Guatemala está ávida de resultados que reviertan la racha de gobiernos corruptos y mediocres que han dominado la escena política nacional en lo que va del siglo XXI para no ir más lejos. Basta con darle un vistazo a los indicadores más comunes con que se evalúa un país, para confirmar que nos movemos en un pantano político que nos hunde sostenidamente.

Somos el país que encabeza el índice de pobreza de toda América Latina con un porcentaje superior al 50 ciento de la población viviendo en esa condición, superando incluso un Estado fallido declarado como Haití. En corrupción ya estamos entre los cinco países con más baja puntuación en el Índice de Percepción con 23 de 100 puntos. Otros indicadores sociales e institucionales muestran resultados similares a la baja. La correlación entre pobreza y corrupción domina el esquema y arrastra el resto de indicadores.

Por eso el gobierno entrante debe ser pragmático y apostar por victorias rápidas que rompan el ciclo vicioso e ineficaz de las administraciones pasadas. Actuar sobre las variables que influyen en el crecimiento de la pobreza y la corrupción es el primer paso para sanear una estructura de gobierno dominada por incentivos perversos.

Dado que el gasto público está secuestrado por redes de corrupción expertas en ordeñar el presupuesto nacional, la primera tarea es liberar los recursos de esa captura para que los mismos sean dirigidos a cumplir tarea básicas del Estado que han sido abandonadas.

Actuar sobre la ineficiencia es la primera tarea de cualquier política anticorrupción. Este objetivo se logra con dos acciones inmediatas: abolir los rubros y bolsones de gasto que alimentan la corrupción y detener la hemorragia de recursos robusteciendo el sistema de compras y contratación pública.

Haber actuado sobre estas variables hizo posible que países como República Dominicana y México hayan revertido la tendencia a la baja en el índice de percepción de corrupción siendo un caso emblemático el de la isla caribeña. En tan solo un periodo de gobierno de cuatro años remontó 7 puntos algo nunca antes visto en nuestra región.

Lo logró creando unidades anti fraude basadas en evidencia y robusteciendo su sistema de compras y adquisiciones para la detección temprana de compras dirigidas e innecesarias. También cuentan con una procuradora (fiscal) que persigue a peces gordos de corrupción y que se ha ganado una reputación intachable de independencia e integridad. Ministros y altos funcionarios acusados con evidencia no gozan de la protección que solían tener en administraciones anteriores.

Como resultado la imagen país de República Dominicana se ha visto favorecida con mayores niveles de inversión y confianza de los agentes económicos afianzándose ya como la séptima economía de América latina.

Guatemala y el nuevo gobierno no tienen porque inventar el agua azucarada. Basta con reconocer los méritos y resultados alcanzados por vecinos de nuestra región para darse cuenta que salir del Titánic de la corrupción es posible y viable en un corto periodo.