El canciller Morales hizo viajes diversos para criticar a la CICIG en foros y gobiernos mientras en el país se elevaba la pobreza extrema y los casos de desnutrición. Él se ufanó al abrir tres embajadas más, en India, Turquía y Australia, las dos últimas sin importancia comercial para el país. Eso reflejaba la crisis moral e interna del Estado guatemalteco con embajadas sin metas, con diplomáticos de escritorio, casi todos amigos o parientes de políticos oscuros, la mayoría sin preparación, pues la ley permite que un bachiller sea diplomático. Guatemala era el único país en América Latina sin academia diplomática formal, lo que permitía la entrada de políticos y parientes de políticos en el servicio exterior sin mayor preparación a los cuales, pasados unos años, se declaraban “de carrera”.
El Plan de Prosperidad para el Triángulo Norte de Biden para estimular el desarrollo de 2016 a 2020 para Guatemala, El Salvador y Honduras fue una respuesta ante la amenaza a la seguridad de Estados Unidos contra el crimen organizado incrustado en los países del Triángulo Norte. La grave crisis humanitaria… (de) los migrantes irregulares puso en evidencia la urgencia de atender los problemas y desafíos de estos tres países, particularmente de Guatemala”, dijo el vicepresidente. Ante la ineficacia de esos tres países en dar desarrollo social a los grupos vulnerables, EE. UU. se propuso dar ayuda emergente para atender el desarrollo social y político para evitar la explosión potencial demográfica que traspase sus fronteras por falta de seguridad y trabajo en sus países. “En el Triángulo Norte hay un modelo que ya fracasó, porque concentra la riqueza y porque es inevitable que el éxito de los grandes grupos empresariales vaya mermando ante el deterioro de su entorno, y, lo más grave, es que los rasgos de un capital criminal empiezan a articularse con los capitales legales”, precisó Biden. Es decir, la colusión entre las “familias” de la élite y los narcos. “Como resultado de ello, en el Triángulo Norte se concentran los índices más bajos de desarrollo humano de toda América Latina, los mayores niveles de violencia social y homicidios del mundo”, concluyó.
Cuando el presidente Pérez se opuso a renovar la permanencia de la CICIG con el apoyo de sus cancilleres primero Fernando Carrera, luego Carlos Raúl Morales, vino el enojo de la Casa Blanca y la presión para que desistiera de ello. Pérez hizo toda su carrera en el área de inteligencia militar y sus integrantes eran parte de su presidencia. Ese grupo formaba una estructura paralela que tenía capturado el Estado clientelar, corrupto y mafioso desde hacía años. El CACIF apoyó a Pérez Molina en medio de manifestaciones masivas en su contra.
Era urgente para Biden atender al Triángulo Norte y propuso triplicar la ayuda a los tres países que él consideraba, sic, estados incapaces y corruptos, cooptados que no perseguían a los narcos y a sus colaboradores en altos puestos del Estado. Por eso los analistas estiman que la CICIG, al procesarlos, estaba devolviendo la soberanía al pueblo. La presión externa y local fue tan grande que Pérez Molina prorrogó el mandato de la CICIG con apremios de Washington. En abril de 2015 la CICIG capturó a muchos integrantes de la red La Línea, cuya raíz estaba en “La Cofradía”, dirigida por generales en retiro, que desfalcaba desde hacía décadas los ingresos aduaneros, e incluía al mismo Pérez Molina. Ello causó gran revuelo y manifestaciones que concluyeron con la renuncia primero de Baldetti y luego la de él, y la llegada del derechista Alejandro Maldonado como presidente interino.
Entretanto, la Casa Blanca solicitó mil millones de dólares al Congreso para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, pero nunca fluyó por ese monto.
El presidente interino Maldonado Aguirre en 2015 criticó la gestión de la CICIG y mantuvo a Morales de canciller para expresar la misma opinión, a pesar que más del setenta por ciento de la población aprobaba las labores del comisionado Velázquez. Al poco tiempo Jimmy Morales ganó las elecciones presidenciales y abanderó las reformas a la Constitución Política que promovía la CICIG. Pero luego que esta investigó a su hijo y hermano por corrupción (con pruebas dadas por la mafia para distanciar a Morales de Velásquez), Jimmy Morales se unió a los partidos y al CACIF para atacar a la CICIG. Además, destituyó a varios funcionarios recomendados por EE. UU. al inicio de su gestión, entre ellos el honesto ministro de Gobernación Francisco Manuel Rivas. Y puso en su lugar a personajes leales a “La Cofradía” y al CACIF como el nuevo Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, quien al militarizar la seguridad pública, entorpece a las investigaciones de la CICIG, al retirarle los agentes de la Policía asignados a la Comisión con el objetivo que no pudiera capturar a sospechosos. Así el gobierno y magnates y militares en activo y en retiro le hicieron la guerra Velázquez, al procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que defendían el estatuto legal de la CICIG.
