Otra semana pasa y nos sucumben las noticias que exacerban las ansiedades y dan paso a las confrontaciones, nublándose el horizonte más que esa bruma tóxica que oculta los volcanes y oscurece nuestros cielos. Así van quedando entrampados esos sueños que aún muchos conservamos, para ver florecer a nuestra Guatemala. Esa sensación de poco avance no es nada alentadora, deprimiéndose los ánimos al encontrarnos siempre entre incertidumbres y dificultades.

Sorprendió otra destitución en el gabinete del presidente Arévalo. En esta ocasión se trató de la arquitecta Jazmín De La Vega, quien fuere la titular de la cartera del MICIVI. Se le destituyó por haber perdido la confianza del presidente, expresado así públicamente por este último. Se suponía que la exministra era una aliada en los procesos anticorrupción, una pieza en el juego de esta anhelada primavera, una de las figuras más presentes en los hallazgos de actos fraudulentos dentro de
este ministerio y quien presentó varias denuncias al Ministerio Público. Supuestamente y dicho por ella: La ministra mejor calificada durante los primeros 100 de este gobierno.

¿Y qué pasó? Pues sería justo y necesario informar a la población, sobre esta destitución y hacerlo con mayor claridad. Hubo ciertas declaraciones sobre lo acaecido y sinceramente no queda más que manifestar que las preguntas que surgen, son más que las respuestas obtenidas.

Por un lado, la secretaria privada de la presidencia, Ana Glenda Tager, brindó detalles de esta destitución, durante una citación en el Congreso de la República, junto a otros funcionarios, quien hizo saber del supuesto incumplimiento de acuerdos alcanzados dentro de un equipo conformado por el mismo presidente, el ministro de Finanzas y la ahora exministra de Comunicaciones, para la ejecución de pagos a las empresas constructoras contratadas. Al parecer dentro de esa mesa se definió un listado, el cual se argumenta fue consensuado, para ejecutar dichos pagos únicamente a las empresas que cumplieran con ciertos criterios conjuntamente establecidos. Según estas declaraciones, la exministra incumplió estos acuerdos, efectuando pagos a tres empresas que no estaban en esta lista acordada, lo que costó al Estado una erogación de casi 60 millones de quetzales.

Lo anterior fue considerado una desobediencia a los consensos de aquella mesa, constituyendo lo anterior en la causa básica, para la ruptura de la confianza por parte del presidente hacia la exministra, destituyendo entonces a ésta.

Por su parte la exfuncionaria realizó una conferencia de prensa, en la cual se centró en argumentar que su actuar se rigió exclusivamente por criterios técnicos, negándose a acatar órdenes ilegales durante su gestión. Afirma que los pagos propuestos comprometían la seguridad jurídica de los contratos de obras de dicha cartera.

Suponemos que cada contrato ameritó una exhaustiva evaluación, considerándose para cada uno sus propias características y tipicidades, para así verificar cuáles encajarían dentro de los criterios que se argumenta, fueron tomados de forma conjunta.

Llama la atención que la arquitecta y exministra De La Vega aseguró que no presentaría denuncia alguna por las supuestas órdenes ilegales que recibió. Es entonces donde surgen varias preguntas obligadas: ¿Son consideradas órdenes ilegales esos acuerdos que nadie niega y que delimitaban la ejecución de esos pagos a determinadas empresas? ¿Por qué la exministra no objetó, ni denunció en su momento oportuno esos criterios u órdenes supuestamente ilegales, así como esa lista a la cual hace referencia la secretaria privada de la presidencia? Si ella consideraba todo lo anterior lesivo a los principios jurídicos de los contratos, ¿por qué consintió en su momento esos acuerdos? ¡Considero entonces, que no bastaba únicamente con no cumplir esas disposiciones, sino que era y es necesario denunciar! De lo contrario se es parte de esos supuestos hechos o se comete el delito de omisión de denuncia.

Hay cosas que no cuadran y como fue dicho con anterioridad, generan más dudas que respuestas claras. Saber con certeza qué hay detrás de todo este enredo de versiones que pretenden esclarecer lo sucedido, es necesario, pues cuando las mismas se confrontan, sólo se confirma que faltan piezas que aún no han sido compartidas con transparencia a la ciudadanía.

En esencia y frente a estas vicisitudes, la población merece saber la verdad y que se aclare esta penosa y lamentable situación que deja en entredicho y en zozobra a la tan anhelada primavera. Las verdades a medias y encerradas en dimes y diretes siguen y seguirán siendo parte del desgaste de este país.

El acceso a la información pública es un derecho que se tiene y el mismo es altamente exigible para la contundente transformación de las instituciones públicas.

Si la exministra De La Vega pasó por encima de esos acuerdos que fueron fundamentados en ley y consensuados por las partes interesadas, la destitución de ésta será considerada más que justa y acorde a los principios de la lucha anticorrupción, exigiéndose se esclarezcan las razones que la motivaron a desobedecerlos, quedando siempre todos atentos a las denuncias que de estos hechos se deriven.

¡Si fue lo contrario, también exigimos la verdad!