Un evento que sucede con la mayor costumbre en el mundo civilizado ha hecho sonar las alarmas de dos organizaciones gremiales importantes: el Colegio Médico y el de Farmacéuticos. Y ambos se pronuncian en contra de la iniciativa que aprueba el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, actualmente en discusión en la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso.

Según lo informa tal comisión, el espíritu de la normativa es prohibir a los médicos prescribir a sus pacientes en las recetas médicas la marca comercial de los medicamentos, y sustituirlo con el componente activo. Y ello resulta ser un requisito fundamental de la competencia de mercados, muy adversada por cierto por las grandes droguerías y cadenas farmacéuticas del medio.

Resulta que ello sería además un adecuado ingrediente para contar con unas finanzas públicas más sanas, debido a que la Corte de Constitucionalidad y los tribunales de trabajo, entre otros, se verían imposibilitados para recetar marcas onerosas, y de mucho lobby político, que están drenando a la vez las finanzas públicas y las del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-.

El tema de recetar el principio activo es algo de lo más usual en países civilizados, como es el caso de Chile, o los propios Estados Unidos de América. Y usted estimado lector lo ve constantemente en las películas: cuando un personaje afectado por una enfermedad dramatizada en el film; abre su gabinete de baño, y encuentra los frasquitos plásticos amarillos, con tapadera blanca, generalmente, de donde salen medicamentos incorporados por un despachador bien calificado en la farmacia cercana al domicilio. Vale indicar que en las farmacias debe existir personal calificado que aconseja a los pacientes. Así es en Costa Rica, por ejemplo, en donde se hace cola para consultar al o la Licenciada en Farmacia, que es quien regentea en el mostrador, y no sólo atrás en escritorios, otorgando licencias comerciales.

Ello será fundamental para la economía popular, teniendo en cuenta que Guatemala es uno de los países de América Latina que mayor gasto de bolsillo en salud; es decir, gasto proveniente de un médico privado dado que se cuenta con una cobertura risible en materia de seguridad social.

El tema obliga además al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al propio IGSS a trabajar con mejor farmacovigilancia y seriedad en el ejercicio de los denominados medicamentos de síntesis química. Es decir, en el tema de los genéricos, que por ejemplo salvaron la vida de millones de almas en el África subsahariana cuando se desató la epidemia del SIDA.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud –OMS– el equivalente farmacéutico debe satisfacer los mismos estándares de calidad, eficacia y seguridad que el producto original innovador. El genérico incluye un principio activo ya conocido -nos dicen los científicos de la OMS- y que ha sido previamente desarrollado e inventado por otros.

Resulta entonces vital aquí revolucionar el tema de las patentes médicas, incluso lo negociado bajo las cláusulas de diversos acuerdos de libre comercio que, de no estar ojo al cristo el país negociador, se imponen una serie de restricciones monopólicas incluso leoninas.

Diferentes países de avanzada – por ejemplo, el Ecuador en tiempos de Rafael Correa- diseñaron avanzadas políticas de medicamentos, que incluso consideran las licencias obligatorias que resultan ser permisos que otorga el gobierno para que un tercero pueda producir, vender o importar un producto o proceso patentado. Ello se hace sin el consentimiento del titular de la patente, pero pagando derechos de uso. Resultan ser estas una excepción a las reglas cuasimonopólicas de la propiedad intelectual; y esa facultad está incluso reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y por ende por la Organización Mundial de Comercio -OMC-.

Resultaría sabio y conveniente que en el seno del Congreso de la República y en las discusiones que aún se tienen para aprobar esta importante ley, se invite al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a diseñar y aprobar una nueva Política de Medicamentos, dado que la decretada en tiempos del giammatteiatto es toda una caricatura de política sin ningún reforzamiento institucional ni visión regulatoria en pro de la economía del hogar.

¡Bienvenida entonces la Ley de Acceso a Medicamentos!