Las nuevas cortes que integran el OJ -Corte Suprema y Corte de Apelaciones- deberán instalarse el próximo 13 de octubre. El proceso inició en abril y tuvo un momento importante a principios de julio cuando el Congreso juramentó a los delegados de los cuerpos electores. Pero hubo una falla, dos decanos no asistieron a la juramentación y las comisiones no se integraron plenamente, por tanto, no pudieron empezar su trabajo hasta ahora.

El 15 de julio los presidentes de ambas comisiones urgieron al Congreso a acelerar la juramentación de los decanos de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad Mariano Gálvez, los faltantes. El primero renunció, así que las autoridades de ese centro académico deben acreditar a quien desempeñará su función. El segundo asistió días después, pero no lo juramentaron.

En un proceso frágil, que ha sido adulterado desde el principio y bombardeado este año con recursos legales, en la percepción pública nada es casualidad. Lo cierto es que venimos de un rompimiento del orden constitucional cuando los magistrados de las cortes no asumieron en octubre de 2019. Pero ese golpe fue tolerado porque las partes especulaban. Al final del día las cortes elegidas a dedo en 2014 por el partido Patriota, operado por Gustavo Herrera, y el partido Libertad Democrática Renovada de Manuel Baldizón, ejercieron ilegalmente sus funciones durante cuatro años.

Antes de cerrar sus sesiones la anterior legislatura finalmente eligió las cortes con un mandato reducido a once meses, no a cinco años, como constitucionalmente les correspondían. La convocatoria para elegir las nuevas cortes 2024-2029 empezó en abril. Cada cuerpo colegial que integra las comisiones (Decanos, Colegio de Abogados, Corte Suprema y Corte de Apelaciones) llevó a cabo sus procesos internos sin mayores incidentes.

Ahora bien, la correlación de fuerzas que se configuró no es la que esperaba el Pacto Golpista. Con las primeras cuentas a mano alzada no tendrán el control absoluto de 2014, ni siquiera de 2020 (efectiva a partir de 2023), pues el Pacto de Corruptos que dominó esa elección ahora derivó en Pacto Golpista y son menos. Como tales no tienen la fuerza de 2014 ni 2020 para garantizarse el control que entonces alcanzaron en las cortes. Eso significa que su poder se horada. Significa que la fiscal general Consuelo Porras no podría ser la enseñoreada que hemos conocido en la criminalización de cuanto enemigo o amenaza a los intereses del pacto ella considere. Por eso, el proceso de elección de cortes estará bombardeado desde todos los ángulos del Pacto Golpistas, con la punta de lanza de la fiscal general.