Ha sido publicado el Anteproyecto de ingresos y egresos del Estado para el 2025, y la danza de millones hacia el sector justicia sobrepasa toda proporción de efectividad. Principalmente por el clima moral que allí impera. Y la magnitud es mayor si se llega a comparar con otros países la relación entre las asignaciones y el gasto con  los resultados en términos de sentencias, e investigaciones efectivas para dar con las abejas reinas del crimen, la corrupción y otras desviaciones sociales.

Llaman la atención las asignaciones financieras para el Organismo Judicial y para el Ministerio Público. Y es que  dentro  del barril sin fondo denominado Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que distribuye una serie de asignaciones dedicadas por leyes específicas, lo asignado al Ministerio Público llega a ser mayor que lo asignado a la burocracia Judicial.

En efecto, las huestes de Consuelo Porras y Curruchiche gozan de una asignación de Q3,595 millones para funcionamiento, además de una transferencia de capital, que es parte de un empréstito de Q204.8 millones. Mientras tanto los de la Corte, hoy en plena efervescencia de postulaciones recibirán Q3,188 millones.

El gremio de los abogados y las diversas magistraturas sí que viven cómodamente del presupuesto, exigiendo, eso sí, la necesaria autonomía e independencia judicial, que les permite marcadas discrecionalidades de gasto, que se salen de cualquier marco de referencia del servicio civil, al punto que un grupillo de diputados jóvenes quiso imitar, al interior del Legislativo, tales prebendas.

Vale citar a la vez que las transferencias a la Corte de Constitucionalidad, considerando las conquistas recientes de aportes extraordinarios, llegan a la sorprendente cifra de Q.275 millones, dedicados a sueldos de la alta magistratura y de sus letrados y burócratas de apoyo financiero y administrativo.

Lo anteriormente indicado es tan sólo la cara fiscal de los privilegios. En diferentes columnas en Plaza Pública y ahora en eP Investiga hemos demostrado el tanatal de dolarucos que fluyen dentro del sector, sus litigantes y altos pícaros interesados en salir libres, y que forman parte de la esfera privada: desde los grandes magnates que se aglutinan en foros como el ENADE y congresos y congresillos de las cámaras empresariales, hasta múltiples hombres y mujeres de negocios que hoy salen libres gracias a acciones de jueces como Abelina Cruz, Jimmy Brener, Víctor Cruz y altos magistrados como el controvertido Molina Barreto, decano de las más altas decisiones en favor de intereses privados de diversa índole.

El desfile de las luminarias de la kakistocracia jurídica, exhibiendo su pobre currículum allá en Vista Hermosa III, en el campus de la Universidad Rafael Landívar ha sido chocante para las visiones más críticas y dignas de la sociedad guatemalteca. Ante el desfile de ineptos y corruptos, se ha dejado el pasado fin de semana para que los líderes de la sociedad civil presenten objeciones a candidatos que nunca debieron pasar ni las primeras fases. Las dos postuladoras han dejado esta semana para que los tachados presenten sus objeciones de descargo.

Sin embargo los propios grupos sociales han señalado ya los obstáculos que se le presentan a la auditoría social en estos espacios. Y es que la mayoría de comisionados aprobó que solo serán válidos los que hayan recibido sentencia firme debidamente ejecutoriada.

Para entender lo que sucede me ha sido muy útil releer un excelente ensayo concerniente a un análisis parecido -pero a mayor escala- para el caso mexicano. Me refiero a uno coordinado por Carlos Elizondo Mayer-Serra y Ana Lucía Magaloni Kerpel, que aparece publicado en un libro editado por el Centro de Investigación y Docencia Económica -CIDE-  bajo el título Uso y abuso de los recursos públicos. Se trata de un sesudo análisis de la realidad mexicana en los alrededores del fin de la primera década de este nuevo siglo. 

Los expertos  afirman que en México, «a pesar de los profundos cambios políticos de las últimas décadas, no ha habido transformaciones significativas en la forma en la que se concibe y ejerce el gasto público». Se preguntan ¿por qué cuesta tanto dinero la Suprema Corte?. Y es así que el remolino de explicaciones  gira alrededor de las mal aplicadas autonomías, y las debilidades  del escrutinio ciudadano alrededor de los privilegios que se recetan los altos jueces

Y es así que, siendo México un país con un Estado más fuerte y mejor consolidado que el nuestro, el ensayo se pregunta ¿cómo es posible esa sobredotación de recursos a la Corte, mientras las puertas del acceso del ciudadano ordinario son aún muy estrechas?

Comparando lo actuado en materia de resolución de casos y sentencias, los autores bien indican que los datos hablan por sí sólos y su Corte es mucho más cara, tiene menos carga de trabajo y resuelve menos casos que otros tribunales de su tipo en el mundo. ¿Qué diría al respecto un ensayo serio sobre el caso de la Guatemala actual? Y sobre el desfile de pésimos y corruptos jueces que llevan altas probabilidades de salir nombrados en el costoso y complejo entuerto de actividades de postulación.

Hemos escrito ya en varias oportunidades sobre los altos salarios que tienen las magistraturas del país, lo que es un aliciente para esa cruenta lucha de chances, respaldada por hordas gremiales sin mínima moral, pero con demasiado tiempo para reunirse y complotar, encontrando las más despiadadas trampas jurídicas.

El ensayo termina, como para poner las barbas en remojo: «los recursos presupuestales no pueden comprar lo que se genera con una actuación recta, consistente y ejemplar en términos públicos. Por más dinero que le hemos dado a la Corte en los últimos años, ésta no logra afianzar la confianza ciudadana.