“La renuncia del ministro, en este contexto, no debería ser vista como una derrota personal sino como una manifestación de la falta del apoyo sólido del Ejecutivo”

Tomar posesión de un ministerio en un país marcado por la corrupción es, sin duda, un desafío monumental. No importa quién lo haga, si no se es un esbirro de los corruptos, un nuevo ministro de Comunicaciones se enfrenta a una de las carteras más complejas y viciadas de la administración pública, donde el pasado está plagado de escándalos y el desvío de fondos ha dejado a la infraestructura nacional en un estado deplorable. Es indiscutible que la sombra de gobiernos anteriores, que utilizaron este ministerio como un feudo personal para beneficiar a financistas de campaña y otros con intereses puntuales en el “negocio” de la política, pesa sobre sus hombros. En los últimos tiempos, este círculo vicioso se enriquece con la protagónica paticipación del narco, enraizado en las corporaciones municipales y en el “honorable” Congreso de la República con sus narcodiputados contratistas del Estado, –lavadores de dinero sucio–.

Hablemos del último de los ministros. Desde su llegada, las críticas han sido incesantes. La escasa ejecución de obras, en comparación con sus antecesores, ha exacerbado la frustración de una población que observa impotente el deterioro de las infraestructuras esenciales. La realidad es que al intentar llevar a cabo los proyectos, el ministro se encuentra atrapado en un círculo vicioso: ejecutar es seguir el modelo histórico y significa perpetuar la corrupción, mientras que no hacer nada; intentando descifrar y limpiar esta cloaca, lo convierte en blanco de ataques de quienes ven en un gobierno “no corrupto” un obstáculo para sus intereses. Conozco a Félix Alvarado desde hace ya un buen tiempo; en ocasiones, crítico de mi sector y específicamente de mi persona. Su análisis, puntual y estudiado, es siempre incómodo para el “establishment”. Si alguien posee un buen diagnóstico de Guatemala, –pasado, presente y futuro–, es Alvarado.

El dilema es evidente: avanzar significa aceptar las reglas del juego de un sistema que ha demostrado ser cancerígeno, mientras que la inacción, en una cratera que requiere de una intervención quirúrgica, lo coloca en la mira de los «buitres» que acechan cualquier oportunidad para desacreditarlo. La presión es abrumadora, cada decisión se convierte en una prueba de fuego. Las deudas de arrastre y los litigios por obras inconclusas o mal ejecutadas son un lastre que impide cualquier intento de sanear la cartera, y el miedo a las consecuencias de una intervención estatal efectiva se cierne como una espada de Damocles.

La renuncia del ministro, en este contexto, no debería ser vista como una derrota personal sino como una manifestación de la falta del apoyo sólido del Ejecutivo. Cada vez se pone más en duda si este gobierno es incapaz o simplemente carece de las agallas necesarias para empezar a enfrentar a los corruptos; o quizas, ambas. La percepción de que el gobierno no respalda a quien intenta romper con el pasado, evidencia que las ambiciones de cambio se ven socavadas por la falta de coraje y determinación para combatir el sistema perverso. La historia de esta cartera está marcada por la escasa solvencia de quienes la han dirigido, y el actual ministro (espero que siga solvente) no pudo con el monstruo de mil cabezas.

Es un momento crítico, donde la falta de acción puede interpretarse como una rendición ante un sistema corrupto que ha prosperado durante años. La pregunta que queda en el aire es si el nuevo liderazgo que asuma la cartera podrá, a pesar de las adversidades, forjar un camino hacia la transparencia y la integridad, o si, por el contrario, se convertirá en un nuevo eslabón en la cadena de complicidades que han mantenido a la nación en un ciclo de corrupción interminable. La tarea es titánica, y el tiempo es un factor que juega en contra. O se muere o se perpetúa. ¡A ver cómo le va al próximo…!