La entrega de la semana pasada iniciaba con este párrafo: “En 2023, el 15.7% de las personas en Guatemala vivían en pobreza extrema y el 40.7% en pobreza no extrema, lo que significa que más de la mitad de la población —56.4%— estaba en situación de pobreza. Sorprendentemente, hace 25 años, en el año 2000, los números eran prácticamente los mismos: el 16.2% de la población vivía en pobreza extrema y el 39.8% en pobreza no extrema, resultando en un total de 56.0% de pobres.” Sin embargo, los valores correspondientes a cada año estaban invertidos: las cifras consignadas para 2023 son, en realidad, las del 2000; y las del 2000 son las de 2023.  Esta corrección, si bien necesaria para la precisión del análisis, no altera en absoluto el mensaje central del artículo: para cualquier efecto práctico, da lo mismo decir que el 56.4% de la población vivía en pobreza en el 2023 o en el 2000.

Desde esta perspectiva las distintas “modas” de reformas por las que ha transitado Guatemala durante los últimos 40 años han resultado insuficientes: en los ochenta, la estabilización económica; en los noventa, las reformas estructurales; las reformas institucionales a inicios de este siglo; la expansión de las responsabilidades del Estado en temas sociales en la segunda década de este siglo; y las reformas a favor de la transparencia y en contra de la corrupción durante la última década.  Es una paradoja evidente: se ha hecho más, pero se ha logrado menos. La falta de un enfoque estratégico y sostenido ha permitido que los problemas de fondo persistan, mientras se perpetúa un ciclo de reformas fallidas que no atacan las raíces del subdesarrollo.

Más grave todavía es que las lecciones del pasado no se han aprendido completamente, y se repiten errores que, en su momento, resultaron muy costosos: el excesivo gasto público, crecientes déficits fiscales y crecimiento acelerado de la deuda pública. El gradual abandono de políticas públicas destinadas a mejorar la productividad y eficiencia de la economía y promover un nuevo modelo económico capaz de generar bienestar para todos. Programas sociales mal diseñados  o políticamente manipulados que solamente han contribuido a un considerable crecimiento del aparato estatal, sin que esto se haya traducido en mejoras reales para la población más vulnerable. Acciones erráticas, discontinuas e insuficientes en materia de transparencia, combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la eficiencia gubernamental, que  en lugar de generar instituciones más robustas y funcionales terminaron provocando estructuras debilitadas, cooptadas por intereses particulares o profundamente corruptas.

En lugar de aprender de los errores del pasado, se ha caído en la trampa de repetirlos. A lo largo del tiempo, se ha favorecido la aplicación de “parches” en lugar de abordar las reformas estructurales necesarias. Peor aún, muchas de las reformas importantes han quedado inconclusas, lo que ha perpetuado la ineficiencia y la falta de resultados tangibles. Hoy, Guatemala se encuentra en una situación aún más precaria: las políticas públicas se han convertido en respuestas reactivas a las crisis inmediatas, en lugar de ser estrategias sostenidas y bien planificadas. Como resultado, las reformas se han olvidado, las instituciones se han debilitado y la corrupción y la ineficiencia gubernamental han alcanzado niveles alarmantes.