Así reza el adagio inglés “justice must not only be done: it must also be seen to be done”.

Desde hace varios años, algunos hemos sido víctimas, mientras otras personas han observado la forma cómo la justicia en nuestro país ha sido cooptada y cómo desde distintas áreas se ha degradado una misión tan importante como lo es la de impartir justicia.

Me inicié como pasante en el Organismo Judicial cuando tenía 19 años; con gran emoción asistía diariamente al Juzgado de Instancia Civil de Sacatepéquez, en donde empecé a observar situaciones, como cuando llegaban abogados y abogadas a hablar con la jueza de ese entonces, quien pedía obsequios para el juzgado como sillas o cuando se celebraban actividades especiales como el aniversario del juzgado, los miembros del despacho disfrutaban de banquetes “subsidiados”. Allí supe que no todo era como lo había idealizado.

Sin embargo, esa experiencia no me desmotivó. Pasado el tiempo, fui nombrada notificadora en un Juzgado de Chimaltenango. De nuevo, con ilusión acudía a mis labores, aunque no entendía por qué otros notificadores cobraban por sus servicios… era una dinámica que empecé a identificar y sobre todo a rechazar.

Estuve en el Organismo Judicial durante cinco años, en distintos órganos jurisdiccionales, ocupando los cargos de notificadora y oficial de procesos de la entidad. Suponía que era un lugar donde se debe impartir justicia, aunque con mucha desilusión advertí que de lo menos que se ocupaban en los diferentes juzgados es a prestar un servicio ejemplar a la ciudadanía.

Afortunadamente, también me di cuenta de que no todo estaba perdido. Conocí a varios jueces comprometidos con su trabajo, que me enseñaron a analizar las normas, a encontrarles el sentido y aplicarlas a casos concretos. Fue un espacio de mucho aprendizaje y vivencias junto a algunos colegas a quienes les recuerdo con aprecio.

La corrupción en el sistema judicial tiene una larga data, las malas prácticas dentro del sistema lamentablemente se han incrustado colocando a personas inidóneas, con mucho poder y hasta politizadas para poder generar impunidad para ellos, sus actos y los de sus cómplices.

Hace algunos años (2017-2020) se develaron casos penales importantes que mostraron cómo algunas personas compran voluntades para poder colocar, desde jueces hasta magistrados y magistradas en las altas cortes guatemaltecas.  Hemos visto cómo desde las judicaturas se han ido desdibujando las leyes, por temor, por dinero o por poder, resolviendo sin fundamentos legales, probatorios y fácticos, como lo establece la Constitución Política guatemalteca y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En su momento, se logró mostrar la forma cómo se negociaban las elecciones de las cortes, quiénes estaban detrás de ellas, cómo circulaban sus influencias para poder instalar a personas en altos puestos judiciales, sin importar que no tuviesen una reconocida honorabilidad, ni mucho menos probidad o sus conocimientos.

Desdichadamente, estas prácticas ilegales se encuentran incrustadas, y en otros casos se han afianzado más, pese a que quienes se encontraban tras de estos actos, fueron descubiertos, señalados y enjuiciados. Los efectos del poder que ejercen estas personas junto a otros grupúsculos los vemos ahora manifiestos en los procesos judiciales que enfrentan distintas personas criminalizadas, siendo palpables sus acciones cuando al resolver, lo hacen sin tener asidero legal o probatorio. 

Tales son los casos de Virginia Laparra, quien estuvo en prisión arbitraria durante 680 días como consecuencia de un caso en donde se retorció la ley con el fin de declararla culpable de hechos que no son delictivos; y quien en mayo de 2024 enfrentará otro caso ante los juzgados de Quetzaltenango. El caso de Claudia González, quien permaneció 82 días en prisión y fue ligada a proceso por un delito que no le es aplicable, porque cuando trabajó en CICIG ella no ejerció una función pública; o bien el caso del periodista José Rubén Zamora, quien se encuentra en prisión dese hace más de 600 días por acciones que no son delictivas pero que han sido perversamente avaladas por los órganos judiciales con el único fin de mantenerlo en prisión.

Algunos compatriotas no logran advertir lo importante que es la justicia dentro de un Estado, porque compresiblemente están atentos a trabajar por conseguir lo mínimo para sobrevivir. 

Sin embargo, es importante que los guatemaltecos cobremos conciencia de que la justicia es un pilar fundamental porque es un poder que se ha delegado a un organismo que debe dar a cada uno lo que le corresponde, es decir aplicar justicia o lo que se entiende por ella.

Los próximos meses son importantes para empezar a rescatar el sistema de justicia guatemalteco, es una oportunidad para poder demostrarle a aquellos que siempre han colocado personas inidóneas y corruptas en las cortes, que muchas personas estamos atentas a estas elecciones y que denunciaremos a quienes no se apeguen a los estándares de honorabilidad, honradez y probidad. 

Pero ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que una de las maneras más fáciles es visibilizando o denunciando a quienes son corruptos y no callarnos. Por ejemplo, exponiendo al juez de aquel pueblito que pide dinero por resolver rápido un proceso; a aquella magistrada que solicita favores para que su hijo sea beneficiado con alguna resolución que se tramita ante algún juzgado; o a aquellos magistrados que retorcidamente avalan resoluciones sin fundamento.

De la misma forma en que los admirables pueblos originarios y otros guatemaltecos y guatemaltecas que salieron a las calles a defender la democracia, así necesitamos permanecer unidos y exigir que el próximo proceso de postulación para elegir a las cortes sea público, libre de presiones y transparente, con el fin de que personas idóneas lleguen a ocupar esos lugares tan importantes porque necesitamos que “la justicia no sólo deba hacerse sino aparentar que se hace”.

Flor Gálvez es abogada, feminista y defensora de derechos humanos.