La legitimidad para gobernar ya es presente, no es una esperanza a futuro. Bernardo tiene la vara de mando. En una democracia la legitimidad proviene de las urnas y del mandato que el soberano le ha dado para gobernar y llevar a cabo sus promesas electorales. También goza de la legitimidad de nuestra historia y del pueblo que lo apoya porque encarna el sueño colectivo de tener un Estado cuya brújula sea hacer el bien común. El espíritu de la década de la primavera democrática de 1944 a 1954 ha renacido este año en medio de la oscuridad. También tiene la legitimidad filosófica y el reconocimiento de la autoridad que emana del voto y se concretiza en el ejercicio del poder: Según Jean-Jacques Rousseau la legitimidad la otorga la voluntad general de los sometidos al gobernante. Para Norberto Bobbio implica hacer justicia o razonabilidad al tomar una decisión. Es un gobernante que ha ganado el consenso y se le reconoce como legítimo, y, así, tiene adhesión social. La legitimidad abarca las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal. Esa legitimidad si bien la obtuvo en las urnas como se dijo también viene del anhelo del inconsciente colectivo que añora a su padre y al mismo Jacobo Árbenz, un inconsciente colectivo que ha pasado de generación en generación junto a su filosofía política social del bien común. Juan José Arévalo era seguidor del filósofo y pedagogo alemán Rodolfo Eucken, moralista que exalta la personalidad y le sirvió de meditación y de ensueño, pensando en Guatemala en su destierro antes de ser presidente.

Al igual que su padre, Bernardo enfrentó un Estado con rasgos autoritarios al mando de un grupillo de politicastros que controlaba los tres poderes durante el gobierno de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Como reacción a ese autoritarismo mafioso emergió la lucha popular por la democracia por medio de los votos y manifestaciones masivas hasta que en enero, Bernardo asumió la presidencia pese a los obstáculos interpuestos por el sistema oscuro. Él y el pueblo lucharon contra esa estructura que cooptó el Ejecutivo, el poder judicial y el Congreso bajo la dirección de Giammattei, afectando la libertad y el desarrollo. Esa mafia era rechazada por la población tras una larga historia de injusticias y apoyó la lucha de Bernardo contra la impunidad que gozaban los funcionarios, diputados, ministros, gerentes de entes públicos, alcaldes y jueces que han ejercido sus cargos de manera ineficaz y oscura, ajenos al interés común. Aún quedan los reductos del absolutismo en el Congreso, en las cortes, en los ministerios, en la fiscalía… con sus tentáculos dispuestos a darle zarpazos a Arévalo en cualquier momento y al Estado de Derecho. El presidente, con la legitimidad que le dieron las urnas, ha mandado al Congreso una iniciativa de ley para que despeje el escollo para poder despedir a la jefa del Ministerio Público que no ha cumplido sus funciones de perseguir a variedad de delincuentes disfrazados de políticos, diputados, jueces y fiscales, donde la igualdad ante la ley no existe. Los del “pacto” no respetan la legalidad ni la transparencia procesal como recién se ha visto con la liberación de los corruptos Sinibaldi, Alejos, Ubico y otros con manifiesta parcialidad a su favor. Empero, varios de ellos se declararon confesos de sus delitos, pero fueron liberados por los jueces y fiscales venales que sustrajeron las pruebas sustantivas, mientras el MP miraba a otro lado persiguiendo a honestos fiscales, jueces y periodistas, e incluso al Presidente Arévalo y su partido Movimiento Semilla.

Ese grupo del pacto de corruptos desconoce los principios interconectados que constituyen el ideal del imperio de la ley, un pacto que da excepciones contrarias al debido proceso, que usa la formalidad en una forma arbitraria y subjetiva de parte de los que administran justicia. Ello ha vulnerado el imperio de la ley. Por tanto, es legítima la lucha para que se restablezca el pleno Estado de Derecho y vuelva la legalidad al sistema judicial con un nuevo fiscal, con una renovada y limpia Corte Suprema para que sea una realidad la división de poderes y, así, se afirme nuestra democracia y la justicia.

Entretanto, el presidente Arévalo goza de legitimidad múltiple para hacer respetar la Constitución y racionalizar la función del Estado en favor del bien común y la justicia. Como se dijo, tiene todo el derecho de despedir a los empleados que no cumplen sus tareas, aunque se crean superiores a la Constitución como la jefa del Ministerio Público, cuya renuncia exige el pueblo soberano hace meses, renuncia que el presidente le pidió conforme su promesa electoral. El presidente sí tiene la potestad de despedirla con la Constitución en la mano, pero ha decidido el justo medio: pedir al Congreso que elimine la normativa ordinaria que le veda destituir a la fiscal y, tras ello, podrá hacer realidad este cambio como clama la nación. ¡Viva Arévalo!