Los comisionados pasaron la fase de evaluación de las tachas presentadas por sociedad civil, y ahora, mientras los aspirantes presentan descargos contra las únicas dos tachas aceptadas, ambas comisiones han iniciado con la calificación de expedientes según las tablas de gradación. 

La postuladora para la elección de magistrados a la Corte de Apelaciones eligió este 10 de septiembre, por medio de sorteo, a las 12 ternas que evaluarán los expedientes de los 1 mil 382 aspirantes; la comisión para la CSJ inició hoy 11, con el mismo proceso, declarándose en sesión permanente.

El debate sobre estos instrumentos inicia justo cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelve en definitiva el amparo presentado por el diputado José Chic Cardona, ordenando a las comisiones cumplir con los plazos correspondientes marcados en ley para la renovación de Cortes. Mientras se mantenía la discusión sobre la sede de ambas comisiones.

Aquí te explicamos los aspectos que tomarán en cuenta los comisionados para determinar quiénes son los candidatos idóneos para ser incluidos en los listados que pasarán al Congreso de la República.

1. El peso desproporcionado de la experiencia profesional

El rubro más importante en la evaluación de los aspirantes a la CSJ es la experiencia profesional, que puede sumar hasta 59 puntos. Los candidatos con más de 15 años de experiencia como abogados, magistrados o jueces de primera instancia recibirán el puntaje más alto. También se consideran los años de servicio en la administración pública y la evaluación de desempeño dentro de la Carrera Judicial, donde los mejores evaluados obtendrán hasta 15 puntos adicionales.

El Panel de Expertos Internacionales (PEI), que ha observado el proceso, señala en su primer informe presentado, que «la experiencia profesional es el factor más ponderado en las tablas de gradación, lo cual impide una verdadera renovación del sistema judicial». 

Según el panel, este sistema favorece a magistrados en funciones que han prolongado su mandato debido a la falta de elecciones oportunas, lo que los coloca en una posición privilegiada frente a nuevos candidatos. Además, el PEI advierte que esta ponderación desproporcionada «abre la puerta a la influencia de redes políticas que afectan la independencia de los jueces».

Por su parte, César Vega, sociólogo investigador y director de Acción Ciudadana, señala que según esta ponderación, el sistema no permite una renovación de las cortes, porque prioriza la permanencia y la antigüedad sin una evaluación real de la calidad del trabajo de los magistrados. Vega critica que muchos de los magistrados actuales han permanecido en el cargo debido a la prolongación de sus mandatos y señalamientos en casos de corrupción.

El principal caso que señaló a varios magistrados actuales es el de Comisiones Paralelas 2020, una investigación que expuso manipulación y corrupción en la elección para las altas cortes del país.

Este caso es una continuación de Comisiones Paralelas 2014, que reveló irregularidades en el proceso de selección. En 2020, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, denunció una red de corrupción encabezada por Gustavo Alejos, exsecretario presidencial que coordinaba reuniones con actores clave del proceso de postulación para beneficiar a ciertos candidatos.

Aunque la elección fue paralizada debido a las investigaciones, en noviembre de 2023, la CC resolvió permitir que varios de los magistrados señalados accedieran a una magistratura. En el proceso actual, 24 de los electos en noviembre de 2023, buscan la reelección.

2. Méritos académicos y docencia son subestimados

En cuanto a la formación académica, los títulos pueden sumar solo ocho puntos. La docencia universitaria, otro aspecto clave, puede otorgar seis, si impartieron clases durante más de cinco años.

En total, estos dos aspectos podrían alcanzar juntos hasta 14 puntos. El PEI critica en su informe que los méritos académicos «no son lo suficientemente valorados» y que «el sistema privilegia la experiencia práctica sobre la actualización académica». Según el panel, esto genera un «desincentivo a la especialización», lo cual es preocupante dado el nivel de complejidad de los casos judiciales en Guatemala, que requieren una constante actualización de conocimientos.

Vega coincide en que la tabla de gradación refleja una “visión arcaica del rol de los jueces”. Subraya que un sistema judicial moderno debería incentivar no solo la práctica profesional, sino también la actualización continua y la docencia universitaria como un medio para contribuir al desarrollo del derecho en Guatemala.

3. La producción doctrinaria: una oportunidad desaprovechada

Este aspecto incluye la publicación de libros y artículos sobre temas jurídicos; también será valorada con cuatro puntos adicionales. Esta categoría busca premiar a los aspirantes que han contribuido con su conocimiento a la evolución del derecho en el país.

Según el PEI, «la producción doctrinaria es un aspecto crucial que no recibe la importancia que merece». Destacan que los magistrados deben ser no solo aplicadores del derecho, sino también actores que contribuyan a su evolución. 

Este bajo puntaje asignado a la producción doctrinaria «refleja una falta de incentivo para la reflexión y el debate académico», aspectos fundamentales para el desarrollo de una jurisprudencia sólida​.

4. Mínimo punteo a los méritos éticos y proyección humana 

La tabla de gradación asigna únicamente dos puntos a la vocación de servicio a la comunidad y el liderazgo. Además, los méritos éticos, que deberían ser un pilar en la evaluación de quienes asumen funciones tan importantes, no tienen un puntaje asignado.

César Vega recalca que los méritos éticos y el servicio a la comunidad son prácticamente ignorados en este proceso, lo cual «envía un mensaje equivocado sobre lo que se espera de quienes ocupen los cargos más altos en el sistema judicial». 

«Los aspectos de calidad humana y proyección social son casi inexistentes en la tabla de gradación. Aunque el argumento es que estos aspectos son difíciles de medir, considero que hay una intención política detrás. Muchos de los comisionados y candidatos tienen graves señalamientos de corrupción. Aquellos que realmente tienen proyección humana, personas que son socialmente comprometidas, no cometerían los actos de corrupción que se ven en algunos postulantes”, dijo el analista. 

Resalta que estos aspectos se desvalorizan y le asignan apenas dos puntos en contraste con los hasta 59 puntos que se otorgan a la experiencia profesional. “Esto es, en mi opinión, una forma de evitar controversias entre los comisionados y no enfrentarse a la realidad de quiénes son los candidatos»​, señaló.

Según las voces de expertos, las tablas de gradación, en su estado actual, no garantizan un proceso de selección justo ni adecuado para que exista una verdadera renovación de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones. Coinciden en que sin un cambio profundo en estos criterios, el proceso de selección corre el riesgo de seguir reproduciendo prácticas que afectan la independencia y calidad del sistema judicial en Guatemala.

Conoce los puntos exactos que otorgará cada aspecto: