La democracia y la propia Constitución fueron viajando a contrapelo del modelo económico que hoy hace aguas. El viraje político pretendía mayor participación, igualdad y un ambiente de mayores derechos económicos y sociales, saliendo de una cruenta guerra civil. Pero la ideología mercantilista soñaba con las privatizaciones, los monopolios y el dominio de la esfera privada sobre la estatal. Los excesos terminaron en corruptelas burdas como el caso que hoy comentamos: Puerto Quetzal.
Desde inicios de los gobiernos democráticos ya se divisaban esas grandes contradicciones. Sólo así se explica la sorprendente amasamiento de capital hoy en día de los primeros funcionarios ventajistas que estuvieron en contacto con los grandes operarios de la nueva ola tecnológica: la de las telecomunicaciones y el mundo digital. Así, la simple venta y reserva de aire de frecuencias se convirtió en el gran negociazo. Y estas cosas, hasta en los ambientes diplomáticos se hace mutis; a pesar de que diversos acuerdos comerciales plantean la ética y la competencia de mercados, entre otras cosas.
El nuevo aire de negocios y gobiernos civiles tuvo su época de oro en la era Arzú, con la introducción de figuras jurídicas en negocios públicos poco conocidas por nosotros los mortales; pero muy afines al ambiente de los encopetados bufetes legales, que han estado más que presentes asesorando en el círculo íntimo de los negocios transnacionales y estatales. Nos referimos a figuras como la de los usufructos onerosos y el patrimonio unitario, con el cual se descremó Guatel, pasando a TELGUA, con una empresa de cartón como vehículo, de nombre Luca, S.A. (abreviatura de Los Únicos con Agallas, según su fundador.). El patrimonio unitario incluso se introdujo en la Ley de Contrataciones, deformándola completamente en su espíritu.
Y lo mismo se hizo con FEGUA, en un lío que ha pasado por una lesividad, un arbitraje internacional y continúa tan campante; es decir con una figura del derecho privado, un usufructo oneroso, movido por una Sociedad Anónima, llamada Ferrovías, que subsiste ahora bajo la forma de una empresa mixta, haciendo negocios a diestra y siniestra; bajo una caparazón de Derecho Privado y transacciones mercantiles. Incluso sin registro ni transparencia de Guatecompras y portales por el estilo.
Ese modelito organizativo de sociedades anónimas metidas en grandes negocios públicos llegó a su entropía en la era del Partido Patriota, que al final era una facción no muy alejada de los modelos económicos prevalecientes, y con un militar de los tiempos de la paz. Y así se concibió la Terminal de Contenedores y el negocio a dedo con la Terminal de Contenedores de Barcelona.
El negocio se concretó, y fue movido por una negociación paralela de pagos bajo la mesa, perfectamente documentados e investigados por CICIG en 2016. Toda la motivación estaba empujada por 24 millones de dólares, que serían repartidos entre sindicalistas, juzgados escuintlecos – coludiendo con al menos un magistrado de la Corte Suprema de Justicia-, negociadores argentinos, y quizás españoles… Y la pareja presidencial que sería la de la mayor tajada. Y todo ello maquinado bajo la ingeniería financiera del tristemente famoso Mago Chevez y su Casa de Cambio, que cobró jugosas comisiones.
Resulta ser que los criminales de cuello blanco no visualizaban a finales del 2011, cuando ganaron la elección general, que vendría al país un tal Iván Velásquez; y que al tenor de escuchas e indagaciones de coimas por aquí y por allá, fueran encontrando una verdadera caja de Pandora de negocios opacos. Y es entonces que salió a la luz que no era tan sólo la figurita jurídica esa del usufructo la que andaba torcida, sino los pagos bajo la mesa, tipo Oderbecht.
El 15 de abril del 2016 un comunicado de CICIG develó un nuevo caso de corrupción, acusando no sólo a los altos mandatarios del Ejecutivo, sino a otras 15 personas más, sindicados de: contrato irregular y sobornos.
Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal estando dentro del mismo el mago Chevez, Angel Pérez Maura, Gustavo Martinez, Allan «el morboso» Marroquín, y por supuesto Juan Carlos Monzón, operador de todas esas transas. Y a la vez se estructuró un cronograma de pagos bajo la mesa de 24 millones de dólares, gracias a la donación a dedo de terrenos estatales portuarios a la empresa TCQ. Y por supuesto en el negocio fueron cayendo jueces, magistrados y procuradores de la nación. Estos últimos son parte de los protagonistas de la justicia aún capturada en el país, apoltronada en el Colegio de Abogados y en todas las magistraturas.
Recordemos además que la ahora famosa TCQ era la filial guatemalteca de TCB, la Terminal de Contenedores de Barcelona, que ha venido batallando en los ambientes internacionales, ante las acusaciones claras de corrupción en su contra. Resulta lógico así que un remedo de concesión de ese tipo tenga toda clase de incertidumbre, y merma de planes de inversión. Pero lo más preocupante es la amenaza de un nuevo intento de saqueo, ante la incertidumbre actual del proyectito corrupto. Pero de ello hablaremos en otra oportunidad.
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