La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará en Guatemala del 22 al 26 de julio en el marco de una visita in loco, que es una forma en la cual los Estados invitan a la Comisión para que verifique en detalle la situación de los derechos humanos. La CIDH no acude a Guatemala desde 2017, cuando, aún en vientos de reformas y antes de apuntar los cañones contra la comunidad internacional, Jimmy Morales pidió que llegara la Comisión; en el Informe de País derivado de la visita publicado ese año se hace referencia a las protestas de 2015 y a la importancia de la reforma al sistema de justicia que se discutía entonces, cuestión que sigue pendiente y que se evidencia en la selección de magistrados de cortes que se lleva a cabo en estos momentos.

Que la CIDH viaje al país después de dos gobiernos regresivos supone un parteaguas y demuestra los compromisos internacionales y la apertura de la administración de Bernardo Arévalo pues durante los informes anuales 2021, 2022 y 2023 Guatemala cayó en la “lista negra” de países incluidos en el Capítulo IV.b (junto a Nicaragua, Venezuela y Cuba) por considerase que se encuentran en retroceso en materia de derechos humanos. Cada Estado ha sido incluido por alguna causal específica contenida en el Reglamento de la CIDH, y la decisión sobre Guatemala se basa en la forma en la que se ha corrompido el sistema de justicia al grado de forzar al exilio a más de 50 operadores de justicia, además de decenas de periodistas y defensores de derechos humanos. El reciente exilio de Virginia Laparra es un ejemplo claro de que la política de usar indebidamente el derecho penal se mantiene latente.

La CIDH fue relevante el año pasado cuando se intentó dar un golpe de Estado que buscaba evitar que Arévalo asumiera el poder. Los informes recurrentes de la Comisión al Consejo Permanente de la OEA dotaron de minuciosos análisis legales para que el hemisferio entero pudiera comprender la gravedad de los sucesos. En febrero de este año, se dio el primer viaje en el cual el Estado invitó al Relator Especial para la Libertad de Expresión Pedro Vaca y a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH Tania Reneaum a observar las condiciones del periodista encarcelado José Rubén Zamora, quien cuenta con medidas cautelares dictadas por la CIDH desde 2003. Los funcionarios internacionales pudieron inspeccionar in situ el aprisionamiento de Zamora y las anomalías que rodean su caso y las limitantes a la libertad de expresión en el país.

Durante la visita in loco, la CIDH podrá conversar con defensores de derechos humanos, periodistas, sociedad civil, empresarios, funcionarios de los diversos organismos del Estado y viajarán a varias regiones, entre ellas Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango para llevarse la mayor cantidad de información posible de cara a enmarcar una fotografía del país. La Comisión presentará recomendaciones y serán relevantes los planteamientos sobre los mecanismos de seguimiento para salir del lugar crítico del cual viene el país; se abre una oportunidad para trazar hojas de ruta en aras de fortalecer la democracia y los derechos humanos.

Recientemente, durante la celebración de los 65 años de la CIDH en una sesión en el Consejo Permanente de la OEA, los diferentes Estados de las Américas resaltaron la labor de la Comisión, su capacidad de recorrer los sinuosos senderos del continente para poder honrar las voces más silenciadas y darles el merecido respeto en el marco de la defensa de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es uno de los convenios más importantes a nivel hemisférico.

Tenemos, pues, los habitantes de Guatemala una oportunidad inusual para expresar de manera directa el análisis de nuestra tierra, los padecimientos, los sinsabores y las esperanzas que nos han dejado estos años complicados en lo que se ha tratado de construir un país alejado de la corrupción y la impunidad.

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1 Desde 2021, Guatemala fue incorporada al capítulo IV.B invocando el artículo 59 y el numeral 6 del Reglamento de la CIDH: d. la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. Entre otros factores a ponderar, estarán los siguientes: […] ii. incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta.