La decepción que genera el Ministerio Público es cada vez mayor, una institución que debería ser bastión de la justicia se ha convertido en su antítesis. Esta realidad nos obliga a cuestionar su funcionamiento y su verdadero compromiso con la sociedad. Esta institución, que debería ser un garante de los derechos de todos, se ha convertido en un escudo para los poderosos, con su eslogan tan emblemático: “fuerte y firme”. No obstante, ofrece impunidad y soberanía a los tiranos.

La corrupción en los últimos gobiernos ha generado una profunda desconfianza en las instituciones, la impunidad de figuras como Alejandro Giammattei Falla ha normalizado prácticas corruptas y ha socavado el Estado de derecho. Cuando los gobernantes se enriquecen a costa del erario público, se perjudica a toda la población. Esta situación nos lleva a cuestionar la capacidad de nuestras instituciones para garantizar la justicia y el bienestar común. El hecho de que este personaje, con serios señalamientos sobre corrupción y malversación de fondos públicos, aún no haya enfrentado a la justicia, es una muestra clara de la debilidad institucional y fomenta la repetición de conductas ilícitas.

Las acciones antidemocráticas del Ministerio Público son una amenaza para la sociedad guatemalteca, ellos mismos ocultan información y persiguen a quienes disienten, esta institución socava los principios fundamentales de un Estado de derecho. El marco filosófico que posee la institución, pareciera ser un chiste para su autoridades, ya que no cumplen con lo establecido, las últimas líneas de la Misión del MP, indican: “coadyuvar a la aplicación de una justicia pronta y cumplida”. Realmente queda reducida a una mera retórica, mientras la realidad muestra una justicia selectiva,  imparcial y sobre todo burocrática.

“Consolidando la justicia pronta y cumplida, en el combate directo contra la delincuencia, la corrupción e impunidad.” De esta manera culmina el texto que indica la Visión del MP, ahora y en reiteradas ocasiones he mencionados en mis columnas, bajo la actual gestión, se ha instaurado un sistema que favorece a los criminales y protege a los corruptos. La liberación de políticos implicados en actos de corrupción demuestra claramente que el MP está al servicio de una alianza criminal y no de la justicia

Entre los nueve valores que da a conocer el MP, en su página web (que se supone que practican), únicamente quiero resaltar tres que parecen interesantes y de esa manera podemos situarnos sobre la realidad de esta institución, en primer lugar; transparencia. La declaración del MP de promover la transparencia resulta contradictoria a la luz de sus prácticas, la institución al ocultar información relevante sobre casos de alto impacto y al manejar la comunicación de manera selectiva, demuestra una falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Varios casos de importancia para el país son casos manejados bajo términos de “reserva”, mientras que en la red social X, varias cuentas filtran información.

El siguiente valor es; confianza, al día de hoy no he tenido el agrado de conversar con un solo ciudadano confié plenamente en la institución, la falta de confianza en el MP tiene consecuencias directas para el funcionamiento del Estado de derecho. La percepción de que la justicia es selectiva y que los poderosos están por encima de la ley debilita las instituciones y fomenta la impunidad, además la liberación de delincuentes de alto perfil confirma la sospecha de que el sistema de justicia está al servicio de intereses particulares y no del interés general.

Ahora bien, el tercer valor que ha llamado mi atención es; competencia profesional, el caso de la competencia profesional en el MP es un reflejo de una problemática más amplia relacionada con la meritocracia y la calidad de los servicios públicos en Guatemala. La designación de funcionarios en base a criterios políticos y clientelares, en lugar de méritos académicos y profesionales, ha debilitado las instituciones y ha generado una cultura de impunidad. Es un secreto a voces la falta de profesionalismo que ofrece la actual Fiscal General del MP, habiendo investigaciones que firman con evidencia el plagio de su doctorado, el caso de plagio de la señora Consuelo Porras es un ejemplo claro de cómo la falta de rigor académico y ético se infiltra en toda la institución, si los líderes no demuestran un alto nivel de competencia, es difícil esperar que los funcionarios de menor rango lo hagan, además genera una cultura organizacional que dificulta el desarrollo de investigaciones sólidas y objetivas.

Lo más lógico es que se investigue al MP por su incompetencia y falta de otorgamiento de justicia, resulta paradójico que la institución encargada de impartir justicia sea, en sí misma, objeto de investigación. Ante esta situación, la sociedad civil debe exigir una reforma profunda del sistema de justicia, que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia de los operadores de justicia.