La independencia e imparcialidad judicial son principios esenciales en cualquier sistema democrático. En Guatemala, estos conceptos adquieren particular relevancia en un contexto marcado por la historia de conflictos, impunidad y violaciones a los derechos humanos. La necesidad de contar con un poder judicial independiente y magistrados probos es crucial para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

La independencia judicial, en términos simples, se refiere a la habilidad de los jueces y magistrados para tomar decisiones sin estar sometidos a presiones externas, ya sean de índole política, económica o social. Cuando los magistrados son susceptibles a influencias externas, la justicia puede convertirse en una herramienta para aquellos que poseen el poder político y económico, lo que compromete su independencia. En lugar de basarse en la ley y en principios de justicia, las decisiones pueden ser influenciadas por factores ajenos.

En Guatemala, la independencia del poder judicial ha sido históricamente debilitada. Durante muchos años, el país ha enfrentado diversos obstáculos que han minado la imparcialidad del sistema judicial, como la corrupción, amenazas a la seguridad de los jueces y un ambiente violento que ha desalentado a muchos a actuar con la autonomía necesaria. Estas condiciones han generado un clima de desconfianza hacia la justicia, lo que ha alimentado la percepción de que el sistema beneficia a unos pocos en lugar de ser un recurso para la protección de todos.

La imparcialidad es un derecho humano fundamental. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez competente, independiente e imparcial. En el contexto guatemalteco, la falta de imparcialidad ha sido un obstáculo significativo para el acceso a la justicia. La corrupción y las prácticas clientelistas han permeado el sistema judicial, lo que ha llevado a decisiones sesgadas que favorecen a ciertos grupos o individuos.

Es fundamental contar con jueces y juezas que no solo tengan la capacitación legal necesaria, sino que también muestren un sólido compromiso con la justicia y con la defensa de los derechos humanos. Actualmente, la responsabilidad de seleccionar a estos magistrados recae en el Congreso de la República, un órgano que incluye a individuos cuyas acciones han sido objeto de controversia. Esta situación plantea la necesidad de garantizar que el proceso de selección esté libre de influencias negativas y se base en criterios de transparencia y ética, para asegurar que los nuevos magistrados actúen con integridad y en beneficio de la sociedad. Solo así se podrá fortalecer el sistema judicial y restaurar la confianza del público en la justicia.

Estoy cansada de escuchar la frase «se hizo lo que se pudo«. Se ha elaborado un listado de nombres que, ya sea de manera correcta o incorrecta, ahora será enviado al Congreso de la República. En este momento, surgen numerosos intereses que no siempre buscan garantizar una justicia imparcial e independiente. Esta situación a mí me genera desconfianza y descontento, ya que parece que la selección de magistrados y magistradas no responde a un verdadero compromiso con la justicia, sino a agendas particulares. Es crucial que el proceso se enfoque en la integridad y la equidad, para que la justicia realmente sirva a todos y no a unos pocos.

No podemos pasar por alto que hemos estado inmersos en un contexto marcado por la violencia y las amenazas dirigidas a quienes trabajan en el ámbito de la justicia, así como a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta situación ha generado un ambiente de miedo que desmotiva a muchos y lleva a que varios se vean obligados a buscar refugio en el exilio para escapar de un sistema corrupto.

Las intimidaciones han creado un efecto paralizante, afectando no solo la labor de los operadores y operadoras de justicia, sino también la capacidad de los defensores y defensoras de derechos humanos para ejercer su labor con tranquilidad y eficacia. Este clima de inseguridad no solo socava la integridad del sistema judicial, sino que también deteriora la confianza de la población en las instituciones. La lucha por la justicia se ha vuelto cada vez más peligrosa, y aquellos que se atreven a alzar la voz lo hacen bajo un constante riesgo. Queremos una justicia real, imparcial e independiente.

Queremos #CortesNoMafias