Todavía recuerdo aquellas diatribas de: Fuera Foppa!!! con la que los ganaderos, vendedores de carne de res y de leche presionaban a Juan Francisco Solórzano Foppa, para solicitarle la olímpica rebaja de impuestos que hoy se consolida más con la denominada pomposamente: Ley para la Integración del Sector Primario y  Agropecuario, que no es más que una focalización en sacrificios tributarios, perdiéndose así la oportunidad de avanzar en un fomento a los sectores productivos agropecuarios, urgentes de industrializarse. Hasta la saciedad este escribiente, incluso dialogando con la FEDAGUATE y la Cámara de productores de leche, les he advertido que las desventajas van por el lado de una política económica mal planteada y la carencia de políticas del MAGA que fomenten el desarrollo agrario y productivo.

Luego de su aprobación, sus ponentes agradecieron  el apoyo  del Centro de Gobierno de Miguelito, de Fernando Suriano, ex Intendente de Recaudación y hoy Viceministro en el CIV, y finalmente del propio Marco Livio Diaz, quien ha sido magnánimo con las maquilas y con este sector, seguramente para no seguir el derrotero de Foppa.

Coincido con los expertos tributarios en que esta es una ley antitécnica, y que incluso riñe con la Constitución porque está otorgando privilegios fiscales que no tienen otros sectores que enfrentan vicisitudes similares. El problema de la ganadería, la pesca y los sectores incluidos en la ley es que han perdido competitividad incluso frente a países vecinos, tal es el caso de México, Costa Rica y Nicaragua, no digamos en relación a la leche australiana y neozelandesa que pasa fácilmente por nuestras fronteras, gracias a aranceles nulos y un tipo de cambio artificial y barato sostenido por las remesas y no por las exportaciones. Cuando este tipo de cambio se dispare, nos vamos a lamentar de haber destruido el hato ganadero y los rastros y demás instalaciones de industrialización y empaque.

Vale mencionar además la inacción ante el contrabando, que sí debiera ser de alta preocupación de los funcionarios de la SAT:   desde Nicaragua y Honduras pasan por contrabando anualmente cerca de un millón de cabezas  de ganado en pie, que llegan a las barcazas del Usumacinta, muy campantes, bajo la mirada tímida de los ejércitos guatemalteco y mexicano, y se aposentan en municipios fronterizos como Benemérito de las Américas, buscando desde tal jurisdicción las ventajas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

El problema de la producción agropecuaria guatemalteca no tiene que ver con impuestos sino con la carencia de  programas bien diseñados de fomento. Da realmente lástima que ni siquiera el BANRURAL, que es un banco que costó transformarlo para apoyar a los sectores primarios, haya perdido totalmente su giro de negocios, incluso convirtiéndose en un banco tarjetero, semicorporativo y de extracción de recursos -a base de múltiples comisiones- del sector remesero; léase aquí muchas familias campesinas y granjeras que han debido abandonar la actividad por la liberalización comercial desmedida, que nos trae fácilmente leche que no es leche, yogurt que no es yogurt, y carne congelada gringa en contenedores. Pero ni así la carne de res forma parte ahora de la dieta popular del guatemalteco. ¿Qué ha pasado aquí?.

Se ha llegado al extremo que, así como usualmente ocurre con el arroz, ahora le ha pasado al frijol negro, llegar a ser importado desde China Continental para suplir la escasez, en un país en donde la dieta básica está precisamente basada en frijol y maíz. Y olímpicamente, el Ministerio de Economía y el MAGA abren contingentes de importación, beneficiando a unos pocos importadores, y se ponen a repartir bolsas del grano importado.

Y es que recordemos que las prioridades agrícolas, desde hace décadas, no son las de la seguridad alimentaria, sino las del más que centenario modelo bananero y cafetalero, luego azucarero, palmero, y últimamente aplaudido por la próxima entrada del aguacate y el guacamole chapín al mercado norteamericano tipo Superbowl, que se ha hecho famoso por el éxito logrado por unas pocas familias michoacanas que tienen un control férreo del acceso a Norteamérica, conjuntamente con otras actividades productivas nada ortodoxas, incluyendo el narcotráfico.

No llego a entender cómo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no logra visualizar tal amenaza. Pero esto es harina de otro costal. Lo cierto es que la seguridad alimentaria es un tema que debiera replantearse urgentemente.

Concluimos así que los problemas del sector agropecuario no son de impuestos. Son de falta de regulaciones en la entrada de productos lácteos y de otros tipos por ejemplo. Hace poco entré a una simple tienda de las conocidas como Quichelenses, y tuve acceso a un litro barato  de leche mexicana, acompañada de una dosis de cierta consideración en gramos de azúcar. Simplemente, la misma se endulza porque viene alterada con agua. Y ello debiera ser de alta prioridad por parte del Ministerio de Salud, en donde hay un Registro Sanitario de Alimentos.

Adicionalmente, así como se plantea un nuevo programa de vivienda popular, el ministerio rector de lo agropecuario debiera ocuparse, más que repartir bolsas de alimento importado, proponerse impulsar la economía familiar campesina, el cooperativismo y el asociativismo agrícola, y sugerirle al Ministerio de Economía, una revisión necesaria de la política arancelaria, siempre guardando la armonización con la integración centroamericana y los tratados comerciales, que debieran ser muy bien negociados por cierto.