El pasado 9 de agosto se celebró el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas” creado por la Asamblea de Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994[1]. Los pueblos indígenas de Guatemala han desempeñado un papel fundamental en la historia y la cultura. A lo largo de los siglos, han conservado sus tradiciones, idiomas y formas de vida únicas, resistiendo la opresión y luchando por sus derechos.
En la actualidad, la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones gubernamentales es crucial para garantizar la inclusión, la diversidad y el respeto a sus derechos humanos. Según la ENIGH del Instituto Nacional de Estadística –INE– para 2022, a nivel nacional el 21.1% de la población guatemalteca se integró por mujeres Mayas, 18.8% por hombres Mayas, 0.6% por mujeres Xinkas, 0.5% por hombres Xinkas, 0.1% por mujeres Garífunas y 0.1% por hombres Garífunas. Para la población Afrodescenciente¹ en hombre se reportó 0.1% y para mujeres 0.04%[2].
Basándonos en la información estadística proporcionada, se observa que en Guatemala constituyen una proporción importante de la población, caracterizándose por su diversidad cultural y lingüística. En el ámbito económico, no solo conforman una fuerza laboral, sino que también tienen un papel relevante más allá de ser meros recursos productivos. A pesar de estas contribuciones, han sido históricamente marginados y discriminados, enfrentando graves violaciones de sus derechos humanos y desafíos socioeconómicos significativos.
La exclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en los tres poderes del Estado ha sido una de las principales causas de la desigualdad y la injusticia en el país que no ha sido superada.
El gobierno actual no ha tomado en consideración la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones gubernamentales, la cual es esencial para garantizar la representación de sus intereses, necesidades y perspectivas en las políticas públicas ya que solamente una mujer pertenece al gabinete del ejecutivo, específicamente al Ministerio de Trabajo, la abogada Miriam Roquel[3].
Tampoco están representados en el poder legislativo, ya que no ocupan más que una curul a través de la Licenciada Sonia Raguay, con lo cual no se tiene una representatividad que permita fortalecer la democracia y se avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
En el sector justicia, no ocupan cargos de alto rango así lo vemos en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucional, ya que no hay representatividad en este poder estatal. La colaboración entre los sistemas de justicia estatal y los sistemas de justicia indígena puede contribuir significativamente a la construcción de un sistema judicial más justo, inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural, sin embargo, no es lo que ocurre actualmente.
La participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones gubernamentales contribuye a la protección y promoción de sus derechos colectivos e individuales. El derecho a la autodeterminación, a la consulta previa e informada, a la participación política y a la preservación de sus territorios y recursos naturales son fundamentales en la promoción y protección de derechos que deben ser respetados y garantizados por el Estado, en colaboración con los pueblos indígenas y en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, lo cual debe ser considerado por los actuales miembros del ejecutivo y no quedarse en meros discursos.
En Guatemala, persisten desafíos y obstáculos que restringen la participación plena de los pueblos indígenas en las decisiones gubernamentales, perpetuando así la discriminación y la desconfianza. Romper estas barreras es crucial para impulsar un cambio real y necesario hacia la igualdad y la justicia. ¡Es hora de superar estos obstáculos y construir un futuro más inclusivo y equitativo para nuestra sociedad!
¿Lo hará este gobierno?
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