Los intentos del nuevo gobierno por buscar la aprobación de un estado de emergencia para atender las cada vez mas frecuentes emergencias que surgen del colapso de la infraestructura vial y los efectos de las copiosas lluvias que afectan a población viviendo en zonas de alto riesgo por situación de pobreza, son y han sido una constante a lo largo de las últimas décadas.

La oposición política que hoy se niega a decretar un estado de emergencia se auto recetó largos periodos de excepción en los desgobiernos de Morales y Giammatei, abusando de dicha figura injustificadamente pero de gran beneficio para contratar obra sobrevalorada y de mala calidad so pretexto de atender las emergencias.

Si viviéramos en un país civilizado políticamente lo lógico sería que el liderazgo político discutiera un modelo de ejecución de gasto más eficiente y expedito asegurando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas igualmente efectivos, tomando en cuenta que el país de hecho vive en un estado permanente de emergencia.

Pero tanto en normalidad como en emergencia el gasto público se realiza en condiciones de opacidad y corrupción. Los políticos hacen a un lado y rehuyen el debate de temas centrales de la vida nacional, buscando únicamente atajos para salir de la crisis inmediata.

Guatemala encabeza la lista de países con mayor riesgo de desastres y crisis humanitaria del mundo, y en consecuencia debería contar con un sistema de respuesta adecuado a esa condición. Vivir en estados de excepción cuando a los diputados les convenga, es igual a vivir enfocados en los efectos y no en las causas del problema.

Recuerdo que hace años cuando se registró la tormenta Stan, hicimos propuestas para modificar la ley de contratación buscando que tuviera un apartado específico para las situaciones de emergencia derivadas de catástrofes naturales. Esta propuesta como otras para actualizar la ley de Orden Público que data de 1965 y desde la cual también se podrían crear mejores condiciones para enfrentar las crisis derivadas de los fenómenos naturales, tampoco han sido atendidas por las distintas legislaturas.

Así las cosas seguimos pagando un alto costo cada año que se presenta un desastre natural ante la escasa o nula capacidad de reacción y respuesta de los gobiernos de turno, aún gozando de un estado de excepción. Como efecto directo de la combinación de corrupción y desastre natural, en la actualidad Guatemala tiene bloqueadas las principales rutas que conectan con puertos y fronteras, afectando severamente la actividad económica ante el colapso de la infraestructura vial que conecta con esas arterias económicas.

La ceguera y ambición extractivista de la mayoría de la clase política del país constituye desde años el principal obstáculo para el desarrollo nacional. Nuestros mayores desastres no son los causados por la naturaleza, son la desidia y la incapacidad de nuestras élites de dotarnos de sistemas funcionales frente a los desafíos y riesgos que enfrenta el país ahora y en el futuro.