Las recientes y agresivas políticas antinmigrantes que están siendo implementadas por la actual administración del presidente Donald Trump han echado un velo de incertidumbre en los planes de vida de los migrantes irregulares. Mientras muchos guatemaltecos que han arriesgado para buscar el sueño migrante empiezan a pensar en el retorno voluntario, otros viven bajo la amenaza constate de proceso de una deportación que, en muchos casos, implica no solo separación familiar, sino el sufrimiento de verse sometido a prácticas vejatorias por parte de las autoridades norteamericanas.

El retorno al lugar de origen conlleva otra incertidumbre agobiante. Los que regresan saben que las condiciones de las estructuras socioeconómicas que los motivaron a migrar quizás han empeorado. De esta forma, el retorno masivo de migrantes tiene implicaciones cuya gestión demanda respuestas por parte del Estado. Para lograr medidas efectivas de reintegración para estos guatemaltecos es necesario formular programas y políticas estatales—siempre con el auxilio de entidades internacionales y no gubernamentales— encaminadas a fortalecer el proceso de inserción nacional de los migrantes en una sociedad nacional.

El proceso de retorno puede motivar al Estado a ensanchar las oportunidades para buscar una vida digna en el propio país. En esta dirección, debe verse a los migrantes que vuelven al país como un factor positivo de cambio en la sociedad guatemalteca. Es recomendable pensar en la articulación de políticas estatales destinadas a que los migrantes puedan insertarse de manera activa en las estructuras socioeconómicas del país. El objetivo final es lograr que los sectores vulnerables de la población guatemalteca ya no sigan viendo en la migración el único camino para vivir una vida digna.

Uno de los caminos que se abren para la intervención migrante en el futuro del país es la contribución económica, reconocida de manera amplia, que estos brindan a nuestra sociedad. Las remesas enviadas por los migrantes se proyectan que alcancen alrededor de los 23,000 millones de quetzales en el 2025. Este dinero suele dedicarse al consumo, fenómeno comprensible, dado que los migrantes dejan el suelo patrio para resolver los problemas económicos suyos y de sus familiares.

Sin embargo, en consumo en sí mismo no ayudan a transformar las estructuras excluyentes que, come se sabe, son los que llevan a pensar en la migración. En consecuencia, es recomendable explorar la manera en que la contribución económica migrante pueda orientarse hacia la transformación de las estructuras sociales del país. Dicho potencial económico puede expandirse hacia diferentes áreas de la vida nacional, conformándose como un factor productivo y transformativo. Los recursos—no solo económicos— adquiridos por los migrantes podrían lograr también una transformación efectiva de las estructuras sociales que expulsan a tantos guatemaltecos y guatemaltecas del suelo patrio.

Debe considerarse, por ejemplo, que muchos de los retornados traen consigo destrezas que han adquirido en su trabajo diario en los Estados Unidos. Estas capacidades pueden llevar a crear emprendimientos que generen otras entradas económicas, las cuales a su vez podrían crear nuevas fuentes de empleo. 

Al nivel de Estado se pueden generar políticas públicas que conviertan al migrante en un agente de cambio en su lugar de origen. Estas políticas deben tomar debida cuenta de que los migrantes suelen venir de áreas rurales y algunos de ellos pertenecen a los pueblos indígenas de nuestra nación. Es necesario, por ende, prestar atención a las opciones que se abren para integrarse en una economía rural que sea amigable con el medioambiente y que tome en cuenta la cohabitación e igualdad de las diferentes culturas que conforman Guatemala. De este modo, la transformación migrante de la sociedad guatemalteca puede ofrecer verdaderas oportunidades de promoción del buen vivir.

Las ideas presentadas en este artículo ya están siendo discutidas por algunas organizaciones de migrantes guatemaltecos. La asociación Inmigrantes Guatemala Distrito 25, ya abordaba en su propuesta para el Temporary Protected Status, TPS, que a los migrantes y sus familias debería facilitárseles el acceso a la inversión pública y privada de Guatemala.

Ya se están trabajando algunas propuestas que abonan en dicha dirección. Se ha propuesto que se organice una canalización de los recursos financieros del migrante en actividades tales como la adquisición de los bonos del tesoro. Este camino ofrece una oportunidad de asegurar los recursos en un ambiente inestable. En todo caso, este no es el único camino para amplificar las contribuciones de los migrantes para el país. Dentro de poco, describiremos otras propuestas que productivas y de gestión comunitaria que se están elaborando.

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*Sylvia Castellanos Flynn es Internacionalista por San Francisco State University