La semana pasada circuló un reel de Instagram mostrando un llamativo tramo carretero.     

Buena señalización. Banquetas a lo largo del trayecto. Ciclovía perfectamente delimitada, pintada de rojo carmesí.  Aunque el reel podría hacer pensar que se trata de un proyecto nuevo, en realidad se trata de una remodelación construida hace varios años atrás. Para muchos, este tipo de proyecto constituye el ejemplo a seguir para la construcción de nuevas vialidades. Para otros, este es el tipo de proyectos que genera más dudas que respuestas. Sin entrar en los tecnicismos que ameritaría la evaluación de un proyecto de este tipo, la notoriedad que ha cobrado este caso ayuda a ejemplificar la importancia de la correcta y oportuna evaluación social y económica de los proyectos de inversión pública, como criterio para guiar la asignación de recursos públicos disponibles entre las múltiples opciones de inversión existentes.

Como siempre sucede, hay quienes están a favor y quienes están en contra.  Los comentarios de algunas páginas de Facebook más populares de aquel lugar revelan bien la problemática subyacente. Los vecinos más optimistas expresaban que este era “el único municipio donde el alcalde trabaja por el mejoramiento del pueblo;  que una lindura se ve; que el proyecto que le dará más realce a nuestro bello municipio; qué bueno que haya personas con visión para esta clase de proyectos. Los inconformes mostraban su malestar con expresiones del tipo “en lugar de arreglar la tubería para que el pueblo tenga agua potable; por fuera reluciente y por dentro lo que se siente: la calle que lleva al centro de salud es un desastre; solo beneficia a los dueños de las lotificaciones que están en el área; el resto de calles de los barrios, en su mayoría, son un desastre y muy poco alumbrado público; lástima que no hacen nada por la delincuencia.

Dado el nivel de desarrollo humano del país, del departamento en donde se encuentra ese municipio y del municipio en donde dicho proyecto se encuentra, desde la perspectiva de la evaluación de la rentabilidad económica y social del proyecto, no dejan de tener cierta razón los inconformes en sus reclamos.  Según las estimaciones del Índice de Desarrollo Humano para 2018, el municipio en cuestión se encontraba en el rango de  desarrollo humano medio. En términos coloquiales, a la “mitad de la tabla”.  Así como sucede con el fútbol, los equipos a la mitad de la tabla no pueden darse el tipo de lujos que se dan los equipos “grandes”. Mucho menos, cuando las condiciones en la que opera la liga no permiten mayores lujos a ninguno de los equipos, sean ricos o pobres.

Utilizar el ejemplo de la ciclovía en Morales, Izabal, no tiene por objeto sembrar dudas acerca de la importancia de la los graves problemas de movilidad y sostenibilidad ambiental que afronta el país, sino mostrar que no basta con que un proyecto parezca novedoso, visionario, elegante y necesario para justificar el uso de fondos públicos en su construcción. En casos específicos las ciclovías pueden ser los proyectos más rentables dadas las necesidades económicas y sociales de una determinada población; en otras no. Algo que una adecuada evaluación económica y social de los proyectos fácilmente podría demostrar. En otros casos, es bastante probable que los fondos tengan un mayor retorno social y económico si se invierten en proyectos de agua, saneamiento, educación, salud o rehabilitación de otras rutas terrestres más importantes para la población.

Así como no puede decirse que construir una ciclovía nunca será el mejor proyecto disponible para una comunidad, tampoco puede afirmarse que siempre una ciclovía será el mejor proyecto disponible para una comunidad. No se trata de ser un aguafiestas, sino de ser realista con las decisiones que involucran el uso de fondos públicos. Siguiendo con la analogía del fútbol, no tiene nada malo seguir el consejo del Chicharito Hernández, de ”imaginarse cosas chingonas”. Sin embargo, cuando llevar a la práctica tales sueños implique el uso de recursos públicos, la evaluación de la rentabilidad económica y social de los mismos es obligada.

En Guatemala, por ley, todo proyecto de inversión pública debería pasar por una rigurosa evaluación para determinar su rentabilidad social y económica. Lamentablemente, con el paso del tiempo el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- dejó de ser la  herramienta para “ordenar el proceso de la Inversión Pública, para poder concretar las opciones de inversión más rentables económica y/o socialmente” y se convirtió en un mero formalismo. En un ritual vacío que se limitaba a llenar formularios, sin importar mayor cosa la exactitud, relevancia y veracidad de lo que se reportaba. De tal cuenta, en la práctica, es imposible saber a ciencia cierta la rentabilidad económica y social de la mayoría mayoría de proyectos de inversión pública en el país. De cara al futuro, hacer valer el objetivo central del SNIP constituye uno de los puntos de mayor apalancamiento para priorizar los proyectos de inversión. O bien, en caso que no se respeten las valoraciones técnicas, constituye una efectiva  herramienta para mostrar el verdadero costo de tomar decisiones en base a puros criterios políticos.