Para abordar el tema de cómo debe comportarse un gobierno progresista en su política internacional es necesario establecer un marco basado en principios éticos claros. Sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno que ha surgido de las luchas ciudadanas en Guatemala en 2015 que prometió en su campaña electoral y que ha repetido en su discurso oficial luchar contra la corrupción, la impunidad, la injusticia y la desigualdad, un gobierno que ha enfrentado un intento de golpe derechista incluso desde antes de su inauguración y una guerra jurídica desde su inauguración. En la era del Antropoceno (o Capitaloceno), la crisis climática, la crisis de la globalización neoliberal con su modelo de gobernanza que se manifiesta, en parte, por el retorno de una “guerra fría” entre las grandes potencias, el retorno del armamentismo y el incremento de los conflictos por poderes a nivel global, no podemos adoptar posiciones ambiguas, cínicas o demagógicas.

Vivimos en “tiempos interesantes”, tiempos de colapso moral, que requieren la toma de posturas claras. Principios éticos claros deben no solo desafiar el consenso neo-realista globalmente dominante entre las grandes potencias que “restringe la diversidad de actores del sistema internacional a los Estados y al sistema mismo” y mantiene a los demás actores “subordinados a la correlación de fuerzas entre los Estados y a los constreñimientos sistémicos al comportamiento de estos”. Contra el neo-realismo, principios éticos solidarios deben también guiar las posiciones diplomáticas de los gobiernos progresistas, sobre todo del Sur Global como Guatemala, frente a temas clave de un mundo en profunda transformación marcado por la crisis del multilateralismo, el ascenso de nuevas potencias, la dramática transformación del capitalismo neoliberal como resultado de nuevas tecnologías y capacidades de interacción global, así como la creciente desigualdad global. En este momento, la atención está centrada en torno a los conflictos en Ucrania, Palestina, el Mar de la China Meridional, así como el impacto de eventos climáticos extremos impulsados y agravados por la crisis climática. Como lo resume el Crisis Group (Grupo sobre Crisis):

El colapso de las relaciones entre Occidente y Rusia, junto con la creciente competencia entre China y EE. UU., tienen gran parte de la responsabilidad. Incluso en crisis en las que no están directamente involucradas, las grandes potencias discuten sobre lo que debería implicar la diplomacia y si (o cómo) respaldarla.

En este contexto, el legado histórico que nos dejó el Movimiento de los Países No Alineados junto con el ejemplo y acciones actuales de organizaciones internacionales como Oxfam, Jewish Voice for Peace, Climate Action Network y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), proporcionan bases sólidas para una política exterior de principios, justa y solidaria.

Un gobierno progresista que surge de un contexto como el de Guatemala, marcado por una larga historia de intervención extranjera, conflictos internos y genocidio, así como luchas por la justicia, debe sostenerse como mínimo en los 10 Principios de Bandung de 1955 que hemos heredado del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL), un foro que nació durante la Guerra Fría con el propósito de evitar la alineación con grandes bloques de poder y promover la autodeterminación de los pueblos. Estos principios son más relevantes que nunca en un mundo de crisis de la multipolaridad y con crecientes tensiones entre potencias imperialistas o colonialistas que, combinado con una clara crisis de la globalización neoliberal marcada por el ascenso de China al nivel de una potencia económica global, están de nuevo resucitando los discursos del proteccionismo industrial y las esferas de influencia.

La política exterior de este gobierno debe, por tanto, rechazar toda forma de neocolonialismo, intervenciones u ocupaciones militares (desde Ucrania y Palestina hasta Haití y las Malvinas) y la subordinación económica de las naciones del Sur Global a intereses de las grandes potencias, las corporaciones transnacionales y las grandes agencias multilaterales de “financiamiento y desarrollo”. Esto significa mantener una postura de independencia crítica y autonomía nacional, basada en el diálogo y la cooperación con todos los actores globales, tanto estatales como no estatales, sobre todo los más subalternos, pero siempre priorizando los intereses de su propio pueblo y la defensa de los principios de justicia social y soberanía democrática. A su vez, debe promover la reforma de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas (particularmente el Consejo de Seguridad) y el Fondo Monetario Internacional y sus políticas de ajuste o “reforma” estructural (una alternativa pudo ser el Banco del Sur) para que sean más democráticas y representen genuinamente los intereses de los países en desarrollo que conforman la subalternidad del Sur Global.

En cuanto a los conflictos internacionales, muy particularmente en este momento los de Ucrania y Palestina, este gobierno debe adoptar una postura que no favorezca a las potencias involucradas ni a sus alianzas militares ni tampoco sus discursos neorrealistas que excluyen a las Naciones Unidas y a las ciudadanías, sino que promueva la justicia, el diálogo y la paz siempre a partir de los intereses de las partes que no tienen parte, las partes subalternas que muchas veces no tienen ni voz ni voto, las partes colonizadas y traumatizadas por décadas debido a políticas de ocupación, represión y segregación sistemática. La tradición del no-alineamiento ofrece una guía ético-política clara, ya que se opone tanto al imperialismo militar como al expansionismo territorial y al colonialismo de cualquier tipo.

En su política hacia Europa, un gobierno progresista no debe apoyar la agresión militar de ninguna potencia, ya sea Rusia o la OTÁN. En lugar de tomar partido a favor de potencias económicas o militares, debe abogar por una solución pacífica y diplomática que respete la soberanía de Ucrania, la seguridad de Rusia y la integridad de Europa, al tiempo que critica las intervenciones militares extranjeras o los expansionismos imperiales que exacerban y perpetúan el conflicto. Este enfoque se alinea con organizaciones como Oxfam, que denuncian las consecuencias humanitarias de los conflictos y promueven la paz basada en los derechos humanos y la justicia social. Un gobierno progresista también debe posicionarse en contra de las sanciones unilaterales que, a menudo, terminan castigando a las poblaciones civiles en lugar de a los líderes responsables de las agresiones o la perpetuación de los conflictos. En ningún momento debe ser olvidado el auge de la extrema derecha nacionalista tanto en Ucrania, como en Rusia y en Europa pues esta fuerza política, aunque hable en nombre de la “soberanía nacional”, mina la solidaridad y el internacionalismo democrático.

En el contexto del Oriente Medio, particularmente Palestina y el conflicto palestino-israelí, la postura de un gobierno progresista debe ser firme en defensa de los derechos humanos de los palestinos, condenando la ocupación ilegal y las violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Así como la historia de Guatemala no comienza en 1985, 2015 o 2023, la historia de la opresión y ocupación de los territorios palestinos no comienza el 7 de octubre de 2023. Urge recordar que cualquier apoyo a Netanyahu o su gobierno de extrema derecha sionista es el equivalente político y moral de apoyar al Pacto de Corruptos y la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala. Un gobierno progresista debe, como mínimo, alinearse con la visión de organizaciones internacionales como Jewish Voice for Peace (Voces Judías por la Paz), que apoya una paz justa y duradera basada en el respeto a la autodeterminación palestina (pueblo que representa la subalternidad en el sentido más puro del concepto), la igualdad de derechos para todos los ciudadanos de la región (palestinos/as, mujeres y migrantes) y la solución de los dos Estados. Al mismo tiempo, un gobierno progresista debe buscar articulaciones globales que desafíen el apoyo incondicional de potencias extranjeras a Israel, en consonancia con los principios de justicia internacional. En este, las dirigencias progresistas del gobierno y de los movimientos sociales tienen mucho que aprender de la Internacional Progresista.

Junto al peligro de una guerra nuclear, otro de los retos más graves que enfrenta la humanidad es la crisis climática. En su Informe sobre el estado del clima de 2024, los/as científicos/as declaran que el tejido de la vida en la Tierra está en peligro. Un gobierno progresista no puede quedarse al margen global de esta crisis, dedicarse solo a plantar arbolitos en las tierras que no pueden ser acaparadas por los intereses extractivos y agroexportadores o celebrar el “lavado verde” de los monopolios extractivos (como el azucarero) que plantan arbolitos solo en las tierras que esos intereses designan como apropiadas para ello y que no amenazan sus intereses. Combatiendo también las teorías de conspiración y las epistemologías de la posverdad que circulan dentro de las derechas, una política climática internacional progresista debe articularse, para empezar, en torno a los principios científicos contenidos en los Informes de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y organizaciones globales de base como Climate Action Network (Red de Acción Climática), que llaman a una acción y transición energética inmediata, justa y articulada a nivel global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los impactos del cambio climático. La crisis climática, así como la amenaza de una guerra nuclear, son las principales amenazas existenciales que enfrenta la humanidad y nuestro planeta.

El gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera debe adoptar claramente una política de justicia climática que implica reconocer que quienes menos han contribuido al calentamiento global (los países del Sur Global, los grupos subalternos dentro de Guatemala) son quienes más sufren sus consecuencias. En este sentido, debe exigir a las naciones industrializadas y las potencias económicas globales no solo la reducción de sus emisiones, sino también el pago de reparaciones por los daños causados al planeta, a través de mecanismos como el Fondo Verde para el Clima y el cumplimiento con los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Acelerar la acción climática, sobre todo por parte de los más poderosos grupos empresariales o económicos y las potencias dominantes, es fundamental para una transición energética que no solo sea justa, sino que también garantice que los países todavía subalternos y las economías dependientes, puedan adaptarse y puedan vivir con dignidad en un mundo post-carbono sin cargar con los costos de la descarbonización global y, mucho menos, transferirlos a las partes más débiles.

Un gobierno progresista debe ser un actor activo y de ninguna manera plegado en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, como la COP29 que tomará lugar del 11 al 22 de noviembre de 2024 en Bakú, Azerbaiyán, defendiendo con dignidad y principios la implementación del Acuerdo de París, con mejoras en los planes de acción climática (conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC) de los más grandes emisores (tanto per capita como en el total de sus emisiones) y trabajando articuladamente con otros países del Sur Global para que los compromisos de reducción de emisiones sean más ambiciosos, especialmente por parte de las potencias industriales y militares.

Una política internacional de cambio climático que busque la justicia y la equidad se alinea con muchas propuestas del llamado G-77 y China, la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC, del cual Guatemala ha sido miembro) y del SICA (del cual Guatemala es país miembro). Pero estos bloques y sus propuestas deben ser reenergizados con las ideas y las propuestas de organizaciones internacionales como Climate Action Network (Red de Acción Climática) que enfatizan la necesidad de una acción climática y una transición energética y sistémica basada en la equidad y la justicia.

Como lo hemos mostrado en un trabajo reciente titulado “Guatemala: Desafíos ambientales y ecológicos para el ciclo institucional de la Nueva Primavera 2024-2028”, parte de la crisis climática está profundamente relacionada con el modelo económico extractivista que ha devastado recursos, territorios y poblaciones indígenas y subalternas en Guatemala y otros países del Sur Global. Un gobierno progresista debe rechazar las presiones y los chantajes de las empresas transnacionales, así como de los grupos familiares y empresariales nacionales, que presionan (y financian la política) para explotar y extraer los recursos naturales del país en nombre del desarrollo económico “sostenible”. Este enfoque debe inspirarse en el trabajo de grupos ecologistas y movimientos indígenas que defienden el Buen Vivir y el respeto a la Madre Tierra, es decir, una economía para la vida, como alternativas al modelo capitalista saqueador y depredador. Un gobierno progresista debe ser una voz clara, lúcida y propositiva ante los discursos negacionistas que ahora están en ascenso con las extremas derechas neofascistas.

Para un gobierno progresista, las alianzas internacionales no deben basarse únicamente en criterios de crecimiento económico o de seguridad, mucho menos en criterios pragmáticos de corto plazo o acciones que respondan al pago de deudas políticas, sino que deben basarse en la construcción de una gran articulación con otros movimientos y gobiernos que luchan por la justicia social, la paz y la opción del Buen Vivir. Aunque parezca descabellado decirlo, el planeta demanda un decrecimiento económico y la adopción de formas sostenibles de vida. Esto implica una activa participación en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como en redes de solidaridad global organizadas por movimientos de abajo. Para estos efectos urge que el gobierno haga los cambios pertinentes y requeridos en los equipos diplomáticos que trabajan en la ONU y la OEA, Washington, Bruselas y más allá. No importa que Guatemala sea un país pequeño a nivel global. Lo que importa es que su posición y su mensaje en la arena internacional y global estén a la altura de lo que demandan las crisis del momento histórico y climático que hoy vivimos.

Este gobierno debe priorizar los derechos humanos y la articulación con movimientos sociales y gobiernos que promuevan la justicia global. Esto incluye apoyar iniciativas internacionales para defender los derechos de los/as refugiados, migrantes y desplazados/as climáticos, el rechazo tajante a discursos neofascistas que los/as criminalizan, los/as separan de sus hijos/as, los/as encarcelan y los/as deportan sin ningún respeto incluso a sus propias leyes y hoy también -haciendo eco del viejo discurso nazi- culpan incluso a sus genes mismos, rechazando también las políticas de detención que prevalecen tanto en el Norte Global como en muchas naciones del sur.

En materia de migración Guatemala debe entenderse como lo que es, es decir, un país exportador de migrantes, gente que no cuenta, gente que no encuentra oportunidades ni reconocimiento en un país dominado por elites criollas, racistas e incestuosas totalmente insensibles e indolentes en materia de sufrimiento social. Esto significa que Guatemala debe adoptar políticas de protección y defensa de los/as migrantes o de las comunidades chapinas en la diáspora que dignifiquen y reconozcan la enorme y ahora indispensable contribución que estas comunidades hacen y no solo en materia de remesas, sino también en su derecho a votar como lo hace cualquier/a otro/a guatemalteco/a.

En países como Canadá, con más de treinta mil migrantes chapines, no existe una representación diplomática adecuada del Gobierno de Guatemala afuera de Ottawa (ni siquiera la página web https://canada.minex.gob.gt/ funciona bien). El consulado de Guatemala en Toronto es de lo más inadecuado posible, en una zona remota de la ciudad más grande de Canadá, con funcionarios/as que nadie en la comunidad conoce y que nunca están presentes en ninguna actividad cultural o social de la comunidad chapina de migrantes. Eso debe cambiar fortaleciendo el cuerpo diplomático de Guatemala en este país y, sin duda, también en otros.

En resumen, la política internacional de un gobierno progresista nacido de las luchas sociales en Guatemala debe centrarse en los principios de no-alineamiento, justicia social y climática, y defensa de los derechos humanos y los derechos de los/as migrantes. Estos principios se entrelazan con los principios que hemos heredado de movimientos históricos como el Movimiento de los Países No Alineados y organizaciones internacionales que hoy abogan por la justicia económica, la paz y la justicia climática.

Un gobierno así debe ser un defensor global de los oprimidos y los países subalternos promoviendo la soberanía democrática de las naciones y de sus pueblos frente a las grandes potencias industriales y militares y las corporaciones transnacionales que siguen controlando lo que queda de la globalización neoliberal. Al mismo tiempo, debe trabajar incansable y articuladamente oponiéndose al belicismo, combatiendo la crisis climática, apoyando modelos alternativos de sociedad y economía respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos indígenas. La urgencia de estas posturas no puede ser más enfatizada. Los tiempos de crisis climática y crisis de la globalización neoliberal en que vivimos demandan coherencia, firmeza y claridad. Esta es la única manera de mantenerse fiel o de germinar los ideales que lo llevaron al poder, y de contribuir significativamente a la construcción de un nuevo orden económico y climático internacional más justo y equitativo.