En 2017 Kellyanne Conway, asesora del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empleó la expresión “hechos alternativos” durante una entrevista con Chuck Todd en el programa “Meet the Press” de NBC. El término surgió en el contexto de una discusión sobre la cantidad de asistentes a la inauguración presidencial de Donald Trump. Chuck Todd cuestionó a Conway sobre por qué el entonces Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, había dado información incorrecta sobre el tamaño de la multitud en la ceremonia de inauguración de Trump. En respuesta, Conway defendió a Spicer diciendo que él estaba presentando “hechos alternativos”. Este es uno de los momentos claves que dieron impulso a los discursos actuales de la posverdad que funcionan de manera burda y evidente en la derecha y el fascismo y de modo más sutil y sofisticado en el liberalismo y el neoliberalismo.

Desarrollar una posición crítica hacia las recientes elecciones en Venezuela que se distancie tanto de los “hechos alternativos” de la derecha neoliberal agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y apoyada por Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) como de las simples declaraciones oficiales del régimen de Maduro, su Polo Patriótico y sus ingenuos/as repetidores/as por toda Latinoamérica requiere una comprensión histórica y socialmente profunda de la realidad venezolana. Desde una perspectiva crítica, especialmente desde un enfoque gramsciano, es fundamental centrar la discusión en las fallas hegemónicas tanto del chavismo como del neoliberalismo, la reconstitución de una sociedad civil neoliberal junto a colectivos chavistas subalternistas y el imperativo de demandar un cambio tanto político como económico y ecológico que beneficie a las mayorías subalternas más excluidas del proceso, sin contribuir más a la destrucción del medio ambiente y la crisis climática.

Un académico especialista sobre Venezuela como Steve Ellner ofrece un análisis profundo sobre el contexto histórico y político de Venezuela, centrándose en el desarrollo histórico y significado del chavismo y las dinámicas de clase que han influido en el desarrollo político del país. Más particularmente, Ellner argumenta que el chavismo ha tenido un impacto significativo en la redefinición del socialismo en el siglo XXI. De acuerdo con este análisis, Chávez promovió con mucha efectividad y carisma un “socialismo del siglo XXI” que buscaba alejarse de los modelos autoritarios del pasado latinoamericano y que estaba centrado en la participación popular, la inclusión social y la democracia directa. Para Ellner el fenómeno Chávez implicó articular las ideas socialistas con las realidades contemporáneas de América Latina, abordando temas urgentes e impostergables que fueron siempre ignorados o erróneamente justificados por el neoliberalismo como la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

En un análisis muy agudo publicado ya en 2001, Ellner habló sobre el “potencial radical del chavismo en Venezuela” aunque después del golpe de 2001, como lo apunta recientemente Pablo Stefanoni citando al periodista Marc Saint-Upéry, Chávez avanzó en base a una “mezcla confusa de pragmatismo moderado, promesas de asistencialismo generalizado y retórica incendiaria sin sustento real”, así como en medio de un creciente “caos administrativo debido a una mezcla de inexperiencia y de burocratismo”.

Escribiendo de nuevo en 2010, Ellner argumentó que “un balance de los 10 años del chavismo en el poder refuta tanto la demonización que la oposición hace de él como la descripción optimista que de él hacen los medios oficiales. Vista objetivamente, la experiencia venezolana coincide con la tendencia histórica de las naciones socialistas a obtener puntajes altos en el frente social y mostrar debilidad en cuanto al estímulo de la producción de bienes de consumo.”

Lo importante de Chávez, entonces, fue su papel en el empoderamiento de los grupos subalternos y los sectores más excluidos en Venezuela. Como lo apunta Stefanoni, Chávez fue capaz de implementar políticas sociales asistencialistas y muy expansivas, programas como las “misiones” y el ensamblaje de “comunas” basadas en la idea radicalmente rupturista y emancipadora del “Estado comunal” – explorada ampliamente por Chris Gilbert – gracias a la economía extractivista y “la subida del precio del petróleo de 10 a 100 dólares” que le permitió a Chávez contar con “recursos para implementar abundantes políticas sociales”. Estas políticas sociales, a su vez, le permitieron a Chávez movilizar a grandes sectores pobres y trabajadores de la población dándoles un sentido de participación activa y protagónica en la política del país, así como una capacidad de consumo mayor, como nunca antes lo habían tenido. Esto le daba también cumplimiento exacto a las ideas democráticas centrales de la refundación bolivariana. Sin embargo, el asistencialismo progresista realmente no rompe con los procesos hegemónicos del neoliberalismo, sino que simplemente los suspende o los refuerza. Y más allá usar el aparato extractivista existente para subsidiar el subalternismo, la gestión estatal, particularmente económica y ya no digamos ambiental y climática, del chavismo ha sido en muchos sentidos todo un desastre.

Claro, el empoderamiento de los grupos populares subalternos fue fundamental para ensamblar el apoyo duradero que recibió Chávez y, luego, aunque ya de modo menguante, también Maduro. Pero, por muy progresistas que fueron los nuevos colectivos políticos del chavismo, no fueron suficientes ni representantes autónomos de una contrahegemonía más amplia y, con el tiempo, tampoco lograron romper con el aparato hegemónico neoliberal enraizado en la sociedad venezolana, ese complejo industrial petrolero y sus correspondientes estilos de vida, cultura y consumo que han dominado la sociedad venezolana desde la firma en 1958 del Acuerdo del Punto Fijo entre los principales partidos políticos venezolanos que así consolidaron su hegemonía y se repartieron el poder hasta la revolución bolivariana de Chávez en febrero de 1999. Es obvio que quienes habrían de resultar más dramáticamente afectados por la crisis de esta economía extractivista, ya sea por la incompetencia del chavismo o por las sanciones de Estados Unidos, serían siempre las clases medias y los grupos subalternos más directamente dependientes de esa economía o vinculados a las políticas asistencialistas de la Revolución Bolivariana. Es entre estos sectores donde se ha dado una de las mayores fallas hegemónicas del chavismo.

Es imposible descontar que la hostilidad y guerra económica de Estados Unidos hacia el régimen chavista, incluyendo los gobiernos de Maduro, han sido mucho más económicamente devastadores para los sectores medios y subalternos venezolanos que cualquier error en políticas públicas cometidas por la inexperiencia, asistencialismo y burocratismo del régimen chavista mismo. Es Estados Unidos quien, a través de sanciones y políticas de “promoción democrática”, ha preparado el camino para la organización de una “sociedad civil” neoliberal y una oposición política restauradora desde Enrique Capriles hasta María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El reconocido economista Jeffrey Sachs, cuyo trabajo se centra en desarrollo económico y pobreza, ha sido un crítico severo de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela. En trabajos recientes Sachs ha argumentado que estas sanciones han tenido un impacto devastador en la economía venezolana, comparando su efecto con el de múltiples grandes depresiones. De acuerdo con Sachs el declive económico es comparable al colapso del PIB que experimentaron varios países durante la Gran Depresión de los años 1930. Por ejemplo, entre 2014 y 2020, todos los años en que Maduro ha sido calificado de incompetente e irresponsable, el PIB de Venezuela se redujo en un 75% debido a las sanciones económicas y no al gobierno de Maduro, lo cual es un desplome sin precedentes en tiempos de paz y fundamento económico clave para la formación de la oposición neoliberal al chavismo que culpa exclusivamente al régimen de todos los malestares económicos del país. Un reporte reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirma todo esto:

Venezuela experimenta la recesión económica más severa y prolongada de su historia económica moderna. El país ha perdido tres cuartas partes de su Producto Interno Bruto, produciendo, como consecuencia, una degradación extrema de las condiciones materiales de vida de sus habitantes.

En términos macroeconómicos, la interrupción del comercio internacional, el desplome en las exportaciones petroleras, las restricciones financieras y la crisis de la Covid-19 han debilitado severamente la economía, aumentado las tasas de desempleo, afectando la producción y el acceso a bienes esenciales a los que esas clases medias ha estado siempre acostumbradas. Cada año más y más gente de Venezuela, tanto de grupos medios como de los grupos más pobres y precarios, sale al exilio “buscando protección y una vida major.” Que no sorprenda, entonces, si los grupos medios en pleno proceso de precarización, empobrecimiento y subalternización, para quienes los programas sociales del chavismo nunca han sido suficientes o han sido vistos como instrumentos de hegemonía política y más subalternización, han intentado levantarse varias veces y han participado en varios intentos de golpe contra el chavismo. Aunque se han enfocado en las “equivocaciones, errores y represión” del chavismo y han ignorado el todavía más destructor impacto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, sus agravios no son ilegítimos. No es ninguna exageración decir que para las clases medias las sanciones han contribuido a un aumento significativo del desempleo, la pobreza, el descontento y el rechazo furioso al chavismo.

Es importante destacar la forma en que el gobierno de Estados Unidos, los grandes tanques de pensamiento en el Norte Global como el Centro Carter, la prensa dominante como el Washington Post y la oposición neoliberal venezolana, empleando las técnicas de la propaganda, la posverdad y los “hechos alternativos”, todo parte de la fabricación de los consensos dominantes, repetición de mentiras que se vuelven verdades y muy lejos de la idea del llamado “periodismo científico”, convenientemente soslayan la cuestión de las sanciones económicas. Pero, como ha escrito recientemente Francisco Rodríguez:

Durante la última década, Venezuela vivió la mayor contracción económica documentada en la historia del hemisferio occidental. La implosión tuvo lugar al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos prohibió las compras de petróleo, congeló las cuentas bancarias del gobierno, prohibió al país emitir nueva deuda y confiscó buques cisterna con destino a Venezuela. Uno pensaría que debería ser evidente que cualquier explicación de la contracción económica de Venezuela colocaría las sanciones económicas en un papel central.

Sin embargo, las sanciones desempeñan un papel sorprendentemente limitado en la mayoría de los relatos tradicionales sobre la crisis venezolana. Un reciente artículo de antecedentes del Consejo de Relaciones Exteriores sobre Venezuela mencionó las sanciones sólo de pasada y, en cambio, atribuyó el colapso económico del país a “décadas de mala gobernanza” y a los “peligros de convertirse en un petroestado”. Asimismo, el subsecretario de Estado Brian Nichols desvió las preguntas sobre el impacto de las sanciones a Venezuela afirmando que “la responsabilidad de la situación humanitaria en Venezuela recae directamente sobre los hombros del difunto Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.

La culpa de todo, sin embargo, ha sido siempre asignada al “comunismo” de Chávez y Maduro. En nombre de una cruzada contra dicha amenaza y lo que ella representa para la geopolítica imperial en un mundo crecientemente multipolar, Estados Unidos y la oposición neoliberal venezolana se han aliado y no han descansado un solo momento intentando derrocar por la fuerza el experimento chavista. Ya al inicio del gobierno de Chávez la oposición derechista intentó implementar el golpe de Estado más significativo en 2002, un intento que duró 48 horas y terminó con el retorno de Chávez y su famosa declaración del proceso venezolano como un proceso socialista. Tras el fallido golpe de abril, sin embargo, la oposición continuó buscando formas de desestabilizar el gobierno de Chávez. En diciembre de 2002, la compañía petrolera estatal PDVSA fue el centro de un paro general que buscaba de nuevo forzar la renuncia de Chávez. El ataque duró un año y el gobierno de Chávez tomó el control de PDVSA, despidió a miles de trabajadores que participaron en el paro y retomó el control de la producción petrolera. La muy significativa reelección de Chávez en 2012 fue rechazada como fraudulenta y después de su sorpresiva muerte en marzo de 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia y en 2014 políticos de oposición como Leopoldo López y María Corina Machado buscaron de nuevo forzar la salida de Maduro del poder y lideraron una nueva ola de protestas conocidas violentas como “La Salida”.

Más recientemente, en enero de 2019, Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino de Venezuela con el apoyo y reconocimiento inmediato de Estados Unidos y otros países occidentales. Guaidó señaló por primera vez que estaba dispuesto a plantear un serio desafío al presidente del país a principios de enero, cuando Maduro comenzó su segundo mandato tras las elecciones del verano de 2018 que fueron vistas, como siempre le ha parecido a la oposición neoliberal, Estados Unidos y la OEA, como fraudulentas. El 30 de abril de 2019, Guaidó y Leopoldo López, junto con un grupo de militares, lanzaron una operación para instigar un levantamiento militar, similar a lo que está haciendo hoy de nuevo la oposición liderada por Corina Machado. La operación fracasó en su intento de provocar una rebelión masiva dentro del ejército venezolano y Maduro mantuvo el control del país. Guaidó no logró obtener el respaldo suficiente de las fuerzas armadas, y la situación se estancó en una crisis política prolongada que ha llegado a lo que hoy en 2024 parecer ser un punto de inflexión crítico.

Dados los antecedentes históricos, sociales, políticos y económicos arriba apretadamente sintetizados, recuerdos que hoy relampaguean de nuevo en un momento de peligro, era inevitable que las recientes elecciones en Venezuela habrían de estar marcadas de entrada por una intensa polarización política e ideológica, desconfianza política y cancelación mutua, discursos deliberadamente confusos basados en “hechos alternativos” y el escrutinio e intervencionismo internacional. Para la oposición venezolana el fraude estaba cocinado desde antes de las elecciones porque, desde su perspectiva, el fraude es el chavismo mismo y no simplemente las elecciones. Y para el chavismo, en gran medida, la oposición de derecha es ilegítima simple y sencillamente por representar una fuerza restauradora del neoliberalismo y de todo aquello contra lo que el chavismo ha luchado desde 1999.

Entonces, ¿Quién dice la verdad sobre las elecciones en Venezuela? La derecha neoliberal, que siempre ha desconocido los resultados electorales excepto en 2015, argumenta que las elecciones no fueron transparentes ni justas mientras que Estados Unidos y la OEA han buscado deslegitimar el proceso electoral y han promovido todavía más sanciones que agravan y profundizan la situación ya económicamente desastrosa de las clases medias y los grupos subalternos del país. La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ya tiene una página web donde “asegura tener publicado el 83,5% de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio que evidencian, según este sector antichavista, el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.” El régimen de Maduro, su Gran Polo Patriótico y los medios afines a este proceso sostienen, por su parte, que las elecciones fueron limpias, legítimas, altamente participativas y transparentes y que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene las funciones legítimas de dar a conocer los resultados y las actas oficiales. Aunque han prometido revelar esas actas electorales, sin embargo, seguimos esperando que lo hagan.

Una posición crítica debe rechazar tanto las narrativas mediáticas dominantes de Estados Unidos y la oposición neoliberal, así como cualquier declaración oficial hecha por el régimen de Maduro que no tenga sustento en evidencia pública convincente y corroborable. En esta posición independiente también coinciden los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México. Más allá de esto, aunque las ultraderechas neoliberales nunca se rinden tan fácilmente y en toda Latinoamérica tienen un récord golpista y violento y aunque hayamos apoyado a la Revolución Bolivariana desde un principio, como dice Alejandro Velasco, “para que la revolución vuelva a ganar en Venezuela, sus partidarios en el país y en el extranjero primero deben reconocer que perdieron.” La tarea hoy debe enfocarse en un análisis y una estrategia que busque un nuevo ensamblaje rupturista, ecológico y radicalmente democrático, pero sin ilusiones ontológicas, históricas o ideológicas sobre lo que debe ser el curso futuro del chavismo en Venezuela.