciones que el Estado de Guatemala ha adquirido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), incluso contra resoluciones emitidas por la CC.
Reyes mencionó que esos son algunos de los argumentos que se han planteado en el amparo presentado ante la CC para dejar sin efecto la resolución de la Sala.
El abogado calificó este caso como “emblemático” para la justicia de transición en Guatemala y aseguró que la resolución de la Sala es “abiertamente ilegal”, por lo que tomó la decisión de presentar una apelación
“Vamos a tener que acudir ante las instancias que sean necesarias, incluso ante la CorteIDH, en las relatorías, tanto de independencia judicial, como de justicia de transición, para que se pronuncien sobre esta situación que se está viviendo ahora en Guatemala, donde definitivamente nos damos cuenta que no nos equivocamos, la justicia en Guatemala está en manos muy complejas y delicadas. La justicia en Guatemala está pasando por uno de sus peores momentos”, dijo Reyes.
Santiago Choc, abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), afirmó que la Sala privilegió a los procesados en el caso inobservando una tutela judicial efectiva.
El caso
Ayer se dio a conocer que la Sala Segunda de Mayor Riesgo emitió una resolución en la cual anula todo lo actuado en el caso desde su inicio y ordenaba que en un plazo máximo de cinco horas se les diera libertad a los militares implicados.
La resolución fue firmada por los magistrados Miguel Enrique Catalán y Eva María Recinos, como titulares y por Jaime Amílcar González Dávila, como suplente.
El Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), ubicado en Cobán, Alta Verapaz, fue utilizado durante el Conflicto Armado Interno como un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones, según denuncias de organizaciones sociales.
En el 2016, 14 militares retirados fueron detenidos en este caso, acusados de los delitos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, lo cual se dio luego de investigaciones en las que se encontraron 558 osamentas en cuatro fosas comunes.
