El término letrinocracia se hizo célebre gracias a un discurso de Ernesto Guevara, ante la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de la Organización de Estados Americanos en Punta del Este, Uruguay, allá por 1961. El dirigente cubano intentaba criticar con ello la ayuda internacional, aseverando que, según sus propias fuentes los préstamos y ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- se dirigía a proyectos superficiales y maquiladores de la pobreza, tal cual eran la instalación de letrinas por todo el campo. Ello en vez de fomentar la industrialización y proceder al desarrollo integral.

Ahora bien, el atraso del país era evidente, y bajo una visión inteligente los gobiernos de turno hubieran podido avanzar en la ruta de la industrialización y el desarrollo económico y en la de las acciones sanitarias fundamentales de cualquier sociedad civilizada. De hecho, durante el gobierno de Jacobo Arbenz, contando con la ayuda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- ya se existía una senda sorprendentemente buena de desarrollo económico, pero ya bien sabemos que todo ello se frustró.

Y se ha frustrado tanto, cuando 63 años después, las estrategias de la ayuda foránea llevan títulos como «Feed the Future», que se desprenden de países africanos, en donde el hambre y la desnutrición impera. Y además, uno de los últimos préstamos del Banco Mundial para Guatemala, está aposentado en el Ministerio de Salud, y se denomina «Crecer Sano», y en su diagnóstico se mostraron indicadores vergonzosos, como uno que dice que somos parte del pelotón de países en donde un amplio conglomerado de gente no tiene inodoros en casa, lo que dispara una gran cantidad de condiciones de insalubridad. Así, por lo menos, ojalá se hubiera instaurado la letrinocracia en la década de los 60. Quizás tendríamos ya mejores indicadores, y menos desnutrición y enfermedades prevenibles.

¿Y a qué viene todo esto? Resulta ser que la Corte de Constitucionalidad, al igual que se encuentra analizando, para intervenir, un voto de reconocimiento de Palestina como país, se ha puesto al lado de la Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM-, que ha reaccionado con judicializar un reglamento pasado que se negoció con los alcaldes, para comprometerse a priorizar proyectos de agua potable, plantas de tratamiento y alcantarillado, etc. A pesar de lo que vemos en la cuenca del Motagua, en Atitlán o en Amatitlán, los señorones caciques están más preocupados por viajar a Wembley a ver la final de la Champions que a enfrentar su reto como letrinocracia por lo menos, 63 años después de la célebre sentencia discursiva del Ché.

Y lo más kafkiano de todo es que los magistrados de la Corte, acudiendo a sus estrategias de fragmentación y balcanización del poder, escudadas bajo el manto de las «autonomías«, se vienen craneando una sentencia final, apelando a la protección de la autonomía municipal. Como que fuera ajena a todo intento de planificación nacional y coordinación de inversiones de la obra pública, como lo muestran los casos de cualquier país exitoso hoy. Y ello nada que ver con el socialismo. Cualquier tecnócrata coreano, taiwanés o alemán se sorprendería de tal majadería.

El conocido Sistema de Consejos de Desarrollo -SISCODE- está manejando, anualmente, una cartera de más de dos mil proyectos, que se atomizan como obras hormiga, a manera de repartidera en los 340 municipios. La priorización para ellos es asfaltado o recapeado de calles. Evitando todo intento planificador de mediano y largo plazo, principalmente en relación con inversión social para la gente. Y es que en ese tipo de infraestructura simple, y de caminos están los grandes negocios de las constructoras, al punto que hace poco escribí una columna analizando los fondos del SISCODE destinados a paliar el hambre, y hasta esos programas se destinan a caminos, bajo el argumento que el camino ayuda al transporte de alimentos. Al final, ese es el meollo del asunto.

Si algo es base del desarrollo municipal y motivo de existencia de los ahora famosos cocodes, codedes y gobernaciones departamentales es propiciar la higiene de sus municipios, y la  respuesta lógica de los certeros analistas de prensa, de los tanques de pensamiento y de la sociedad civil  debiera ser las de la exigencia que se proceda a establecer, mediante el arte de la política y de la planificación del desarrollo un adecuado rectorado y guía -además de banco de proyectos- relacionado con las grandes prioridades sociales y ambientales de país.

Buena y positiva sería entonces una adecuada y racional reacción en contra de sentencias tan absurdas como esa, la de fortalecer la discusión técnica de los proyectos de infraestructura, ahora que, gracias a las remesas, el propio consumismo ha fortalecido los ingresos tributarios, al punto que el Ministerio de Finanzas se da el lujo de plantear una gruesa ampliación presupuestaria, que debiera estar hábilmente condicionada a las múltiples agendas de desarrollo que se han discutido en abundantes foros.