Recientemente la Misión Especial de Observación para el proceso de elección de jueces de la Corte suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría, enviada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo público su informe preliminar.

La primera de sus conclusiones presenta cierto nivel de esperanza a pesar del “riesgo significativo para el proceso de selección llevado a cabo por las Comisiones de Postulación”. El informe indica que “el país tiene la oportunidad de mejorar las condiciones institucionales, eligiendo jueces que otorguen al Poder Judicial la condición de legitimidad política y moral, más allá de la mera legitimidad jurídica”. Sin embargo, los factores que merece enfatizar del informe de la misión radican en los elementos perniciosos que se han dado a lo largo del proceso llevado a cabo en las dos comisiones de postulación, espacios utilizados para terminar de fraguar un episodio que apunta a ser catastrófico para quienes aún aspiramos a la recomposición del modelo democrático, y en particular, a la recuperación del sistema de justicia.

La proliferación de aspirantes vinculados a numerosos actos de corrupción y promotores del uso de la “justicia” como recurso favorable a la impunidad, la persecución y los ataques políticos, deparan una elección final orientado a consolidar esos propósitos.

Aunque hasta la saciedad se repita la exigencia de elegir a de personas con honorabilidad y méritos para cumplir la función de impartir justicia, el proceso que está en la recta final presentó muy poca materia prima que cuente con esos atributos. Los listados de aspirantes están repletos de actores cuestionados y una variedad de perfiles grises. Estos últimos no tienen los reflectores encima, por lo que aprovechan esa “ventaja” para pasar desapercibidos. Son quienes tomarán control de las Salas de Apelaciones, proceso que no tiene el mismo nivel de importancia mediática que la CSJ. Pero ojo, que la mayoría de nefastos que actualmente protagonizan el control de la “justicia” hasta hace pocos años provenían del área gris. He allí una tendencia alarmante, favorecida por la porosidad y complicidad de la mayoría de las universidades (pública y privadas) interesadas en graduar por paquete y con el menor nivel posible de conocimientos y ética, precisamente con el objetivo que sean fácilmente cooptables aprovechando las ineptitudes y tendencias a la obtención de beneficios fáciles a cualquier costo. A este tipo de perfiles, la honorabilidad y la ética les importa un comino, porque no son atributos canjeables.

¿Podemos esperar un cambio de giro en el Congreso? Pues no. Primero, porque los listados se confeccionarán antes y los diputados solo pueden meter mano de quienes los conformen. Segundo, porque los mecanismos de transacción incluyen el tráfico de influencia y otras prácticas que son incentivos, tanto para electos como para electores. El ejercicio político nacional está marcado por factores de especial atracción como el tráfico de influencias, las garantías para continuar con la corrupción, el uso de instrumentos “legales” para amedrentar y perseguir a quienes se salen del script, entre otros. Son pocos los diputados a quienes en realidad interesa lo contrario. Así que no esperemos agua limpia donde proliferan las letrinas.