La semana pasada dediqué mi artículo de opinión al tema de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones para el período 2024-2029 y empezando una semana más, puede observarse con claridad, como la situación no mejora y plantea serias dudas sobre el futuro de la justicia en Guatemala.

El país se encuentra en un punto crítico y las decisiones que se tomen en las próximas semanas, serán determinantes para establecer si el sistema judicial guatemalteco podrá recuperar su independencia o si continuará siendo rehén de intereses políticos y económicos. Todo apunta a que irá en la línea de este último planteamiento. ¡Devastador!

Existen fuertes críticas por la falta de transparencia e idoneidad de muchos de los candidatos seleccionados, a pesar que muchos de los muy cuestionados, no fueron incluidos en las listas que hoy tiene el Congreso de la República.

Sin embargo, aún existen grandes molestias y no sólo de quienes impulsaban la candidatura de los llamados “obscuros” sino también de ciertos grupos e incluso algunos candidatos con buen puntaje, quienes no fueron tomados en cuenta y en lugar de ellos, fueron seleccionados a los que muchos otros llaman los “grises”.

 Se cuestiona lo siguiente: ¿sería todo esto el resultado de  fuertes y acaloradas negociaciones, con la finalidad de deshacerse de los primeros y lograr a cambio de ellos, a los segundos? ¿o hubo errores, falta de cumplimiento a determinados principios y pasos del proceso o incluso sobornos, que obviamente no estamos viendo?

Sea como sea, todo lo que estamos evidenciando es la debilidad de un sistema que se pliega perfectamente al error y a la falta de transparencia.

En esencia, pareciera que la situación no mejorará, acrecentándose la indignación y deseándose por muchos tomar acciones fuertes y contundentes y así lograr repetir el proceso.

¿Será realmente esto lo idóneo?

Aquí todo está en juego y en un país tan inestable en su institucionalidad, pueda ser que esto ocurra y nos metemos en un hoyo más complejo o seguir adelante y caer finalmente en las manos del Congreso y esperar a que éste, haga su “mejor” labor y elija lo mejor o al menos lo menos peor, dentro de las opciones enviadas.

Este proceso, llevado a cabo por las comisiones de postulación, ha demostrado una vez más que no garantiza un sistema judicial independiente, mismo que sólo envuelve un entramado de sucesos cuestionables, acusaciones, corrupción y claros conflictos de interés que han puesto en duda otra vez, la legitimidad de la elección y el cual constata como el mismo es totalmente ineficiente y terreno fértil para consolidar la impunidad. 

Triste es observar a esos personajes, cuya labor es ser operadores responsables de defender los intereses corruptos, dedicando su tiempo a  “jugadas” que aseguran la continuidad de las prácticas fraudulentas.

Pero bien sabemos y lo hemos discutido muchas veces, que las palabras: honorabilidad y dignidad, no son parte del léxico, ni de la motivación de estos sujetos.

Se discute anular el proceso de selección para que las comisiones de postulación repitan el proceso, sin embargo esto no asegurará la elección de ciertos perfiles buenos que quedaron fuera, pues las razones de muchos para promoverlo no son realmente para elegir los mejores perfiles que quedaron fuera, sino para ahora sí empujar con vehemencia la candidatura de aquellos que tienen por finalidad terminar de refundir al país en el hoyo más profundo del subdesarrollo y su falta de idoneidad ni siquiera queda en la gama de los grises, sino de los considerados tan negros y obscuros, como lo es la ausencia de color.

Sabemos que diversos observadores nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la presencia de candidatos con antecedentes de corrupción o sancionados por instancias internacionales. Sin embargo, repetirla podría asegurar más inestabilidad y riesgo para el país.

Sea como sea, este tipo de situaciones genera una percepción de que el sistema judicial guatemalteco continúa siendo vulnerable a la influencia política y la corrupción.

Debemos trabajar por este inmenso problema que radica no sólo en la presencia de estos operadores y candidatos, sino también en cómo la propia ley de comisión de postulación, permite que dichas comisiones puedan estar integradas por profesionales que no sólo cumplirán un rol de comisionados, sino que también buscan ocupar los cargos que están evaluando. Este conflicto de interés socava la imparcialidad del proceso, pues los evaluadores están directamente interesados en los resultados, presentándose siempre el bochornoso fenómeno de “voto por tí y tú por mí”

Urge romper con este proceso tan podrido y no transparente, que permite exponer tan claramente conflictos de interés tan descaradados y obvios.

A ningún profesional en el cargo de Magistrado debiese serle permitido participar para la reelección, ni participar como candidato a la postuladora, para poner en riesgo la imparcialidad y la nula objetividad con que este proceso debiese llevarse a cabo.

A pesar de los monitoreos por organizaciones sociales y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los informes emitidos sobre la falta de transparencia en las decisiones de la Comisión y los múltiples llamados por distintos sectores y inclusive por el presidente Arévalo para que el proceso se llevara con total transparencia, las maniobras de ciertos grupos de poder parecen intentar mantener el control sobre el sistema judicial, perpetuando prácticas que han debilitado la independencia del sector justicia y con ello deliberadamente terminar de minar el país.

La elección de los magistrados tiene un impacto directo en la lucha contra la corrupción en Guatemala, siendo escenario de múltiples casos de este mal en los últimos años, por lo que una elección de cortes independiente, es clave para garantizar que los casos de alto impacto se resuelvan con justicia y se cumplan las expectativas de este gobierno por luchar en contra de la corrupción.

Una vez más los ciudadanos correctos debemos hacer un fuerte llamado a todos los sectores y en especial al Congreso de la República para cumplir con una tarea de trascendental importancia y proceder a elegir entre las listas entregadas por las Comisiones de Postulación a los profesionales no necesariamente mejor calificados, sino los que gocen de entereza y verdaderos principios para luchar por la justicia en este país.

Si nuevamente permitimos que el tiempo pase y no se tome en serio una profunda reforma al sistema de elección de cortes para lograr verdaderamente un sistema de justicia transparente, Guatemala continuará enfrentando una crisis que obstaculizará por muchos años más su desarrollo económico, su democracia y su capacidad para combatir la corrupción.