La resolución de la CC, tras la acción de inconstitucionalidad parcial planteada por el CACIF, implica un golpe fuerte a varias bandas, incluido el ejecutivo, diputados (especialmente los distritales), alcaldes, organizaciones comunitarias, pensionados del estado y exmilitares, en especial.

Los artículos declarados inconstitucionales, son: a) Art. 118, relativo a la ampliación del presupuesto por Q2 mil millones; b) Art. 130: asignación para cubrir el desfinanciamiento del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado; c) Art. 135. Ampliación de Q5 mil millones a los CODEDE; d) Art. 137. Ampliación de la Ley Temporal de Desarrollo Integral (pago a veteranos del ejército), por Q300 millones.

El ejecutivo depende de los recursos incluidos en los artículos que ahora no se podrán implementar, como columna vertebral de buena parte de los resultados esperados del año (y de la gestión en general). El ansiado incremento de los recursos para las inversiones públicas en los territorios, deberán esperar nuevos aires; quizás un nuevo articulado que supere las falencias. Alcaldes y organizaciones comunitarias como los COCODES serán los actores responsables de accionar y poner presión al Legislativo. Si el escenario de relacionamiento entre gobierno central y las municipalidades es tenso, la decisión de la CC solo hará crispar más los ánimos.

Cabe destacar la importancia de esos recursos para los diputados distritales. Aunque los diputados de Semilla insistan en considerarse como los hacedores del incremento a los Consejos Departamentales de Desarrollo, los beneficiados políticos y económicamente, son los legisladores que representan los distritos. Sus negocios y relaciones clientelares son los incentivos que están detrás de lo aprobado. Ahora que la medida toca lo más preciado, esperemos sus reacciones.  Seguro lo olvidarán quiénes fueron los actores que presentaron el amparo y a quiénes lo aprobaron.

Si bien la asignación de los CODEDE por más Q5 mil millardos generaron importantes cuestionamientos de diversos sectores, incluidos centros de investigación, en caso de no corrección en el corto plazo, el escenario puede tomar combustión. Es claro que ese bolsón de recursos apunta a la opacidad.

Ante semejante braza caliente, tocará intentar recomponer el asunto; pero el estado actual en el Congreso dista de ambiente prevaleciente en noviembre 2024. Ahora, las capacidades de conducción se han debilitado, el presidente de ese organismo es centro de fuertes críticas y, además, los principales bloques están en plena fase de fraccionamiento. Para ajuste de penas, el bloque oficialista seguirá como actor de animación, y no podrá entrar a la cancha principal.

Las reacciones frente a los efectos de la resolución de la CC no se harán esperar, ya que cada uno de los artículos tiene relación con actores de extrema sensibilidad, tal es el caso de los pensionados del estado y los exmilitares. ¿Habrá medido el CACIF los extremos de su accionar? Probablemente eso poco les importe. Al final de cuentas, la administración de las consecuencias corresponde a los actores públicos. La medida, además de intentar corregir falencias, representa fuerte golpe a una administración que tiene poca capacidad de contener y administrar los riesgos. De no encontrarse canales adecuados para paliar el asunto, es probable que alcaldes, exmilitares y personas de la tercera edad, como actores afectados, eleven sus voces para la corrección de la ruta. En caso contrario, el nuevo año presagia aires huracanados.