La presente crisis política e institucional de Guatemala muestra, con una evidencia apabullante, que erradicar la corrupción es un reto insoslayable y, sin embargo, es un desafío tan enorme como difícil de llevar a cabo. De ahí el profundo pesimismo que embarga a la ciudadanía guatemalteca. Este desaliento, si no se asume de manera reflexiva, puede llevar incluso a desconocer los cínicos esfuerzos del Pacto de Corruptos por recuperar el espacio perdido. Olvidar el pasado reciente sería un error de consecuencias incalculables.

No se puede negar que la corrupción existe en todas las sociedades. Sin embargo, parece que Guatemala adolece de una forma aguda de este mal sistémico. Es significativo que hasta la Universidad Nacional, la cual debería encarnar el ideal del conocimiento emancipatorio, se encuentre capturada por grupúsculos de individuos sin el más mínimo amor por la academia. Es cierto que muchas instituciones universitarias en el mundo se encuentran en crisis. Pero el caso de Guatemala es tan vergonzoso, como lacerante.

De hecho, la corrupción es un fenómeno que no admite explicaciones simplistas. Esta no es un mal causado por la acción de ciertas manzanas podridas, sino una carencia ética que involucra a la estructura misma de la sociedad. Este hecho sugiere que nuestra conducta puede tanto ayudar a consolidarla como disminuirla.  La corrupción viene de tan lejos. Las reflexiones de Platón y Aristóteles surgen del intento de comprender la corrupción de las instituciones políticas de su tiempo. Sigue siendo válida la lección de que para gobernar a los demás es necesario lograr dominarse a sí mismo.

Regresando a nuestro contexto, una de las formas de explicar la corrupción que vive la sociedad guatemalteca es la crisis de valores que afecta a nuestro des(orden), tanto institucional como constitucional. El hecho no debe tomarse a la ligera. Como se sabe, hasta los corruptos hablan de crisis de valores, aunque lo más seguro es que no saben ni de lo que hablan.

Desde esta perspectiva, un orden institucional descansa siempre sobre valores éticos, tan básicos que a veces se pasan por alto. El valor ético, sin embargo, tiene un sentido político que nunca debe obviarse. Un valor pone de manifiesto una carencia evidente—en este caso la tiranía de la corrupción— para mover la acción humana hacia un estado de cosas que se manifiesta como objetivamente mejor. La política no puede convertirse en la simple búsqueda del poder sin despojarse del valor que le da sentido a dicha actividad. El poder gana legitimidad cuando este se encamina a lograr la realización de un valor válido y compartido.

Pero he ahí que nuestra sociedad está dominada por sectores y personas ciegas a los valores. Decía el desaparecido filósofo mexicano Luis Villoro que para aprehender un valor se necesita “una disposición favorable a su aparición”. Si los valores no se viven en la conciencia, estos simplemente no pueden visualizarse. Así, los corruptos que siguen acechando el país pertenecen a aquel tipo de personas que el gran Ortega y Gasset calificaba de “espíritus agrios que no saben otorgarse a sí mismas el lujo de comprender las cosas”. De ahí su maldad tan “pura”, por decirlo de algún modo.

¿Cuántas personas pueden sostener, con seriedad y con argumentos, que la fiscal general Consuelo Porras Argueta, dirige sus acciones tomando como referente el valor justicia? ¿No es fácil percatarse de que algunos miembros de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y la Corte Suprema de Justicia son ciegos ante los valores éticos y constitucionales? Prueba de ello es que han perdido hasta la capacidad de avergonzarse.

El valor, como también lo decía el pensador mexicano, se opone a la voluntad del simple poder. La conclusión es que no se puede permanecer impávido ante las maniobras insidiosas del pacto de corruptos. Luchar contra la corrupción es una obligación, tanto ciudadana como gubernamental, y para el efecto se necesita luchar con determinación y energía.

Este gobierno, en mi opinión, debe tomar en cuenta las consideraciones anteriores, para actuar políticamente con base en los valores que le brindan legitimidad. Esta legitimidad descansa no en el huero manejo de la letra muerta, sino en el sentido de los valores constitucionales y los derechos fundamentales. Así, el gobierno actual debe concentrarse en buscar estrategias políticas para expulsar a los innombrables que se atrincheran detrás de “instituciones” que ya solo sirven como refugio al Pacto de Corruptos. Finalmente, insto a mis conciudadanos a que, sin renunciar a nuestro derecho al asentimiento crítico, no caigamos en la manipulación de los fascistas tropicales.