“No news, good news” dicen los angloparlantes en referencia a que la ausencia de hechos clave que reportar puede ser una señal de que no hay problemas o situaciones urgentes que resolver. El reciente comunicado del FMI sobre la situación económica del país encaja bien en la situación que describe ese dicho popular. La Declaración Final sobre la Misión de Consulta del Artículo IV a Guatemala correspondiente 2024 afirma, por enésima vez, que “la economía guatemalteca continúa mostrando notable estabilidad y solidez gracias a una larga trayectoria de políticas monetaria y fiscales prudentes —con una inflación en meta, amplias reservas internacionales, déficits fiscales contenidos, una deuda pública/PIB baja que sigue cayendo”. Buenas noticias, sí, pero  tampoco para vanagloriarse. No en el sentido de que sería mejor la  inestabilidad, sino que ningún país se ha desarrollado solamente en función de su estabilidad macroeconómica.

Haciendo una analogía con un automóvil, podría decirse que Guatemala tiene muy buen sistema de suspensión pero un débil motor que no le permite pasar de una tasa promedio de crecimiento de 3.5% durante casi tres décadas. Un logro notable si se compara con otros países que han experimentado bruscas variaciones, tipo montaña rusa, durante este mismo período; un magro resultado si se compara contra otros países que, sin tener tan buenos sistemas de suspensión, han logrado mejorar los motores de sus economías. Lo cual no quiere decir que la solución resida en instalar un potente motor al vehículo y olvidarse del sistema de suspensión, sino de reconocer que se necesitan ambos elementos para alcanzar las metas deseadas: estabilidad y crecimiento económico. Sería injusto cargarle la mano al FMI por el repetitivo tono de sus evaluaciones sobre Guatemala. Al final de cuentas, no son más que una especie “doctor” que hacen un diagnóstico de la salud económica del país y encuentran siempre lo mismo: bajas tasas de inversión; estancamiento de la productividad; cuellos de botella en materia de transporte y logística; deficiente infraestructura productiva; pésimos indicadores en materia de desarrollo social, especialmente en educación y salud; desafíos de índole ambiental; ineficiencia e inefectividad en el gasto público; etcétera.

En todo caso, juzgando de manera anticipada el informe final de esta misión del FMI, que se presentará dentro de algunos meses, llama la atención su sempiterna llamada de atención acerca de la carga tributaria en Guatemala. Nuevamente vuelven a recalcar, que  “con una recaudación por debajo del 13 por ciento del PIB (11.7 por ciento en el 2023), será difícil atender las necesidades urgentes del país (por ejemplo, infraestructura, educación, salud, y malnutrición) sin tener que aumentar la deuda”. Hace 40 años dijeron algo parecido cuando la carga tributaria no superaba el 8%; hace 20 años cuando la carga no superaba el 10% y; ahora lo repiten en relación al 13%. De lo que no queda duda es que a pesar del aumento de la carga tributaria durante estos 40 años, que a muchos podrá parecer un aumento muy lento e insuficiente, la población sigue sin ver los frutos de los centenares de miles de millones de que este aumento ha representado. Un hecho irrefutable que debería ser suficiente para cuestionar aquel mantra de principios de siglo que sostenía que correspondía primero aumentar la carga tributaria y luego resolver los problemas del lado del gasto público. En aquel entonces el cáncer de la corrupción no había hecho metástasis como sucede hoy; era, entonces, retóricamente válido argumentar que primero había que aumentar la recaudación tributaria y luego mejorar la efectividad, eficiencia y calidad del gasto público. En este día, la situación es la opuesta. Ahora debe probarse primero que el aparato público puede utilizar de manera efectiva, eficiente, transparente y honesta los recursos que aportan los contribuyentes. Mientras no existan pruebas fehacientes que estos recursos serán bien utilizados, así como suficientes garantías que se ha erradicado significativamente la corrupción de las entrañas del sector público, resulta cuestionable seguir repitiendo que Guatemala debería aumentar su carga tributaria.  

No obstante, se agradece al FMI el corto pasaje que dedican al terrible mal de la corrupción en su comunicado. Por supuesto que se necesitan “medidas encaminadas a fortalecer la gobernanza [que] pasan por la publicación de un plan nacional contra la corrupción y de la estrategia de medio plazo, en la lucha contra la impunidad, con un calendario de implementación e indicadores de medición” . Habrá que esperar cuánto más dirán sobre este tema en su informe final, ya que desde cualquier perspectiva que se juzgue, el trasfondo de corrupción e impunidad existente en el país hace muy difícil apostar por una profunda reforma del Estado y una vasta renovación institucional que permita al país mejorar su deteriorada maquinaria económica. Suena extremo, pero esa es la realidad. No se trata solamente de mejorar el clima de negocios en el país; de atraer inversión extranjera; mejorar la infraestructura; o de gastar más en salud y educación. De cierta manera eso es lo que ha hecho Ortega en Nicaragua durante la última década. Un modelo que ninguna persona de buena voluntad y mínima vocación democrática desearía nunca para  Guatemala.