La renuncia de Félix Alvarado como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) de Guatemala ha puesto nuevamente bajo la lupa el estado de una de las carteras más importantes del país. Este evento no sólo evidencia los retos técnicos y logísticos de ese ministerio, sino que también subraya un problema estructural que afecta a todas las instituciones del Estado: el legado de la corrupción, que se ha convertido en un obstáculo casi infranqueable, incluso para funcionarios honestos y con intenciones de poder desempeñar un buen papel.

A pesar de que Alvarado asumió el cargo gozando de una buena reputación y con la promesa de trabajar por la transparencia, su renuncia, apenas seis meses después, refleja que no basta la probidad individual, cuando el sistema en su conjunto está diseñado para favorecer intereses particulares por encima del bien común.

He aquí el peso y las consecuencias de las decisiones electorales que han tenido en el pasado los ciudadanos y hoy se pretende cargar la responsabilidad únicamente al presente. ¡Y no es excusa, es una terrible realidad!

Las raíces de esta crisis están profundamente entrelazadas con las decisiones que hemos tomado como ciudadanía. Durante décadas, el electorado ha optado por líderes y partidos cuya prioridad ha sido fortalecer redes clientelistas y saquear recursos públicos en lugar de construir un Estado funcional.

Un ministerio que históricamente se ha expuesto a la corrupción debido a los altos montos destinados a infraestructura, se convirtió en el botín perfecto para financiar campañas y beneficiar a contratistas afines.

Es una institución que lejos de funcionar para lo que fue creada, ha sido escenario de presiones por parte de diputados, financistas políticos y muchos contratistas corruptos, quienes históricamente han utilizado esta cartera como una plataforma para el enriquecimiento ilícito.

Según analistas, estas influencias han creado un ambiente donde cualquier intento de reforma, se enfrenta a una resistencia sistémica.

Hoy, aunque en las altas esferas de gobierno tengamos personas honestas, el sistema que heredamos está tan corroído, que superar las trabas administrativas, las redes de corrupción interna y la falta de recursos se ha vuelto casi imposible.

Administraciones pasadas han dejado instituciones colapsadas, marcadas por décadas de malos manejos que trascienden cualquier voluntad individual de cambio.

El CIV no sólo enfrenta problemas históricos de corrupción, sino también una falta de continuidad y liderazgo. Tómese nota que en los últimos 16 años, 12 ministros han ocupado este cargo, lo que ha impedido la implementación de proyectos de largo plazo. ¡Alvarado no fue la excepción!

A pesar de sus esfuerzos, su gestión estuvo marcada por el deterioro de la red vial, retrasos en obras emblemáticas como el puente Belice 2 y el colapso de estructuras críticas como el puente Nahualate, símbolos del abandono estatal.

Su renuncia se vio acompañada por la salida previa de dos viceministros, dejando al ministerio en una situación crítica. Estos cambios no sólo generan enorme incertidumbre, sino que evidencian la falta de un plan de acción que permita enfrentar los problemas estructurales de la cartera.

¿Qué consecuencias tiene todo esto para la población?

Toda esta ineficiencia en la gestión de este ministerio, tiene y seguirá teniendo un impacto directo y devastador en la vida de los guatemaltecos.

El deterioro de la infraestructura dificulta la movilidad, encarece los costos de transporte y por ende, el de la canasta básica y demás insumos y productos, limitándose también el acceso a servicios esenciales en las comunidades más vulnerables. Además, de existir el riesgo constante de accidentes en carreteras y estructuras dañadas o colapsadas, poniendo en peligro la seguridad y hasta la vida de las personas.

En esencia, se afecta la competitividad del país, el cual enfrenta enormes retos económicos, pues la falta de una red vial eficiente, no sólo perjudica el comercio interno, sino que también desincentiva la inversión extranjera. En otras palabras, el estado del CIV no es sólo un problema técnico, sino un obstáculo para el desarrollo de la nación.

¿Qué podemos hacer como ciudadanía?

El cambio real debe comenzar con una revisión profunda de nuestras decisiones como electorado. Elegir líderes sin visión, preparados únicamente para gestionar sus propios intereses, nos ha llevado a esta situación. Es momento de priorizar a quienes queremos como líderes de nuestra nación, para evitar esta debacle que lleva años consolidándose. Elegir personas honradas y realmente comprometidas con la transparencia, es importante, pero también el llevar consigo estrategia y consolidación de equipos (nótese que lo escribo en plural) para reformar las instituciones.

Crucial es y será no abandonar a la sociedad civil compuesta por todos sus sectores, para acompañar ese liderazgo de forma activa y en constante vigilancia de la gestión pública. La implementación de mecanismos de control ciudadano, como auditorías sociales y observatorios independientes ayudan a reducir las oportunidades de corrupción y fortalecer la rendición de cuentas.

La renuncia de Alvarado y el posterior allanamiento a su vivienda, es un claro recordatorio que, hoy más que nunca, urge redoblar fuerzas y fortalecer liderazgos, pues aunque contemos con funcionarios probos, no bastará para superar un sistema que durante años ha sido moldeado por la corrupción y la negligencia.

Además, consolidar las alianzas estratégicas y ampoyarse en ese pueblo que confió en este gobierno, es trascendental.

Mientras no se ataque la raíz del problema, las carreteras seguirán en ruinas, los puentes quedarán a medias y la esperanza de los guatemaltecos continuará erosionándose.

Dicha crisis, no puede seguir siendo un tema de discusión temporal; debe convertirse en una prioridad nacional.

¡No podemos permitir que el pasado dicte nuestro futuro! La crisis del CIV es una oportunidad para reflexionar y exigir un cambio real, uno que vaya más allá de nombres y partidos y que apunte a construir un Estado capaz de garantizar el bienestar de su gente.

Como ciudadanos, está en nuestras manos y la de nuestros actuales gobernantes, hacer que esta sea la última generación en vivir bajo el peso de un sistema en ruinas.

¡El futuro del país depende de ello!