La acción que permitió rescatar a 160 niños, niñas y adolescentes de la secta ultraortodoxa Lev Tahor ha sacado a la luz la urgente necesidad de revisar y fortalecer el sistema de protección infantil en Guatemala. Este caso, que ha captado la atención de la sociedad y los medios, no solo resalta la vulnerabilidad de estos niños y niñas, sino también las falencias en el marco legal e institucional que debería salvaguardar sus derechos.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA), aprobada en 2003, fue un avance importante en la regulación de los derechos de la niñez en el país. Esta norma establece varias medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgo o cuyos derechos han sido vulnerados. Sin embargo, más de dos décadas después de su promulgación, la ley ha quedado desactualizada. Las realidades sociales, económicas y culturales han cambiado drásticamente, y las vulneraciones a los derechos de la infancia han tomado nuevas formas.

Aunque la Ley PINA fue pionera en su momento, no ha sabido adaptarse a las nuevas dinámicas sociales que afectan a la infancia en Guatemala. Es más evidente que nunca la necesidad de una revisión profunda y de reformas que aborden las limitaciones en su aplicación.

Existe una serie de reformas a la Ley PINA, que actualmente está estancada en el Congreso, y que la coyuntura representa una oportunidad clave para transformar el sistema de protección infantil en guatemalteco. En este sentido, la creación de un Instituto de la Niñez y Adolescencia, con autonomía funcional y un presupuesto adecuado, se presenta como una medida esencial. Este instituto debería operar de manera independiente, sin la influencia de la burocracia estatal que, muchas veces, dificulta su funcionamiento.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS), que depende directamente de la presidencia, tiene entre varias funciones, el planificar y dirigir programas de atención a la niñez y adolescencia. Sin embargo, a mi parecer, carece de la autonomía necesaria para responder de manera efectiva a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Su dependencia del presupuesto estatal y la falta de recursos adecuados son obstáculos significativos. Por ello, la creación de un nuevo organismo enfocado en la protección y promoción de los derechos de la niñez podría marcar una diferencia importante en la calidad de la atención que reciben.

El caso de Lev Tahor es un recordatorio de las realidades de abuso y explotación que enfrentan muchos niños, niñas y adolescentes en Guatemala. Las denuncias de trata de personas y abusos sexuales en este contexto no solo revelan la gravedad de la situación, sino también la ineficacia de un sistema que debería prevenir y proteger a la niñez de tales abusos. La falta de atención de los juzgados especializados, como se evidenció en este caso, es alarmante y subraya la necesidad de una intervención más efectiva y coordinada.

Asimismo, es fundamental formar a los profesionales en el ámbito judicial y en el sistema de protección infantil. Estos actores deben estar capacitados para abordar los casos de abuso y explotación con sensibilidad y efectividad. La creación de protocolos claros y la formación continua del personal encargado de la protección de la niñez con pertinencia cultural, género e interseccionalidad son pasos necesarios para asegurar que los derechos de los menores sean una prioridad en el sistema judicial.

El Estado tiene la responsabilidad primordial de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Guatemala. Esto no solo implica crear leyes adecuadas, sino también implementar políticas que aseguren el acceso a servicios de salud, educación y protección. La falta de atención a estas áreas críticas ha dejado a muchos niños en situaciones de riesgo, sin el apoyo necesario para su desarrollo integral, como se evidenció en la tragedia ocurrida en denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La realidad de la niñez en Guatemala es compleja y diversa, afectada por múltiples factores como la pobreza, la violencia de género y la discriminación. Por ello, cualquier reforma o intervención debe adoptar un enfoque interseccional que reconozca y aborde estas realidades. Es vital que las políticas de protección infantil sean inclusivas y consideren las particularidades de diferentes grupos, como niños indígenas, niños con discapacidad y aquellos que provienen de contextos vulnerables.

La niñez es importante, y es necesario se tomen medidas decisivas para protegerla. El caso de Lev Tahor ha puesto de relieve las fallas en el sistema de protección existente y ha resaltado la necesidad urgente de reformas. Es esencial que el Congreso priorice la revisión y actualización de la Ley PINA, asegurando la participación de la sociedad civil y sectores con experiencia en materia de niñez y adolescencia para que se aborden de manera integral las vulneración de derechos que han surgido y se establezcan nuevas maneras de atenderlas.