^{Foto: Carlos Alonzo.}

“Llegaron en la noche y nos sacaron a todas. No sabíamos qué pasaba. Decían que íbamos libres, pero no sabíamos para dónde. No sabíamos qué iban a hacer con nosotras. Solo eso dijeron: ‘¡Ya llegó su hora. Ya llegó su momento. ¡Vístanse y rápido, en silencio!’”, así es como recuerda Adela Espinoza, expatriada nicaragüense, que le notificaron los guardias que saldría de la cárcel. 

Ella estuvo presa, en ocasiones aislada, por más de un año en una cárcel en Managua, Nicaragua. Fue sentenciada a ocho años de prisión acusada de narcotráfico, aunque realmente fue capturada por protestar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es parte del grupo de los 135 nicaragüenses que llegaron a Guatemala a inicios de septiembre.

Al principio fue señalada de terrorismo, ciberdelito, menoscabo al Estado de Nicaragua, exposición de personas al peligro y destrucción del Patrimonio Histórico. En las audiencias todos esos cargos fueron desestimados y le imputaron únicamente narcotráfico a pesar de que ella, según dice, nada tenía que ver con ese delito.

Adela Elizabeth Espinoza Tercero es una chica de cabello rizado, mitad negro, mitad rubio, de 27 años, activista de Derechos Humanos, feminista y comunicadora social. En su país trabajaba colocando piercings, haciendo tatuajes o escribiendo eventualmente algún texto periodístico y participaba activamente en manifestaciones a favor de la Universidad Centroamericana (UCA) fundada en 1960, por los jesuitas, y clausurada en agosto del año pasado por Ortega. 

“A mí me secuestraron por protestar en contra de la expropiación de la Universidad Centroamericana UCA, una universidad jesuita. Fue la última universidad que expropió el régimen de Daniel Ortega. Entonces por oponerme a ello y por protestar en contra de ellos, a mí me arrestan”, cuenta Espinoza en una entrevista concedida a eP Investiga.

Ella fue detenida junto a dos de sus compañeras en un gran operativo que desplegó la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía al día siguiente de la manifestación. “Fue un arresto bastante violento. Me llevaron y pues no puse ninguna resistencia absolutamente para nada, solamente salí con las manos arriba”, dice.

Los primeros cuatro días de su detención no los recuerda a detalle, incluso hay varios sucesos que vivió en prisión y fechas importantes de su juicio que su mente ha bloqueado y reconoce que cuando le piden esos datos debe consultarlos con familiares o amigas.

Durante su estancia en la cárcel pasó un tiempo en una celda de castigo, aislada, con cámara adentro porque para las autoridades ella representaba peligro. “Era extremadamente intimidante (…) Teníamos que estar lo más calladitas posible, no reclamar en lo posible, porque las amenazas de no dejarnos ver a nuestra familia estaban siempre ahí. Las amenazas de llevarnos o aislarnos estaban ahí también”, cuenta.

Espinoza es madre de dos menores y comenzó a participar en las protestas hace seis años, se enfrentó a la policía en varias ocasiones desde las instalaciones de la UCA cuando les lanzó pintura o agua para contrarrestarlos. Su reclamo siempre fue para denunciar y rechazar la violencia que la dictadura de Ortega ha mantenido por varios años contra los nicaragüenses que se oponen a su gobierno. 

“Se tiene que reclamar por los derechos del pueblo, se tiene que reclamar por sus derechos, porque lo que no se nombra no existe”, dice. 

Su estadía en Guatemala no fue una opción, fue una imposición de su gobierno luego de la negociación entre Estados Unidos y Nicaragua, donde se logró la liberación de los 135 presos políticos que arribaron a este país en lo que resuelven su situación migratoria. “Es muy duro que nos hayan sacado de la forma en que nos sacaron sin tener más opción que salir o quedarte presa”, cuenta. 

Espinoza está feliz y agradecida porque recuperó su libertad, pero está preocupada por su madre e hijos que aún continúan en Nicaragua. El día de la entrevista estaba conmocionada porque apenas un momento antes de conversar con este medio, la Corte Suprema de Justicia nicaragüense ordenó “la pérdida de nacionalidad” de las 135 personas que fueron enviadas a Guatemala. 

En el comunicado de prensa publicado el pasado 9 de septiembre, la Corte los acusó de atentar contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense y por “incitar y promover” la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica. Bajo ese argumento las autoridades decidieron quitarles la nacionalidad y decomisar todos los bienes de los condenados. 

Cuando Adela Espinoza lo supo, trató de contener las lágrimas, pero reconoció que estaba “shockeada” (impactada) por la noticia. “Un papel puede decir mucho, puede decir que no somos nicaragüenses ya, puede decir que no somos personas gratas para el país (…) pero nuestra nacionalidad no nos la quita nadie (…) un papel y peor si es de una dictadura ilegal, no nos quita lo nicaragüenses que somos”, expresa. 

Desde su llegada a Guatemala se encuentra en un hotel de la ciudad a la espera y a la expectativa de lo que le depararán las acciones de la organización internacional de Derechos Humanos que comentó, les está ayudando a resolver su situación. De planes aún no puede hablar, porque todavía se encuentra asimilando todo lo que ha vivido en el último año, la separación de su familia, el encarcelamiento y ahora la expulsión de su país. 

Para retomar su vida comenzó tiñéndose la mitad de su cabello, un paso importante para recobrar su identidad. Adela considera que a pesar de lo que ha sufrido, su lucha ha valido la pena porque su historia sirve para narrar la represión que se vive en Nicaragua. 

“El país está en ruinas. Lastimosamente nuestro país es muy lindo con gente muy trabajadora, pero hay gente que también está sufriendo (…) nadie puede decir nada, nadie puede hablar nada. El mínimo comentario puede significar un secuestro, puede significar una desaparición”, concluye.