Somos muchas… la población guatemalteca en su mayoría está conformada por mujeres. La
violencia, de cualquier tipo, pero en especial la sexual, en contra de las niñas, adolescentes y
mujeres tiene repercusiones graves en sus proyectos de vida, embarazos no deseados, suicidios,
autoagresiones, ansiedad, angustia, depresión, fobias, alteraciones del sueño, delirios,
agresividad, frustración y discriminación.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, ha manifestado
su preocupación sobre los pocos avances en materia de legislación no discriminatoria en
Guatemala, asimismo por la no incorporación de términos amplios en pro de la no
discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes; no han habido reformas que
introduzcan conceptos amplios sobre el derecho a la no discriminación conforme a los estándares
establecidos en el artículo 1 de la Convención de la CEDAW. Asimismo, persisten leyes
discriminatorias hacia las mujeres y niñas. No se han introducido en la tipificación penal
(artículo 202 Bis del Código Penal) modificaciones para sancionar la discriminación basada en el
rechazo por ser mujer, orientación sexual, identidad de género, discapacidad por lo que la
discriminación múltiple que viven las niñas y mujeres persiste.

En materia de protección de niñez y adolescencia, la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia, ha quedado rezagada en muchos aspectos, en 2017 se impulsó la iniciativa de ley
5285 denominada “Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia”, la cual pretendía introducir una institución de alto nivel para la coordinación de
políticas públicas de protección integral en la cual se incluían a múltiples actores con distintos
niveles de participación; sin embargo la misma no ha sido aprobada a la fecha, pese a las
distintas enmiendas y discusiones en mesas técnicas, es por ello, que la Procuraduría General de
la Nación continúa representando a la niñez y adolescencia en los procesos de protección
especial, lo cual hace contrasentido pues también representa los intereses del Estado. Tampoco
ha habido reformas a la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.

Especialmente significativos, son los retrocesos en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, porque dentro de la sociedad guatemalteca persiste una
corriente conservadora que no permite que haya avances con discursos que pretenden generar
polarización en la sociedad, ya que cualquier cuestionamiento realizado por defensoras de los
derechos de las mujeres, es tildado de pretender imponer una “ideología de género” para dividir
al país e incluir agendas “extranjeras” en contra de la soberanía, tal y como lo escuchamos esta
semana en el hemiciclo cuando el diputado Guillermo Barragán de VAMOS, se quejó de que
“hablaran de género y sexualidad” en el colegio al que asisten sus hijos.

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se impulsó la Política Pública de Protección a la
Vida y a la Institucionalidad de la Familia 2021-2032 la cual reconoce únicamente como familia
a parejas heterosexuales, discriminando a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y las
intersexuales, tanto en la esfera pública como privada. Ve a las niñas y mujeres como
proveedoras de recursos económicos.

Esto es relevante y no debe quedar fuera de lo que el nuevo gobierno debe abordar, no puede
continuarse sosteniendo una política como la indicada, la cual es hondamente conservadora y
discriminatoria, que sostiene estereotipos y prácticas no acordes a los estándares internacionales
en materia de protección hacia niñas y mujeres.

La violencia contra la mujer, especialmente contra las niñas y adolescentes no ha decrecido.
Según datos recopilados por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, de enero a marzo
de 2024, se han registrado 470 nacimientos cuyas “madres” tienen edades de 10 a 14 años. Estos
datos revelan que la violencia contra las niñas y adolescentes es un fenómeno que ha ido en
aumento lo cual es preocupante porque no existe una política pública que aborde de manera
integral la problemática de manera adecuada.

La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas regula que siempre se
comete el delito de violación cuando la víctima es menor de 14 años, dejando de lado que en
muchos casos las niñas mayores de 14 años, por su idiosincrasia, pertinencia cultural, bajo o nulo
nivel educativo, desnutrición, entre otras situaciones de vulnerabilidad, no han logrado
desarrollar sus capacidades mentales y emocionales como para poder decidir acerca de su
sexualidad.

Muchas mujeres y niñas desconocen sus derechos sexuales y reproductivos, y en el despertar a su
sexualidad éste se ve caracterizado por la naturalización de la violencia, la apropiación de sus
cuerpos, el control y la limitación a su autonomía, circunstancias éstas que fortalecen el continuum de violencia. Por ejemplo, no considerar que haya violación porque una niña ya tiene 14 años y suponer que las relaciones sexuales han sido consensuadas, es un estereotipo que existe en la sociedad y peor aún, en las judicaturas que conocen los casos de violación, lo que tiene consecuencias nefastas porque o no se denuncia o bien se tipifica como agresión sexual cuando es violación, con lo cual quedan impunes muchos casos.

Y si somos muchas y estamos enojadas, porque la discriminación y la violencia no se han
abordado de manera integral contexto que este gobierno debe abordar con prioridad y urgencia.