Es hoy en día tendencia preocupante la derruida infraestructura pública y la crisis del ministerio rector: pasos a desnivel (o mamotretos de concreto) a medio construir, puentes endebles que colapsan, anarquía en la priorización de obras, colusión entre ejecutores y supervisores, colapso de arterias claves en la productividad, etc. Y encima la amenaza espuria del Ministerio Público sobre el ministro saliente.

Fuera del tema de un estado de Derecho de república bananera, en el plano sectorial de la inversión pública me late que no hemos llegado al meollo de la cuestión: el corporativismo, el extremado formalismo y el absurdo burocratismo del sistema público de contrataciones y adquisiciones del Estado. Allí está la raíz de todo. Y los remedios actuales simplemente son peores que la enfermedad. ¿Por qué?

Las razones de la inclinación populista-emotivo-derechista de electorados poco instruidos, pero con alto poder de voto en: Estados Unidos, Argentina, El Salvador… Y hasta en la propia Costa Rica actual, ha sido la petición hacia un estado autoritario que funcione, que desmantele órganos públicos innecesarios y que ofrezca resultados. Tal tipo de Estado tiende a neutralizar un tanto la fragmentación marcada por un extremo corporativismo, al menos en un primer momento de recomposición, pues bien, la historia demuestra que el corporativismo es un claro sesgo del fascismo clásico. El término denota gobernar con los grupos de interés, principalmente sindicatos, empresarios y gremios afines.

En la denuncia penal planteada por los actuales personeros del INDE en contra de Melvin Quijivix, los asesores legales muy bien plantearon esa patología ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala:

Haciendo referencia al Consejo Directivo del INDE, se asevera que «sigue el modelo corporativista que impera en muchos de los cuerpos colegiados existentes en el Sector Público de Guatemala». En efecto, aparte de ministerios y SEGEPLAN, en tal Consejo hay designados por la ANAM, los sindicatos y por supuesto el CACIF.

El señor Quijivix fue, además, electo Presidente por unanimidad de tal cuerpo colegiado. Y una vez siendo electo comenzó a manipular el sistema de contrataciones del INDE, tomando ventaja de la mayor flexibilidad de montos menores a Q1 millón, y aprovechando las figuras laxas del Código Mercantil, que permiten el uso abusivo  del  testaferrato.

Vale indicar que el INDE tiene un muy particular Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones que permite aislarse del engorroso sistema general de las contrataciones del Estado, y que legislaciones recientes como la de Infraestructura Vial, y de trato especial de la infraestructura a los consejos de desarrollo pretende también emular; sorteando candados de la contratación general, y creando vías expeditas. Don Quijivix tomó ventaja hasta la saciedad de tales entramados.

Llama la atención, por ejemplo, una nota firmada por Ramón Aníbal Romero, ex Gerente General, enviada a Ana Gabriela López Portillo, Gerente de Comercialización, sobre la contratación de Mine, Sociedad Anónima, siendo la misma una empresa en donde don Melvin era Gerente General, aún siendo miembro del Consejo Directivo del INDE, y con sede fiscal en su residencia. Además, comparte contador, abogado corporativo y testaferros con otras entidades identificadas en la estructura criminal montada. Y además su propio suegro y cuñados eran los accionistas de la empresa. Qué tal.

Usualmente solemos ver hacia la Contraloría de Cuentas su falta de acción en estos entuertos. Y no digamos el Ministerio Público… pero, ir a la raíz del asunto y su prevención está en terrenos de la política económica y la política pública, y el diseño institucional actual.  ¿Por qué?

Sencillamente porque contamos con un Código de Comercio vetusto y primitivo, en donde la cultura del anonimato es la que reina. Además, no contamos con un mercado de valores con compañías públicamente transables en donde los accionistas dan la cara para captar capital. Varios intentos se han hecho, pero ninguno ha fructificado. Se trata de un capitalismo primitivo y familiar, en donde las grandes familias son también dueñas de bancos y no necesitan captar capital del público.

Hace poco el diario Prensa Libre publicó un extenso reportaje sobre las vicisitudes de la gobernanza del Registro de Información Catastral -RIC- en donde a los  diseñadores del mismo se les ocurrió introducir a los colegios profesionales. Igualito que hoy se hace con la Ley de Infraestructura Vial. Y el resultado es la carencia total de gobernanza y los claros intereses endogámicos en el RIC, como lo ha sido también en el fideicomiso COVIAL. Recordemos que una nefasta figura de los fideicomisos públicos es otra manera de sortear un buen sistema de contrataciones, que los anglosajones le llaman procurement.

En fin, en una pésima institucionalidad de contrataciones y adquisiciones, y en la creación de empresas de cartón, producto de un obsoleto Registro Mercantil y Código de Comercio,  es en donde está el germen de la corrupción y mediocridad estatal. Y además en su encontronazo con un régimen mercantil, colmado de contadores y abogados inescrupulosos, que han hecho de la moral del lucro personal, sencillamente: su agosto. Mientras el Congreso de la República, los centros de pensamiento, el propio gobierno y el sector justicia no vean lo urgente de la prevención de tales delitos de cuello blanco y gobernanza corporativa chueca, seguiremos arrastrando los vicios del hoy… y del pasado reciente.